Casi todo el año quienes han padecido los rigores de la violencia en el país pasan saliva por la garganta, pues la mayoría padece condiciones de vida deplorables. Solo el 9 de abril, Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se convierten en el centro de conmemoraciones de reconocimientos para dignificarlos.
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Es la fecha para tomarse la foto con ellos y para que los representantes de la institucionalidad resalten la encomiable labor que ejecutan. En Campamento, norte del departamento, la alcaldía inauguró el Salón de la Memoria dentro de la casa de la cultura con un ritual alrededor de un mandala hecho de flores; en San Juan de Urabá exhibieron retratos de víctimas del conflicto y cantaron al son de tambores, y así sucesivamente.
En el caso de Medellín, en el Museo Casa de la Memoria hubo una jornada de casi todo el día donde se reunieron las instancias que velan por estos temas a nivel nacional, departamental, donde presentaron sus balances acerca los frutos de su trabajo.
Por ejemplo, Julieth Moreno, directora nacional de Medidas de Reparación (una dependencia de la Unidad para la Reparación Integral de Víctimas, UARIV) habló de cómo el gobierno Petro casi ha triplicado las indemnizaciones a estas personas. Y el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, mencionó que el Distrito ha invertido más de $30.000 millones en la búsqueda de cuerpos en la Escombrera, el emblemático lugar de la comuna 13 que se habría convertido en cementerio a cielo abierto para paramilitares y otros grupos armados.
Sin embargo, como la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas, que es el soporte principal de toda estas actuaciones, es una política de Estado y no de gobiernos específicos a nivel nacional o local, y en junio próximo cumple 15 años de vigencia, la ocasión es también una buena coyuntura para darle un repaso a aspectos en los que se estaría en deuda, hablando concretamente de Antioquia.
Vale la pena resaltar algunos datos: en Antioquia están contabilizadas, según la UARIV (Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas), 1.490.611 personas que sufrieron los rigores del conflicto armado, bien porque los hechos victimizantes se produjeron acá mismo o porque sucedieron en otros sitios y las familias llegaron hasta acá.
A pesar de la afirmación de la directora de Reparación, una mirada a los registros de la propia UARIV indica que los giros a las víctimas de esta sección del territorio nacional se redujeron entre 2024 y 2025, los últimos dos años consolidados, tanto en número como en personas beneficiadas y dinero entregado: en 2024 hubo 43.410 desembolsos por $439.000 millones a 38.187 personas y pasaron a ser 26.964 giros (38% menos) para 23.745 personas con $339.000 millones en total (33% menos).
Estas cifras superan en montos a otros periodos previos, pues por ejemplo en 2022, en que estuvo el presidente Iván Duque hasta el 7 de agosto, fueron $215.000 millones en 20.934 giros, y en 2023, el primer año de la presidencia de Gustavo Petro, alcanzaron a 23.650 desembolsos por $253.000 millones.
No obstante, de todas maneras se estaría incumpliendo una vez más el principio de progresividad que ordena que los recursos siempre deben ser superiores de año en año.
La funcionaria Moreno explicó que a nivel general los recursos fueron superiores, pero que ante la insuficiencia de los recursos para atender a más de 10 millones de víctimas, su ubicación geográfica no es un criterio de priorización de acuerdo con normas vigentes como la ley 2421 de 2024 que modificó la 1448, aplazando su vigencia hasta 2031 y dándoles prioridad para el reconocimiento económico a líderes sociales, ambientales y religiosos, lo mismo que a la población más vulnerable: mayores de 68 años (antes el piso eran los de 74 años), personas con discapacidades o pacientes con enfermedades catastróficas.
“En los planes de desarrollo este es uno de los indicadores que ya se ha sobre-ejecutado durante este gobierno. La meta era de 600.000 indemnizaciones y ya se acercaron a las 650.000 sin haber terminado el periodo de gobierno. Se ha aumentado al triple porque es una ponderación a nivel nacional que abarca las territoriales”, dijo.
A la vez que admitió que el 2026 será complejo en ese aspecto, pero aclaró que este es uno entre muchos aspectos que abarca la reparación integral. Para dar como subsanada la situación de vulnerabilidad de una víctima y por tanto esta puede salir del Registro Único, se evalúa si esta tuvo una reunificación familiar, cuenta con salud, educación, atención psicosocial, mecanismos para generación de ingresos y seguridad alimentaria. Se trata de algo que concita la acción de todo el Estado y en la práctica difícilmente se cumple.
Una de las críticas constantes, además de la insuficiencia de la plata destinada, y que también se dejó sentir en el recinto de la Casa de la Memoria de Medellín, es que con la fórmula de priorización señalada en las líneas previas se dejan por fuera a muchas víctimas, con lo cual se desconoce el principio de que la indemnización por vía administrativa es un derecho de todas las personas que padecen las secuelas del conflicto armado.
El Conpes 4180 de 2025, que trata sobre desplazamiento forzado, señaló que entre los cuellos de botella para el cumplimiento de la Ley 1448 había barreras institucionales relacionadas con la baja coordinación y articulación entre entidades del orden nacional, la fragmentación operativa con las autoridades territoriales y la baja gestión y generación de información.
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En el caso de Antioquia, aún con las discrepancias del gobernador Andrés Julián Rendón con el presidente Petro y muchas instancias de su administración, parece que la relación es armónica en la actualidad y se presenta una colaboración activa. Pero no estaría ocurriendo lo mismo con la alcaldía de Federico Gutiérrez en lo que a víctimas se refiere.
De hecho, en el acto del 9 de abril, el secretario Arcila fue enfático en que el gobierno Petro no ha puesto un peso para financiar la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la comuna 13 y señaló que la disminución de recursos de indemnización para esta región sí tiene una motivación política.
“El criterio parece ser más político que presupuestal o geográfico. No vemos una priorización real, independiente de dónde llegue la víctima, para dar la mayor prioridad a los hechos de Medellín y Antioquia”, agregó.
Igualmente, le dijo a EL COLOMBIANO que el Gobierno Nacional tampoco se hizo presente en emergencias humanitarias como las del año pasado, cuando Medellín se llenó de desplazados de Chocó, sur de Bolívar y Bajo Cauca, e incluso del Catatumbo.
Y aunque en la Casa de la Memoria el coordinador de la mesa departamental de víctimas, Néstor Dairo Torres, resaltó que por primera vez este año se reunieron en un mismo recinto los tres niveles (nacional, seccional y local), también se presentaron dardos, como la mención del secretario Arcila de que el Gobierno no ha puesto un peso para la búsqueda en La Escombrera.
Además, en la tarde del jueves fue citado un Comité Distrital de Justicia Transicional, donde la asistencia es obligatoria para sus miembros, y por ello muchas cabezas de organizaciones y funcionarios tuvieron que salir del auditorio, algo que fue interpretado por algunos como un posible boicot a un espacio donde se estaba escuchando la voz del Gobierno Nacional. “Lastimosamente, no fue por desconocimiento”, dijo Julieth Moreno.
Al preguntarle a Arcila por el episodio respondió que fueron las mismas organizaciones de víctimas las que pidieron que el comité se hiciera en esta fecha y la cita se hizo para un encuentro virtual con el fin de que se pudiera cumplir simultáneamente con otras agendas.
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