La llegada de la multinacional Uber, una aplicación móvil que conecta a pasajeros con conductores, agita el mercado que prestan en Medellín los 19.242 taxis inscritos en la Secretaría de Movilidad más los registrados en el resto del Aburrá.
La empresa anuncia que los clientes que usan su servicio “acogen la seguridad, confiabilidad, conveniencia y asequibilidad que Uber ofrece”.
En Medellín sus tarifas son $5.500 la mínima, $2.750 tarifa base, $150 por minuto, $1.000 por kilómetro y $75.000 el recorrido al aeropuerto.
La firma opera en más de 260 ciudades y 55 países. En América Latina está en México, Panamá, Chile, Perú, Brasil y Colombia, donde funciona en Bogotá, Cali y Medellín.
En nuestro país ha tenido problemas, pues trabaja con conductores de servicios especiales, conocidos como los de placa blanca, y estos no están autorizados para prestar transporte público individual como lo hacen los taxis.
Por eso, desde septiembre de 2014, la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, en debate sobre transporte público de taxis y Uber en la comisión sexta del Senado, aseguró que el Estado garantiza la legalidad del transporte en Colombia y manifestó que detrás de la aplicación tecnológica Uber se presta un servicio particular. “Si Uber quiere ofrecer un servicio debe ser una empresa habilitada o permitir que esa plataforma la utilicen empresas que sí lo estén. Invito a la empresa Uber para que se reglamente como un servicio de carácter individual”, afirmó.
Multa más inmovilización
Es por esto que el secretario de Movilidad de Medellín, Ómar Hoyos, dijo que su despacho se encargará de que el transporte público individual se preste por empresas habilitadas por el Ministerio. “La cuestión es detectar y probar que se está prestando un servicio público de manera informal”, anotó.
Uber lanzará su servicio en Medellín, de manera oficial, mañana en un hotel de El Poblado, aunque se viene ofreciendo como prueba beta desde el pasado 12 de diciembre.
Sin embargo, Hoyos aseguró que no conoce de comparendos impuestos en esta capital contra conductores de servicios especiales transportando pasajeros con la aplicación Uber.
La sanción para el que sea detectado ofreciendo transporte público individual en un carro que no sea un taxi será de un salario mínimo mensual ($644.350) más la inmovilización del vehículo.
Carlos Mario Moreno, presidente de la Asociación Metropolitana de Taxistas y Transportadores, comentó que “las autoridades dicen que no es legal, que no están trabajando, pero sí lo están haciendo. Que el secretario ponga controles”.
Carlos Ángel, gerente general de Uber en Medellín, subrayó que la empresa está constituida legalmente.
“Estamos convencidos de que los colombianos deben ser libres de escoger cómo y en qué quieren moverse. Son las necesidades de los ciudadanos las que deben ser valoradas por el Gobierno. Hemos buscado espacios de diálogo con distintas autoridades a nivel central y local y continuaremos con estos esfuerzos”, añadió.
Un conductor que trabaja con Uber, que pidió reserva de su nombre, contó que lo llaman extranjeros y turistas. “Uber nos pide que seamos muy atentos con el usuario y que presentemos todos los seguros vigentes”, apuntó.