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Tras conocerse el informe de la empresa de consultoría chilena Pöyry, que da cuenta de las condiciones de estabilidad de Hidroituango, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, aseguró este lunes que en febrero se dará inicio a la licitación para asegurar los contratistas que construyan la etapa 2 del megaproyecto que espera, además, poner en funcionamiento las dos primeras turbinas en el segundo semestre de este año.
El gerente también señaló que podría haber continuidad de los contratistas actuales, como lo recomendó el informe de Pöyry, pues en la licitación pública pueden participar empresas que tengan la capacidad de ejecutar un proyecto de tal envergadura. Sobre este tema ha habido una gran discusión sobre el posible cambio de constructores, iniciativa impulsada con fuerza por la administración de Daniel Quintero y que generó varias polémicas desde 2021.
“El año pasado se dio la discusión sobre esta continuidad por el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República (CGR), pero este informe (Pöyry) tiene varias consideraciones respecto al grupo de contratistas”, agregó Carrillo.
En este sentido también aclaró que lo más probable es que en julio de este año entre en operación la primera turbina y en noviembre, la segunda. Con este paso cumplido, se disminuye la cantidad de agua que pasa por el vertedero y se podrá tener mayor control del proyecto para seguir entrando unidades en operación durante 2023, agregó el gerente.
El informe de Pöyry, cuya entrega tuvo varios retrasos por diversas causas, establece que la puesta en funcionamiento de la megaobra es fundamental para reducir los riesgos, pero lograrlo está pendiente de la decisión que tome la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que deberá sopesar los riesgos críticos que persisten y que fueron detallados en dicho informe. Por el momento, la única salida viable que tiene Hidroituango, que es prender las turbinas para que el agua tenga una salida diferente al vertedero.
Una ventaja es que Pöyry señala que, pese a que la emergencia iniciada en abril de 2018 generó daños muy significativos a la infraestructura de la obra, incluidas afectaciones enormes por erosión y socavación hidráulica, el proyecto es técnicamente recuperable.
Otra de las conclusiones importantes es que la consultora, contrario a la intención manifiesta del alcalde Daniel Quintero de cambiar los contratistas, afirma que se debe evitar la sustitución de los actores principales porque esto significaría importantes retrasos (mínimo un año) y reduciría la trazabilidad en la recuperación de la obra. Además, aumentará el costo global y se perdería responsabilidad para el diseño y la ejecución.