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Antioquia | PUBLICADO EL 27 abril 2022

Revocatoria contra Daniel Quintero quedó enterrada tras decisión del CNE

Como se esperaba, el tribunal electoral formuló cargos a seis integrantes del comité revocador. Aunque pueden defenderse, es casi nula la posibilidad de que la iniciativa supere los tiempos.

  • Al lado de la gestora Diana Osorio, y de algunos concejales y miembros de su gabinete, Quintero dio el anuncio sobre la revocatoria incluso antes que el CNE. FOTO manuel saldarriaga
    Al lado de la gestora Diana Osorio, y de algunos concejales y miembros de su gabinete, Quintero dio el anuncio sobre la revocatoria incluso antes que el CNE. FOTO manuel saldarriaga
  • Revocatoria contra Daniel Quintero quedó enterrada tras decisión del CNE
  • Al lado de la gestora Diana Osorio, y de algunos concejales y miembros de su gabinete, Quintero dio el anuncio sobre la revocatoria incluso antes que el CNE. FOTO manuel saldarriaga
    Al lado de la gestora Diana Osorio, y de algunos concejales y miembros de su gabinete, Quintero dio el anuncio sobre la revocatoria incluso antes que el CNE. FOTO manuel saldarriaga
  • Revocatoria contra Daniel Quintero quedó enterrada tras decisión del CNE

Tras varios meses de trabas jurídicas, presiones a contratistas, acusaciones sin fundamentos y denuncias entre las partes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la estocada final al proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Daniel Quintero, en una decisión que ya se veía venir.

Con siete votos a favor y dos salvamentos de voto, los magistrados avalaron la ponencia de su colega César Abreo de no certificar los estados contables de la recolección de las firmas y de formular cargos a seis integrantes del comité revocador. Con ello quedó lejos la posibilidad de que los ciudadanos sean convocados a las urnas antes del 30 de junio de este año.

La ponencia de Abreo fue apoyada por siete de los magistrados, incluido Renato Contreras, del Centro Democrático, que la semana pasada pidió revisar los 2.000 folios del expediente para verificar si las pruebas allegadas al proceso estaban ajustadas al sentido de la ponencia de Abreo. Quienes sí salvaron su voto fueron los magistrados Hernán Penagos Giraldo, del Partido de la U, y Pedro Felipe Gutiérrez, del CD.

Sobre los cargos contra los promotores, el CNE estableció que el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que “no figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie” que hicieron personas naturales o jurídicas a la campaña de recolección de firmas.

Este punto es particular porque estaría relacionado con el alquiler de sillas, carpas y mesas que no habrían sido reportados como gastos de campaña, aun cuando los líderes revocadores aseguraron que todo se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable.

El segundo cargo se refiere a una presunta violación de topes en la campaña para la recolección de las firmas de apoyo ciudadano, que está establecido en $236 millones. Sin embargo, los líderes de la revocatoria han asegurado en varias ocasiones que este monto no se superó y que en el informe quedó estipulado cada peso que se gastó, a quién se le pagó y por cuál concepto.

En cualquier caso, la decisión del CNE ordena abrir investigaciones, por una presunta violación a los artículos 11 y 12 de la Ley 1757 de 2011, en contra de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa, integrantes del comité revocador, y a Raúl Bautista Quiroga, contador de la campaña de revocatoria.

Presión a los magistrados

La decisión del CNE se conoce un día después de que el Tribunal Superior de Medellín les diera 48 horas a los magistrados para certificar o no las cuentas del comité, a riesgo de incurrir en una orden de desacato a una tutela del 18 de marzo en la que les daba 10 días para tomar esa decisión.

Los magistrados anticiparon su decisión en la sala plena de ayer, a pesar de que se habían abstenido de votar la ponencia desde antes de Semana Santa y lo último que se supo era que Contreras iba a revisar todo el expediente, cosa que no ocurrió, dada la decisión que se tomó ayer.

Tras conocer la decisión a través de la prensa y las redes sociales, Andrés Rodríguez manifestó que esta situación va en contravía de la realidad y que es una medida más para obstaculizar el proceso y asegurar que los ciudadanos no puedan ir a las urnas en los tiempos establecidos para tal fin. Esto se debe a que aunque la votación de la revocatoria puede hacerse hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo para elegir un nuevo alcalde en las urnas es hasta el 30 de junio de este año, es decir 18 meses antes de culminar el actual periodo. Si ganara la revocatoria, se debería nombrar para el cargo a alguien del mismo equipo político de Quintero, lo que en el papel se traduciría en un gobierno en cuerpo ajeno.

En la noche, el concejal Julio González criticó que el CNE no los haya notificado de su decisión antes de filtrar la información a Quintero y dijo que está tranquilo de afrontar cualquier investigación. “La financiación, que fue muy poca, se hizo con las donaciones que hicieron los ciudadanos de Medellín, gentes sencillas y de bien, que lo único que quieren es ejercer su legítimo derecho”, manifestó.

Decisión del CNE entierra la revocatoria contra Quintero

Como si fuera poco, también causó extrañeza que, como ha sucedido en otras ocasiones, el alcalde anunció primero la decisión del CNE en una rueda de prensa, antes de que el tribunal electoral lo informara. A las afueras de La Alpujarra lo acompañaron concejales de la coalición de gobierno, como Carlos Romero y Lucas Cañas; varios secretarios de despacho; y su esposa Diana Osorio.

“Desde el primer día que fuimos elegidos empezó la persecución contra nosotros, una persecución política, económica, mediática y hasta familiar. Nos montaron una revocatoria aliados con contratistas condenados y huérfanos del poder, que se dedicaron a hacerle daño a Medellín. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy se ha hecho justicia”, expresó el alcalde, siguiendo el tono que ha usado durante todo el proceso que intentaba sacarlo de su cargo ante el descontento de varios ciudadanos con su gestión.

Un tono que ha estado surcado por graves acusaciones, muchas de ellas sin pruebas, en contra de las personas que lideran el proceso. La más reciente de ellas es que entre las donaciones a la campaña hubo dineros del nacotráfico y de delincuentes. Por estas expresiones, ya se anunciaron denuncias por injuria y calumnia, a la espera de que presente las pruebas que sustenten sus señalamientos.

Por el momento, Rodríguez anunció que tomarán las acciones legales que aún les quedan para defenderse de los cargos que les formularon. Pero el tiempo corre en su contra: mientras demuestran que no se violaron los topes y que reportaron cada centavo, tal como lo aseguran, las semanas seguirán corriendo y las dilaciones que desde un comienzo se pusieron al proceso seguirán surtiendo efecto.

Algunas de las polémicas más sonadas que tuvo el proceso

Contexto de la Noticia

la carta filtrada que dio pie a la investigación de los topes

El 24 de febrero de 2021, el alcalde Daniel Quintero publicó, vía Twitter, la carta que marcó esta investigación ante el CNE. La misiva, firmada el 13 de enero de 2021, fue redactada por un miembro del comité revocador, Alejandro Posada. En tres páginas, Posada increpaba al vocero de la revocatoria, Andrés Rodríguez, de haber excedido los topes exigidos por el CNE, que para ese año se estipularon en $236 millones. Según la carta, en el proceso se habrían gastado hasta $1.500 millones, cifra que luego fue desvirtuada por Rodríguez, el acusado, y por el propio Posada. Sin embargo, la publicación de la carta por parte del alcalde le bastó al CNE para abrir, en pocas horas, una investigación sobre un supuesto. Esa pesquisa fue la que llevó a que el 18 de enero de este año se suspendiera la certificación de las cuentas.

denuncias por presión a contratistas que firmaron

Luego de que el comité presentara ante la Registraduría las firmas de apoyo ciudadano recolectadas, el alcalde hizo los primeros señalamientos por una presunta falsificación sistemática de las mismas, aun cuando el órgano electoral no había entregado un informe oficial. Esto generó polémica porque se dijo, incluso, que Quintero habría utilizado a varios contratistas y funcionarios para revisar las firmas digitalizadas que le permitieron estudiar, con lo cual habría incurrido en una falta, pues estaría haciendo uso de recursos públicos para esta tarea. Luego, la Alcaldía promocionó una página web para validar las firmas y se habló de presiones a contratistas de la administración que habrían firmado las planillas para que denunciaran que no lo habían hecho; al parecer, los habrían amenazado con no renovarles los contratos. Finalmente, la Registraduría avaló en tres ocasiones las rúbricas.

tutelas de parte y parte para frenar y acelerar el proceso

El proceso de la revocatoria estuvo marcado también por la presentación de acciones de tutela de ambas partes: el alcalde y sus seguidores para poner trabas al proceso y el comité revocador y ciudadanos, para acelerarlo. Por un lado, personas que dijeron que supuestamente les falsificaron las firmas presentaron el recurso, sin un resultado hasta el momento que confirme el fraude. Por otro, en marzo de este año, ciudadanos afines a la revocatoria llevaron a cabo una tutelatón: unas 40 tutelas en contra de la Registraduría y del magistrado César Abreo, del CNE, a quien atribuyen el entorpecimiento del proceso. Por medio de dos fallos, los jueces le ordenaron a esta entidad certificar a favor o en contra los estados contables presentados por el comité, lo que a la larga jugó en contra porque no hubo tiempo de revisar el expediente.

el agarrón de césar abreo con la sala plena del cne

La decisión del magistrado César Abreo de suspender la certificación de los estados contables del comité revocador, tomada el 18 de enero, generó un enfrentamiento en el CNE. Abreo, por criterio propio, consideró que había cuatro presuntas irregularidades en la financiación de la revocatoria. El problema es que tomó la decisión sin consultar a la sala plena, lo que desencadenó en reproches de sus compañeros. Zamira Gómez, del Fondo de Financiación del CNE, remitió el informe de Abreo a los demás magistrados, cosa que también generó descontento en el propio Abreo. Al magistrado se le cuestionó la decisión que, en su momento, fue tomada como una manera de “atenazar” el proceso. Pues bien, con el tiempo, los ánimos en el CNE se calmaron y la suspensión de la certificación, finalmente, se levantó el 6 de abril.

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