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El destino del Plan Parcial Naranjal, que inició hace 20 años, parece estar signado por los obstáculos. Ayer no se escuchaban los taladros, los martillos ni los mezcladores de cemento. Apenas se oían las lonas que, empujadas por el viento, se batían en medio de la soledad. Y es que las obras, que comenzaron a mediados de 2021 —después de dos años de para— están otra vez detenidas, aunque hoy podrían reanudarse. La razón, ahora, tiene que ver con que el inversionista se ha demorado con el pago a sus contratistas.
El más reciente tropezón del plan parcial comenzó antes de Semana Santa. Ese viernes 9 de abril, según testimonios recogidos por EL COLOMBIANO, los trabajadores fueron enviados a sus casas. Uno de los obreros contó que, desde eso, no les han dado mensajes claro. “Nos deben dos meses y nos deben la seguridad social. Nos tienen aguantando hambre y sin saber qué va a pasar”, comentó el trabajador.
La promesa es que el pago se hacía ayer y, efectivamente, así se hizo al final de la tarde, lo que permitiría reanudar las obras hoy. Pero hay más problemas de fondo.
La historia del plan parcial, muy resumida, consta de una serie de tropezones y líos jurídicos. El proyecto está a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que funge de gestor urbano. Las obras las realiza un inversionista privado, que a la larga se lucra de la venta de los apartamentos construidos. Pues bien, el plan se ideó con cinco unidades, cada una compuesta por varios bloques de apartamentos. A la fecha, pese a que han corrido los años, apenas se construyó la unidad 2, y eso que a medias.
En 2019, la EDU retiró del proyecto al anterior inversor, CASS Constructores, empresa que se vio envuelta en escándalos de corrupción. Al salir, esa compañía dejó a medias la unidad dos, en donde quedaron inconclusos los parqueaderos y un zócalo comercial. La EDU tiene una demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia por el incumplimiento. La pretensión es por $51.000 millones.
El 11 de julio del año pasado, como una noticia promisoria, la Alcaldía de Medellín informó que llegaba un nuevo inversor y que, luego de dos años, al fin se destrababa el proyecto.
El nuevo inversionista, anunciado con bombos y platillos, fue el Consorcio Arrabal Naranjal 2021 (CAN 2021). En su momento, el gerente de la EDU, Wilder Echavarría, comentó que conseguir un nuevo inversor, conociendo el complejo pasado del proyecto, no fue nada fácil. Sin embargo, la llegada del CAN 2021 era símbolo de esperanza.
Esperanza que, con el paso de los meses, se ha venido apagando. EL COLOMBIANO habló con otro de los empleados contratistas, quien comentó que la obra ha brillado por la escasez de recursos: “Se ha trabajado casi que al día. Llegan muy pocos materiales y eso ha provocado que la obra vaya mucho más lento de lo esperado”, dijo. Un compañero suyo dio fe: “En la obra se ha trabajado con las uñas”.
El asunto es que cuando CAN 2021 entró al proyecto se le dio un plazo de 14 meses para terminar la unidad 2 y 72 meses para hacer la 3. Ya van nueve meses y la obra ha avanzado poco, como se dijo. Con esta para, además, la meta de los 14 meses se hace menos plausible de cumplir.
Los contratistas que hablaron con este diario se quejaron que el inversor no les ha dado una respuesta sobre los pagos. Es más, dijeron, no hay siquiera comunicación. Uno de ellos comentó: “Nos sentimos irrespetados porque no nos han citado a ninguna reunión, tampoco hemos recibido correos o mensajes directos que den explicaciones sobre lo que está pasando”.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse ayer con la EDU, pero no fue posible obtener una respuesta que diera razón sobre el problema. Lo mismo se intentó con el consorcio, con el que se comunicó telefónicamente y presencialmente en la sala de ventas, en las inmediaciones del proyecto. Desde allí, sin embargo, solo se indicó un correo electrónico para allegar las preguntas. Estas páginas están abiertas para recibir sus versiones de lo que está ocurriendo en Naranjal.
Lo que está claro es que la EDU hasta el momento no ha informado públicamente sobre la situación de cese de actividades del proyecto y los vecinos solo se dieron cuenta porque los trabajadores, que solían frecuentar los restaurantes cercanos, desaparecieron. “En los restaurantes se escuchó a los trabajadores que se iban, pero no sabemos nada más”, comentó un líder del barrio.
Lo que preocupa es que los retrasos en terminar la unidad dos repercuta en el inicio de la unidad 3, para la que se le dio un plazo de 72 meses al inversor, difícil de cumplir si el proyecto no supera sus infinitas trabas.