Tras los hallazgos de dos cuerpos sin vida de bebés abandonados en las últimas horas en Antioquia se esconde una situación que deja entrever el grave panorama que atraviesa la niñez en el departamento.
Como lo documentó este diario, el primer incidente ocurrió en la vereda Popalito del municipio de Barbosa. Allí la Policía encontró el cuerpo de un bebé de entre seis y siete meses en un estado de descomposición bastante avanzado. Tras el desgarrador hallazgo, las autoridades indagaron si en la zona aledaña había reportes de bebés desaparecidos. Sin embargo, no se ha encontrado hasta ahora alguna denuncia que pueda corresponder con el cuerpo encontrado.
La falta de pistas ha llevado a la Policía Metropolitana a sospechar que el caso correspondería a un homicidio en el que, tras ser cometido, se arrojó el cuerpecito al río. Otro aspecto que ha complicado las pesquisas es el estado de descomposición del cadáver, lo que no ha permitido lograr su identificación ni la causa de su muerte.
El segundo hallazgo fue el cuerpo de una bebé de 18 meses que estaba abandonado en un terreno rural en cercanías a la autopista Medellín - Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el cuerpo habría sido abandonado el pasado martes y solo pudo encontrarse este miércoles 22 de junio con el apoyo de especialistas de rescate.
Hasta ayer, continuaban las acciones de la Policía de Infancia y Adolescencia para esclarecer las acciones previas que dieron como resultado este lamentable hecho, así como la identidad de la persona que abandonó el pequeño cuerpo.
Situación preocupante
Estos dos casos son solo un preámbulo del desgarrador escenario que vive la niñez antioqueña en 2022. De acuerdo con las cifras que maneja el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de este año 31 menores de edad han sido asesinados en Antioquia, de estos, 25 son niños y seis son niñas.
Tan solo en el Valle de Aburrá, según los datos que reposan en el Observatorio de Violencia de la entidad, se han presentado nueve casos documentados. Medellín y Bello registran las mayores cifras con tres niños asesinados cada uno; le siguen Itagüí, La Estrella y Sabaneta con de a un caso, todo ellos de varones.
Diana Carmona, coordinadora de NiñezYa Antioquia, explica que la mayoría de hechos suelen provenir de episodios de violencia intrafamiliar. Debido a la pandemia, no solo han subido los asesinatos, sino las dinámicas de violencia al interior de los hogares.
Entre 2017 y 2021, hay un aumento evidente en este tipo de casos de violencia en 42%, según Carmona. “Durante la pandemia se pasó de 340 casos en 2019 a 991 en 2020. Más del doble, hablando de maltrato a niños y niñas”. El incremento fue del 169%.
“Hoy no estamos en confinamiento, pero las familias siguen viviendo en situaciones de pobreza extrema, desborde emocional, los padres que deben trabajar muchas horas. Los niños están quedando en manos que no son protectoras”, detalla Carmona.
Mayor apoyo de la sociedad.
De acuerdo con Ximena Norato, directora de la Fundación Pandi Comunicación y Derechos Humanos, en Colombia dos menores de edad mueren en promedio cada día. “Lo más triste es que muchas veces estos casos son cometidos por familiares, por allegados a las familias, o por cuidadores negligentes”, agregó.
De hecho, para Norato, el que no haya reportes de desaparición de los bebés sería un indicio de que el núcleo familiar de los bebés encontrados muertos estaría involucrado en su muerte.
Según la directora, se requiere un apoyo por parte del Estado y de la sociedad colombiana a los padres que deben criar hijos en circunstancias adversas como la pobreza o el desplazamiento, ya que sin una atención integral adecuada, estos progenitores podrían caer en la desesperación y en problemas mentales en los que son incapaces de cuidar de sus hijos.
“Son familias con hambre y sin tener donde dormir. Y es que el mismo Dane dice que los más pobres entre los pobres son los niños. Nuestro Código de Infancia y Adolescencia señala que cuando una familia no tiene la posibilidad de cuidar a sus hijos por estos factores, el Estado tiene la obligación de proteger a las familias y creo que esto no está pasando”, apuntó.
Pero más allá de los casos en los que el Estado no ha podido acoger a estos niños desamparados, Norato también llamó la atención al papel que la sociedad debe cumplir y más teniendo en cuenta los dos casos ocurridos en El Santuario y en Barbosa.
“Este es un llamado muy grande a la sociedad porque todos somos corresponsables de la protección de los niños. Que ellos mueran asesinados es señal de que estamos fallando como comunidad”, explicó.
Por eso, la directora recordó que ante un maltrato evidente del que un ciudadano sea testigo, se debe llamar con urgencia a la Policía de Infancia y al Icbf para que procedan con la protección de los menores de edad.
Ahora cuando son asuntos más silenciosos como cambios de comportamiento de los niños que incluyan retraimiento, tristeza, temor, depresión o hipersexualización, la comunidad debe prender sus alarmas.
“Como sociedad somos muy negligentes a la hora de reportar estos casos ante la autoridad, para que esta pueda actuar a tiempo. Porque a veces la autoridad llega cuando el niño murió y ahí le echamos la culpa a las entidades”, concluyó.
Para Carmona se deben fortalecer los mecanismos de detección temprana de riesgos en jardines infantiles y entre vecinos. “La denuncia puede ser anónima. Puedo llamar, como vecino, y dar los datos sobre estos episodios”, dice. Normalmente, hay precedentes en los episodios de violencia, por eso el reporte ante las autoridades es esencial.
Las líneas habilitadas para alertar sobre estos casos son el 123 de la Alcaldía de Medellín y la 141 del Icbf.
