Después de cumplir con la meta que trazó el Gobierno Nacional de tener al 70% de la población con al menos una dosis de la vacuna anticovid al 15 de noviembre, Antioquia le camina al nuevo objetivo estipulado para despedir 2021 con el 90% de los antioqueños con una dosis.
Para lograrlo, según las cuentas de la Gobernación, se necesita que cerca de 1.100.000 antioqueños decidan ponerle el brazo a la vacuna para completar 6.104.326 personas con algún grado de protección. Actualmente hay 86 municipios por debajo del 70% en primeras dosis y monodosis, por lo que la Secretaría de Salud adelanta con varias de estas poblaciones estrategias específicas para acelerar el ritmo.
Los mayores rezagos se presentan todavía en Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca que terminaron noviembre con los porcentajes más bajos respecto al cumplimiento de la meta del 70%, sobre todo Bajo Cauca, que es la única subregión que ni siquiera alcanza el 50% de población con alguna dosis.
¿Por qué el plan de vacunación en estas zonas no ha logrado marchar al ritmo del departamento? Hay varios factores y todos han confluido con mayor intensidad en el Bajo Cauca.
El médico Jorge Iván Posada, fiscal de Asmedas, asociación a cargo de la veeduría de la vacunación en Antioquia, señala que en estos territorios uno de los problemas que no se logró sortear fue la imposibilidad de distribuir vacunas hacia los centros de salud en las áreas rurales dispersas.
Con la obligación de concentrar las dosis asignadas en los hospitales y el recrudecimiento de la violencia por la disputa entre grupos armados, la vacunación logró –apunta el directivo de Asmedas– cifras aceptables en cascos urbanos de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, entre otros, pero muy baja cobertura entre las poblaciones dispersas de estos municipios con áreas rurales muy extensas cuyas comunidades se vieron enfrentadas a confinamientos durante pandemia por ataques y enfrentamientos entre grupos armados, tal como ocurrió en El Bagre y Murindó.
Personal de salud en apuros
Otro factor que ha jugado en contra de la vacunación, señala Posada, es el agotamiento del personal salud por las condiciones adversas durante toda la pandemia, con casos de salarios atrasados hasta seis o más meses, al tiempo que se han visto expuestos a sobrecargas laborales y peligros como realizar largas jornadas de vacunación, una tras otra, que implica desplazamiento de varios días por veredas.
Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, ofrece un caso concreto de esto. Hace cinco meses 50 empleados del hospital Cesar Uribe Piedrahíta decidieron suspender las labores de vacunación porque les adeudaban 6 meses de sueldo, y según cuenta uno de esos empleados que prefirió la reserva de su nombre, las malas condiciones no han cesado desde entonces y dice que sobre el personal ha recaído casi toda la responsabilidad del devenir del plan de vacunación, soportando recriminaciones y malos tratos, por ejemplo, cuando se ha frenado la disponibilidad de vacunas.
La barrera cultural también ha sido decisiva, por tradiciones arraigadas como el curanderismo en Bajo Cauca o posturas radicales de grupos religiosos con fuerte ascendencia en zonas del Urabá.
El alcalde de Vigía del Fuerte, uno de los municipios más rezagados del departamento, da testimonio de ello y asegura que aunque en noviembre el ritmo de vacunación mejoró ostensiblemente y la población tuvo acceso suficiente a diferentes biológicos que se distribuyeron por los lejanos caseríos a más de 8 horas de distancia del casco urbano, hay un sector de la población que sigue reacia por motivos religiosos y según el mandatario despiertan preocupación entre la comunidad.
“Ante grupos con posturas radicales frente a la vacunación, las poblaciones pequeñas necesitamos que el Gobierno tome decisiones concretas. Es decir, respetamos las libertades individuales, pero un grupo renuente a la vacunación puede echar por la borda los esfuerzos de inmunización en un casco urbano como el nuestro y, desde ahí, a otros puntos de la región”, advierte.
Precisamente sobre Urabá se han enfocado estrategias específicas de la Gobernación para superar baches en la vacunación. Una de estas la adelanta desde el mes pasado de la mano del Grupo ISA y la Universidad Nacional para llevar una unidad móvil por las fincas del eje bananero vacunando a los trabajadores y sus familias, para mitigar riesgos en grupos que se han visto particularmente afectados en Urabá, como las maternas.
La meta de esta estrategia, sumando municipios del Suroeste, era llegar a 10.000 vacunados y, sobre todo, ratificar la importancia de que el sector privado refuerce las capacidades de la Gobernación.
El médico Jorge Posada concluye que a pesar de las dificultades expuestas la Gobernación ha estado presta a emprender y modificar las acciones necesarias para llegar a todo el departamento, reduciendo las pérdidas de vacunas por mal manejo.
Sin embargo, recalca que en las próximas semanas hay que descentralizar aún más la provisión de vacunas y apoyar la capacidad de los municipios, porque aunque el Aburrá puede ayudar a arrastrar el promedio general y alcanzar la próxima meta, los riesgos de tener poblaciones con bajas tasas de protección representa una amenaza para todo el departamento
Regístrate al newsletter