La Personería de Rionegro se embarcó en una batalla legal para exigirle al Gobierno Nacional y varias de las EPS bajo su control que se pongan al día con las deudas que hoy tienen en jaque a los hospitales de ese municipio.
El ente de control instauró una acción popular en la que demandó que dichas entidades no le den más largas a saldar cerca de $278.524 millones en pasivos, acumulados por las cinco principales IPS.
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Jorge Restrepo, personero de Rionegro, informó que a través de un auto emitido el pasado 15 de enero, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el recurso y le dio un plazo de diez días a las entidades accionadas para que informen cómo van a conjurar esos riesgos.
“Este es el primer paso para avanzar frente a una gran problemática que hoy vive nuestro municipio con ocasión a la salud. A través de esa acción constitucional pretendemos que se generen los pagos adeudados por Nueva EPS y Savia Salud a toda la red hospitalaria de Rionegro, incluyendo nuestro hospital San Juan de Dios, el San Vicente Fundación, la Clínica Somer, Servicios e Imedi”, expresó el personero.
De igual forma, el servidor público informó que las entidades accionadas, además de la Nueva EPS y Savia Salud, son el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.
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“Esperamos a través de esta acción popular lograr la materialización del pago de los más de $280.000 millones que se le debe a toda la red hospitalaria de nuestra jurisdicción”, añadió.
Esta nueva acción se produce en medio de un panorama creciente de alarma por cuenta de las deudas que vienen acumulando las EPS con la red hospitalaria del departamento.
Si bien el pasivo global se ubica en los $8 billones, con corte a datos de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de Antioquia informó que la deuda sin saldar por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional (es decir, Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud) era de por lo menos $4,9 billones en el departamento.
Por cuenta de esta misma situación, la Alcaldía de Medellín ya había instaurado también a comienzos de 2025 una acción popular contra el Gobierno Nacional, argumentando que en medio de su gestión con el sistema estaba poniendo en riesgo el derecho fundamental a salud de toda la ciudadanía.
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En el caso de Rionegro, este nuevo pulso judicial también se produce en un panorama crítico en materia de ocupación hospitalaria.
Tan solo el pasado 20 de enero, la Secretaría de Salud de ese municipio alertó que en las salas de urgencias de su jurisdicción, claves por ser receptoras de pacientes de otros municipios del Oriente antioqueño, tenían una sobreocupación del 141%. En algunos hospitales la ocupación era de hasta el 245%.
Con base en esos índices, que se han mantenido igual de críticos durante todo el mes de enero, la administración municipal se declaró en alerta e hizo un llamado a la red hospitalaria de todo el departamento a coordinar con la mayor antelación posible los traslados y remisiones de pacientes a raíz de la alta congestión.
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