Participación en 36 entidades, de 11 sectores económicos, que configuran el primer conglomerado público de una entidad territorial en Colombia y el segundo de naturaleza pública, por activos en el país, después de Ecopetrol.
La Alcaldía de Medellín es mucho más que el edificio de 12 plantas en la Alpujarra. Es un “holding” que debe ejecutar un robusto presupuesto municipal, que para el cuatrienio 2016-2019 es de $22,7 billones (la suma de los presupuestos de los otros nueve municipios del Aburrá en el mismo periodo es de $6,65 billones). Además, le corresponde suplir necesidades básicas de 2,5 millones de habitantes (dato de 2017) y administrar la propiedad o participación en sus entes descentralizados.
La figura de conglomerado público fue adoptada por la alcaldía pasada en el decreto 1700 de octubre de 2015, con el propósito de armonizar buenas prácticas de gobierno corporativo en las 36 entidades, fortaleciendo su rol de propietario, accionista o asociado, y aclarando la forma de relación, dirección y control con las entidades bajo su égida.
Manuel Villa, secretario Privado de Medellín, dependencia responsable del conglomerado, explicó que esta administración estrenó la figura bajo los pilares de gobierno corporativo, gestión financiera, planeación, dirección jurídica, control y comunicaciones. En este periodo se añadieron dos: gestión y suministros; además, al final de este año se presentará el primer informe del conglomerado que dará cuenta del número de empleados y de la composición de cargos corporativos, entre otros datos.
El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, dijo por su parte que el perfil y las competencias de las personas —alcalde y secretarios— que vayan a dirigir la ciudad van mucho más allá de ejecutar el presupuesto, porque deben ejercer un liderazgo que garantice la sostenibilidad del conglomerado.
Carlos Andrés Sánchez González, doctor en Finanzas e investigador de la Universidad EIA, opinó que traspolar una figura de naturaleza privada al sector público es complejo porque ya no existe un grupo de propietarios al que le debe responder la gerencia, sino a una ciudadanía. “Para que tenga éxito debe mantenerse la independencia en la gestión administrativa, que no haya intereses políticos en la toma de decisiones”, concluyó.
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