Hace dos semanas los diputados regresaron a la Duma con una misión clara: “estudiar, debatir y lograr la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) a una Empresa industrial y comercial del Estado (Eice)”. Así, textualmente, lo presentó la mesa directiva.
Pero esa meta está lejos de lograrse. El tiempo de sesiones extra se agotará hoy y no se ha cumplido siquiera con la primera de las tres votaciones requeridas para que el proyecto de ordenanza sea aprobado.
Hay que recordar que el Consejo de Estado exhortó a la administración departamental a que revisara la naturaleza jurídica de la licorera, pues no cumplía con las leyes. Hoy la FLA es una dependencia de la Secretaría de Hacienda que no tiene cuentas propias y opera con el NIT de la Gobernación.
“Hoy tenemos más dudas que certezas”, declaró el diputado Andrés Guerra, del Centro Democrático. En un sentido similar se pronunció el diputado Luis Peláez, del Polo: “Esto es una construcción y no se puede hacer con afanes”.
Avances y discusiones
Los diputados coincidieron, en la sesión de ayer, que las principales dudas están enfocadas en dos puntos: la conformación de la junta directiva y el sistema de comercialización que se va a emplear en el caso de que se apruebe la transformación.
“La Gobernación, con el proyecto de ordenanza, cumple la promesa de campaña de Aníbal Gaviria que es conservar a la empresa 100 % pública. Pero proponen que haya tres integrantes de la junta del sector público (Gobernador, secretario de Hacienda y gerente del Idea) y otros cuatro privados. O sea, los privados serían mayoría”, dijo el presidente de la Asamblea, Rubén Darío Callejas.
La propuesta de los diputados, aclaró el corporado Juan Carlos Palacio, es que haya por lo menos dos integrantes de junta que sean elegidos por la Asamblea. Y Peláez agregó que su intención también es exigir que haya una representación de los trabajadores en la junta.
Las propuestas respecto al modelo de comercialización son variadas: algunos como Peláez piden que se vuelva al modelo directo, que incluye el funcionamiento de estancos y estanquillos; mientras que otros, como la bancada liberal, piden claridad en quiénes serían los encargados de esa tarea, pues es la que concentra los ingresos.
Así va la propuesta
El proyecto de Ordenanza No 15, radicado por la administración departamental, pide que la empresa se convierta en una Eice a la que la Gobernación no le transferiría el dominio sino el uso de las distintas marcas (Aguardiente Antioqueño, Ron Medellín) y que la relación entre gobierno y empresa sería un contrato llamado cuentas de participación en el que desde el principio se definirían porcentajes.
El objetivo, había explicado el gerente de la FLA, Javier Ignacio Hurtado, es que la mayor cantidad de ingresos le quede a la administración y así la empresa pagaría menos impuestos (por ley debería declarar el 9 % de impuesto de renta). “Se podría decir que de $100 de utilidad, la Gobernación reciba $95. Con los otros $5 la Eice cubre sus gastos y declara renta. Así no se afectarían los ingresos del Departamento”, había dicho Hurtado en julio de este año.
Durante las sesiones extras, la diputada Verónica Arango (CD) cuestionó cómo se valorarían entonces los aportes que haría la Gobernación a la empresa.
Hurtado explicó que “el aporte del Departamento como socio inactivo, al contrato de cuentas en participación será la infraestructura física, maquinaria y equipos. Corresponden a la categoría de activos fijos y el valor es igual al registrado en libros para el año 2020”.
Según los datos de la FLA, el lote de la Aguacatala, donde funciona la planta, tiene un valor de $318.000 millones, y el inventario (productos terminados, productos en proceso, materias primas, materiales y suministros) está valorado en $157.322 millones, con corte al 30 de agosto de 2020.
Sobre el valor de las marcas FLA, Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín, Hurtado aclaró que no se han hecho. “Este tipo de valoraciones son realizadas cuando se va llevar a cabo una transacción especifica de venta de una marca y/o de una empresa, lo que no aplica porque el objeto de la ordenanza solo considera la creación de una empresa a la que se le harán unos aportes que no incluyen las marcas”, respondió el gerente.
Empleados y demandas
El fallo que exhortó a la Gobernación a modificar la estructura de la empresa, que es su principal fuente de ingresos propios, fue una disputa laboral.
Hurtado detalló que el Departamento y la empresa, además, aparecen como demandados en 39 procesos judiciales que se tramitan en la Jurisdicción Ordinaria Laboral, algunas de ellas con varios demandantes a la vez. Las pretensiones de los demandantes superan los $35.008 millones.
“Es importante resaltar que en la mayoría de procesos los servidores de la FLA buscan el reconocimiento como trabajadores oficiales”, aclaró Hurtado. Hoy, por la naturaleza jurídica, ellos son empleados públicos, lo que se traduce en que no tienen derechos como la negociación de convenciones colectivas de trabajo.
Solo en 2019 la justicia le ordenó a la empresa reintegrar a 31 personas en calidad de trabajadores oficiales, lo que le costó a las arcas oficiales más de $9.281 millones en indemnizaciones y $1.103 millones en pagos de seguridad social. La misma empresa confirmó que hoy está en liquidación otra sentencia que ordena reintegrar a cinco empleados. Las estimaciones sobre el costo de estos reintegros superan los $1.000 millones.
José Leonardo Sánchez, presidente de Sintrabecólicas (uno de los sindicatos de empleados de la licorera) les pidió a los diputados que apoyen la transformación en una Eice, para que se cumplan los fallos judiciales. “Yo sé que la Ley de Financiamiento dice que se puede mantener la naturaleza jurídica actual, pero el fallo fue primero, y los empleados tenemos derecho a sindicalización, negociación y huelga. Eso es lo que implica la sentencia”, aclaró.
¿Qué sigue?
Hoy a las 9:00 a.m. será el cierre de las sesiones extras. Eso significa que la discusión y posterior votación deberá hacerse a partir del primero de octubre, cuando se retoman las sesiones ordinarias de la corporación departamental.
El problema es que la agenda es apretada. Además de la situación de la FLA, en los dos meses de sesiones los diputados deberán tramitar otras ordenanzas claves como el presupuesto del Departamento para 2021, y un nuevo estatuto tributario que también presentará el gobierno departamental.
Por ahora, y mientras llegan las nuevas sesiones, los diputados elevaron consultas a la Dian para que aclaren otros puntos relevantes como el pago de impuestos en caso de que se conforme la Eice.
El diputado Callejas pidió paciencia, pues señaló que son 100 años de historia. La decisión tiene un gran impacto y no se pueden cambiar todo en 17 días .
157.307
millones de pesos dejó de facturar entre enero y agosto la FLA por la pandemia.
39
procesos judiciales por reclamaciones laborales enfrenta hoy la FLA.
