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Sentado en la puerta de una casona de Valdivia, Carlos Enrique Orrego repasa en voz alta su historia: hace más de 100 días que salió de su casa en la vereda Cachirime, de Puerto Valdivia, luego de que se declarara la alerta roja en la zona por cuenta del proyecto Hidroituango. El corregimiento, perteneciente a Valdivia, es la zona urbana más cercana a la hidroeléctrica, donde aún persisten los riesgos de inundación por fallas, pues la construcción no está terminada y el invierno está por regresar.
Carlos salió con los otros ocho integrantes de su familia: su esposa, tres hijos, dos nietos y sus nueras. Desde entonces, asegura, solo ha recibido 1.600.000 pesos de parte de EPM, y por eso lleva dos meses de atraso en el pago del arriendo. Ya no sabe cuánto debe en las tiendas, ni cuándo va a recibir el siguiente subsidio, y tampoco tiene idea de qué decirle a la dueña de la casa donde vive, pues ya lo ha visitado dos veces exigiendo su dinero.
“No tenemos con qué pagar, y si la plata no llega mañana o pasado mañana, ya le dije a mi señora que cogiéramos un plástico y nos fuéramos para el monte (...) Yo fui operado a corazón abierto y ya tengo 73 años, no puedo trabajar, y si no tengo la plata tampoco puedo pagar. ¿Qué más puedo hacer?”, se pregunta.
En la casa del frente, Juan de Dios Mesa, de 36 años, se prepara para visitar su antigua casa y el bar que tenía en el barrio La Arrocera de Puerto Valdivia, el más afectado por la creciente del río Cauca del pasado 12 de mayo, cuando uno de los túneles del proyecto Hidroituango se destapó naturalmente y arrasó con más de 20 casas y dejó otra treintena inhabitables.
“Aquí hemos recibido tres pagos de EPM, pero ya vamos para el cuarto mes y uno se empieza a preocupar. Allá teníamos negocios, pero aquí no tenemos nada”, dice.
Dos horas después, ya en “el Puerto” (como los habitantes llaman al corregimiento), constata que el almacén de su mamá fue saqueado, que la casa en la que vivía tiene los cimientos dañados, y que el barrio en el que creció parece más una zona de guerra: habitado por insectos, con las calles llenas de muebles dañados, y sumido en un silencio que solo interrumpe el Cauca, que pasa a pocos metros.
“Lo más triste es que no sabemos si podremos volver, o a dónde nos vamos a ir. Es toda una vida de la que ya no queda nada”, dice Miriam David, la madre de Juan de Dios.
Jonás Henao, alcalde de Valdivia, prepara un café en su oficina mientras afuera una decena de evacuados de Puerto Valdivia preguntan por los subsidios que no llegan.
“Hace tres semanas me reuní con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y con el gerente de EPM, Jorge Londoño, y les pedí celeridad en los pagos. Al alcalde Federico le dije cosas que él no sabía, porque él creía que aquí la gente estaba contenta y viviendo como reyes, y eso es falso”, dijo.
Henao confirmó que los pagos de los subsidios que EPM prometió para los evacuados no ha sido constante y eso ha derivado en problemas para la población que estaba acostumbrada a administrar pagos semanales o a vivir “de lo del diario”.
“La gente está sufriendo, los arriendos están desbordados porque casas de 200.000 pesos hoy cuestan 600 o 700 mil pesos, ¿entonces ellos de dónde mercan? Y encima tienen a sus 1.000 niños estudiando en el mega albergue, en condiciones difíciles”, agregó y aclaró que la eficiencia en la atención de la emergencia disminuyó sustancialmente “desde que empezó el mundial y la prensa se fue”.
Ana Milena Joya Camacho, gerente Social y Ambiental de Proyectos de EPM, aseguró que “la atención baja en la medida en que han bajado las alertas” y recordó que al momento de la emergencia (12 de mayo) el riesgo de inundación (mancha de agua) era de 263.000 metros cúbicos (m3) de agua —lo que el gobernador Luis Pérez llamó “diluvio universal—, y que hoy solo es de 8.000 m3.
Joya confirmó que por eso Puerto Valdivia continúa en alerta roja y que desde el 28 de abril la empresa activó un protocolo de eventos y crisis con 70.000 millones de pesos de presupuesto para atender la emergencia.
“En Valdivia tenemos 2.554 familias, que no fueron definidas por nosotros sino por la Alcaldía local y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). Algunas ya han recibido hasta 3 y 4 pagos, pero para empezar a darles esos dineros, ellos tenían que estar inscritos en un registro, donde la Personería certifica que sí son de la zona”, manifestó.
Ese requisito, agregó, es la razón por la que unas familias recibieron el subsidio primero que otras. “Sabemos que los albergues son incómodos y por eso optamos por que ellos buscaran a dónde irse y nosotros les pagamos según la cantidad de personas de cada núcleo familiar. Incluso a los que han entrado después al registro les hemos hecho pagos retroactivos”, aseguró.
Al preguntarle por casos como el de Carlos Enrique, que recibió solo un pago tras cumplir con los requisitos, Joya manifestó que era necesario revisar cada caso y que para eso la empresa tiene un punto de atención en el municipio: “Si EPM les debe, y es lo justo, les vamos a pagar”.
Cabe anotar que cuando EL COLOMBIANO visitó ese punto, encontró una sola funcionaria atendiendo una fila de más de 25 personas.
Joya alertó que hay familias que han cobrado hasta dos o tres veces el mismo subsidio —algo que se considera un delito— y que ya se adelantan gestiones para identificar a los responsables de ese fraude.
Mientras la situación se aclara y los pagos llegan, los habitantes de Puerto Valdivia convocaron a una marcha pacífica para conmemorar cuatro meses de lo que ellos consideran “una tragedia” .