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Viaje del alcalde Quintero en Miami salió del bolsillo de la ciudad
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Quintero y su secretario Esteban Restrepo estuvieron en Miami en una fiesta con Carlos Vives en la tienda de Rigo Urán. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
16 de diciembre de 2021
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A pesar de la polémica que levantó el viaje del alcalde Daniel Quintero a Miami, sin permiso por parte del Concejo de Medellín que solo le había autorizado su asistencia a un congreso en Barcelona, el mandatario le envió el pasado lunes al Concejo el informe de viaje en el que le hizo saber a la corporación que cobró viáticos durante dos días en los que atendió compromisos sociales en Miami.
El 11 de noviembre pasado el Concejo había aprobado la salida de Quintero a España como misión oficial para participar del 15 al 18 de noviembre en el Smart City Expo Congress. El alcalde había solicitado permiso del 15 al 20, por lo que los últimos dos días, una vez acabara el evento, dijo que atendería agenda paralela.
El problema es que en ninguna parte estipuló que dicha agenda paralela la realizaría en Miami, para lo cual debió haber pedido permiso explícito, tal como lo señaló el su momento el presidente del Concejo, Jaime Cuartas.
Y fue a través de sus redes sociales que se supo que entre el 19 y 20 de noviembre se reunió con el empresario Moishe Mana, en Miami, un inversionista billonario, y, junto a su secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, asistió a un evento social en una tienda de Rigoberto Urán.
Por ello, la presidencia del Concejo trasladó a la Procuraduría la queja para que el ente de control evalúe si hubo irregularidades en la estancia del alcalde en Miami.
El tema había quedado ahí. Pero esta semana, en el informe que pasó Quintero donde reporta lo que hizo durante su misión oficial a Barcelona, relaciona en la liquidación de viáticos que su viaje cubrió del 15 al 20 de noviembre, 5,5 días por los que cobró 3.520 dólares, es decir, diariamente 640 dólares ($3.876 a precio de ese momento) lo que da casi $2.500.000 diarios para alimentación, hospedaje y gastos complementarios.
Es decir, los dos días en los que Quintero se reunió con el magnate y asistió a la fiesta de Rigoberto Urán le costaron a la ciudad cerca de $6.000.000. Por ninguna parte en el informe hace referencia a su traslado de Barcelona a Estados Unidos.
El concejal Alfredo Ramos, en la sesión de este miércoles 15 de diciembre, solicitó a la presidencia del Concejo y a la Secretaría General trasladen a la Procuraduría y adicionen el informe presentado por Quintero a la queja ya presentada por este mismo hecho.
Ramos señala que si bien las presuntas faltas fiscales en las que incurrió el alcalde las puede subsanar fácilmente, hay un tema de fondo y es disciplinario, pues no solo se habría incumplido el permiso que le otorgó el Concejo sino que empleó recursos públicos y se reiteró en su engaño a la corporación y a la opinión pública al presentar un informe de comisión que claramente –dice Ramos– incurre en falsedades respecto a lo que verdaderamente ocurrió durante ese viaje.
El concejal del Centro Democrático advierte también que hay un tema ético, respecto a lo impertinente que resulta que un mandatario use recursos públicos, independiente del monto, para prolongar un viaje con fines de ocio, cuando hay una ciudadanía golpeada por el aumento en el costo de vida y un dólar disparado.
Consultado acerca de si adjuntará este informe a la documentación enviada previamente a la Procuraduría, el secretario general del Concejo, Jorge Luis Restrepo –a quien está dirigido el informe– dijo que le correspondería hacerlo al presidente de la corporación, Jaime Cuartas, quien dio traslado a la queja que ya reposa en el ente de control.
Cuartas, por su parte, señaló que ya hizo lo correspondiente hace tres semanas recibiendo la queja elevada por Ramos, transcribiendo el acta donde se solicita traslado y remitiéndola a Procuraduría. Pero al ser cuestionado si ya había adicionado este informe para enviarlo o cuándo lo haría dijo que el concejal Ramos, como quejoso, puede hacerlo y anexar todo lo que él considere pertinente para que la Procuraduría evalúe si cabe alguna indagación, investigación o sanción.
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