Más de medio millar de pacientes están varados esperando ser remitidos a otros hospitales en Antioquia. La alerta fue emitida por la Secretaría Seccional de Salud del departamento, que precisó que con corte al pasado 15 de abril un total de 510 personas estaban a la deriva administrativa en varios centros de salud y no habían podido ser trasladadas a otras instituciones para ser atendidos, en medio del caos que embarga al sistema de salud del departamento.
La situación es especialmente crítica para los afiliados de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, que aportan el 69,9% de los pacientes en esa condición.
De acuerdo con las cifras de esa dependencia, de los 510 pacientes a la espera de ser remitidos, 192 están afiliados a la Nueva EPS y otros 161 están afiliados a Savia Salud.
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Este cuello de botella se presenta en medio de una fuerte congestión que aqueja a la red hospitalaria tanto del Valle de Aburrá (que concentra la mayor parte de la capacidad y servicios) como del resto del departamento.
En promedio, según datos con corte a la mañana del 14 de abril, mientras en Antioquia la sobreocupación en las salas de urgencias era del 116%, en Medellín y su área metropolitana ese mismo indicador estaba en un 120%.
Además de esa presión sobre la infraestructura hospitalaria, el represamiento de más de 500 pacientes a la espera de hacer efectivas sus remisiones se asocia a la crítica situación financiera por la que pasan la mayor parte de las instituciones prestadoras en el departamento.
Con corte a septiembre de 2025 —por ahora el balance más actualizado entregado por las autoridades de salud— los hospitales en Antioquia lidiaban con un hueco financiero de $8 billones por culpa de las deudas de las EPS.
En aquella fotografía, mientras la red pública enfrentaba pasivos por $2 billones, la privada esperaba le saldaran una deuda de por lo menos $6 billones.
Tanto para las instituciones públicas como privadas, el principal dolor de cabeza lo siguen constituyendo las EPS intervenidas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que en el caso de Antioquia son Savia Salud (la segunda más grande y la que más pacientes cobija del régimen subsidiado), Nueva EPS y Coosalud.
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De los $8 billones totales, esas tres EPS aportaban pasivos por $4,9 billones, $1,1 billones con los hospitales públicos y $3,8 billones con los privados.
Según han denunciado líderes del sector salud en el departamento y hasta los mismos pacientes, es por cuenta de esas abultadas deudas que las remisiones de pacientes se han vuelto un caos.
Tan solo esta semana, cabe recordar que hospitales como Alma Máter y la Clínica Cardiovascular de Medellín —hoy Clínica Cardiovid— le suspendieron temporalmente sus servicios a la Nueva EPS, advirtiendo no poder seguir operando a pérdidas.
En el caso de la Nueva EPS, que recientemente completó dos años en poder del Gobierno Nacional, otras IPS ya les había tocado adoptar la misma suspensión para no quebrarse ante el lento flujo de los recursos.
El año pasado, otras entidades que cortaron servicios fueron Promedan, que pese a atender a más de 120.000 afiliados de Nueva EPS tenía un hueco de $19.000 millones; Bello Salud, que suspendió temporalmente servicios más de 13.000 pacientes; y la Clínica Somer en Rionegro, por una deuda de más de $100.000 millones.
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De igual forma, por lo menos siete hospitales de gran capacidad en Antioquia —Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo— amenazaron con cortarle los servicios a la Nueva EPS por una deuda de $60.000 millones.
Sobre esta situación, el secretario de Salud encargado de Antioquia, Diego Alejandro Villa Valderrama, alertó además que muchos hospitales pequeños ubicados en municipios lejanos llevan más de tres meses sin recibir pagos por cuenta de ese desorden.
“Los hospitales viven de la prestación de un servicio y hoy no está llegando el giro a la mediana y alta complejidad. Algunos hospitales de primer nivel están viendo de alguna manera un alivio con el giro de Savia Salud, pero Nueva EPS en los últimos tres meses ha interrumpido estos pagos y obviamente esto afecta la prestación de los servicios”, dijo el funcionario.
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