En una revisión del registro de solicitudes de licencias de construcción y la aprobación de las mismas, así como de los procedimientos de legalización para obras existentes, el departamento Administrativo de Planeación de Medellín encontró que durante el primer semestre de 2014 los trámites de una sola curaduría superaban las cifras sumadas de las tres restantes.
Según reveló la entidad, del total de 2.887 solicitudes de licencias y reconocimientos, radicadas en el primer semestre de 2014, el 54 por ciento se tramitaron ante la Curaduría Cuarta, un 36 por ciento en la Curaduría Primera, un 6 por ciento en la Segunda y el tres por ciento restante en la Tercera.
La dependencia subrayó que mes a mes la curaduría cuarta concentraba la mayoría de solicitudes, así como en la expedición de licencias urbanísticas.
“La curaduría cuarta aprueba licencias casi que en igual proporción que en radicación, por lo cual podría decirse que el porcentaje de trámites negados o desistidos es muy bajo”, concluyó el informe.
El director de Planeación; Jorge Pérez Jaramillo, aludió a “la laxitud tanto durante el proceso de exigencia, recepción y estudio de la documentación obligatoria para el estudio de los trámites, como para la aplicación rigurosa de la norma urbanística tanto en términos jurídicos como técnicos”.
La curaduría cuarta ha sido señalada de concentrar la mayoría de licencias para proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en la ciudad, muchas de las cuales Planeación ha juzgado como irregulares.
En oposición a lo que expone Planeación, Claudia Hincapié, abogada de la excuradora cuarta Gloria Tobón, explica en una vocación de servicio la preferencia de este despacho para los ciudadanos que tramitaban la aprobación de procesos constructivos de todo tipo.
Tobón, que recibió el cargo en condición de interinidad luego de la destitución del anterior curador, Wilmar Serna, fue separada también de sus funciones el pasado mes de septiembre. Sin embargo está pendiente la resolución de recursos legales a través de los cuales pretende la reparación por la determinación ante la cual reclama el incumplimiento del debido proceso.
