La presencia de grupos ilegales que estarían hasta constriñendo a los residentes de estas zonas ha hecho que se lance una alerta. La Gobernación explicó como está atendiendo la situación.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio, las autoridades departamentales indicaron que 21 municipios de Antioquia se encuentran en riesgo extraordinario por posibles afectaciones al ejercicio democrático derivadas de la presencia y presión de grupos armados ilegales.
La alerta surgió en medio de denuncias sobre constreñimiento electoral en varios territorios –sobre todo del Norte y del Nordeste del departamento– donde estructuras criminales como el Clan del Golfo y las Disidencias que ejercen control territorial estarían presionando a los habitantes para apoyar a determinado candidato; situación que representa una amenaza directa a la libertad del voto y a las garantías democráticas de miles de ciudadanos.
Los municipios en Riesgo Extraordinario son Amalfi, Andes, Anorí, Briceño, Campamento, Cáceres, Caucasia, Ciudad Bolívar, El Bagre, Ituango, Murindó, Nechí, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Toledo, Urrao, Valdivia, Yondó y Zaragoza.
Mientras que en Riesgo Relevante se encuentran Riesgo Relevante se encuentran siete más que son Betania, Betulia, Buriticá, Dabeiba, Frontino, Peque y Yarumal.
Por su parte, en Riesgo Potencial están Abejorral, Angelópolis, Angostura, Anzá, Apartadó, Argelia, Armenia Mantequilla, Belmira, Caicedo, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Chigorodó, Cocorná, Concordia, Ebéjico, El Carmen de Viboral, Gómez Plata, Granada, Guadalupe, Guarne, Heliconia, Hispania, Jardín, Jericó, Liborina, Marinilla, Medellín, Mutatá, Nariño, Necoclí, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Rionegro, Sabanalarga, Salgar, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Rafael, San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Sonsón, Sopetrán, Titiribí, Turbo, Uramita, Valparaíso, Vegachí, Venecia, Vigía del Fuerte, Yalí y Yolombó.
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La preocupación por estas presiones a los sufragantes ya habían sido advertidas meses atrás por la Misión de Observación Electoral (MOE). En su informe de febrero de 2026, la organización señaló que Antioquia se mantenía como uno de los principales focos de conflictividad electoral del país, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
De acuerdo con la MOE, los grupos armados ilegales con influencia regional desempeñan un papel determinante en las dinámicas territoriales, convirtiéndose en factores de riesgo para el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.
El informe advertía que esta situación estaría asociada a la convergencia entre presencia de grupos criminales, economías ilegales y una persistente debilidad institucional. El texto también había identificado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como el actor armado con mayor control territorial en el departamento, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias.
La MOE también alertó sobre como el deterioro progresivo de las condiciones de seguridad –reflejado en desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades, enfrentamientos armados y un incremento en el uso de artefactos explosivos– afectan la participación democrática, evidenciando una respuesta estatal insuficiente para garantizar plenamente los derechos de los ciudadanos en el contexto electoral.
Pese a las alertas, la Gobernación de Antioquia aseguró que el departamento cuenta con todas las condiciones logísticas, operativas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo.
Tras la realización del Comité Departamental de Seguimiento Electoral, el gobernador Julián Rendón afirmó que la prioridad de las autoridades es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.
“Como autoridades, nos corresponde garantizarles a todos y cada uno de los antioqueños que habitan el territorio, sin importar que estén en la más alejada de las veredas, que puedan ejercer su derecho al voto y que puedan votar por quien les dé la gana”, manifestó el mandatario.
Rendón explicó además que las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública no solo buscan proteger los puestos de votación, sino evitar cualquier tipo de presión o intimidación contra los electores antes, durante o después de depositar su voto.
Como parte de las acciones preventivas, el gobernador visitó recientemente varios de los municipios donde se han denunciado casos de constreñimiento electoral en el Norte antioqueño. Allí sostuvo reuniones con alcaldes, autoridades militares y policiales con el propósito de coordinar estrategias que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada democrática.
Para las elecciones presidenciales del 21 de junio estarán habilitados en Antioquia 1.280 puestos de votación y 16.388 mesas, donde podrán sufragar 5,4 millones de ciudadanos. La jornada contará además con el acompañamiento de más de 114.000 jurados de votación.
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Por su parte, la Fuerza Pública indicó que el dispositivo de seguridad estará conformado por 12.160 soldados del Ejército, 6.342 integrantes de la Policía y 227 miembros de la Armada. A ellos se sumará el apoyo de la Fuerza Aérea mediante labores de monitoreo y seguimiento desde el aire.
“Tenemos asignados 398 puestos, más de 12 mil hombres desplegados en el departamento, para garantizar la seguridad de la población civil, que ejerza su derecho al voto y podamos tener una jornada sin ningún contratiempo”, señaló el coronel Daniel Barrera, vocero de la Séptima División del Ejército.
Por su parte, la Registraduría Nacional confirmó el despliegue de funcionarios y material electoral hacia las zonas más apartadas del departamento, acompañados por la Fuerza Pública.“Estaremos atentos a que esta jornada ocurra con total normalidad”, aseguró Adolfo Fernández, delegado de la Registraduría Nacional para Antioquia.
Las autoridades insistieron en que mantendrán activos todos los protocolos de monitoreo, seguimiento y atención durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los ciudadanos.
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