El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se verá en la obligación de encontrar alternativas a través de una mesa de diálogo con los campesinos del Suroeste antioqueño, conforme a la resolución que consiste en declarar un área de 37.365,57 hectáreas constituidas por bosques y fuentes de agua, en las cuales se prohibiría la actividad minera, entre los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.
Así lo exigió la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado, donde apuntó que en dicho espacio de diálogo se debe contar con la participación de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, el ente de control, entre otros actores clave del territorio.
La saliente ministra Susana Muhamad explicó que este proyecto “busca proteger el agua y las cuencas abastecedoras” en los municipios anteriormente mencionados, al igual que pretende fortalecer la vocación agrícola y ambiental del territorio. También enfatizó en que esta región del Suroeste es clave por su riqueza boscosa, su gran oferta hídrica y la conectividad ecológica.
“Esta reserva temporal ocuparía 37 mil hectáreas y ¿qué es lo que pretende proteger? Un recurso fundamental, el bosque secotropical que está adherente al río Cauca, pero que además depende del agua subterránea y siete cuencas abastecedoras. De esta agua subterránea, hoy, de acuerdo con estudios de la Universidad de Antioquia, dependen 10.000 habitantes rurales de toda esta área, que tiene 50% de su suelo como vocación forestal y 30% de su suelo como vocación agrícola”, dijo Muhamad en su momento.
El llamado al diálogo por parte del Ministerio Público se produce más de dos meses después de que Muhamad y la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, también sostuvieran un pulso con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y decenas de alcaldes del departamento por cuenta de la controvertida iniciativa para crear las Áreas de Protección Para la Producción de Alimentos (APPA) en esa misma subregión.
Dicho proyecto no cayó bien en los entes territoriales al ser visto como una manera de meterle mano al uso del suelo desde el Gobierno central y no conversar con múltiples organizaciones campesinas.
En aquel entonces el gobernador Rendón demandó incluso la resolución que delimitó ciertos polígonos para la estructuración de dichas APPA, con el argumento de que el Gobierno Nacional se está entrometiendo en las actividades propias de la región a través del suelo con una norma que sería “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”.
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