Superintendencias piden a EPM explicaciones por Hidroituango

La eventual salida del BID del proyecto preocupa a la Superservicios y la Superfinanciera.

Los trabajos en Hidroituango avanzan en una carrera contra el reloj, para generar energía a mediados de 2022. FOTO Juan A. Sánchez
Carta de la Superintendencia de Servicios.
Carta de la Superintendencia Financiera.

La preocupación por un eventual cambio de contratistas en la hidroeléctrica de Ituango, que hasta la mañana de este viernes parecía una decisión sin reversa por parte del gobierno de Medellín, llegó también a los despachos de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Tras una jornada sin precedentes, en donde se conoció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estaría dispuesto a cortar el flujo de efectivo para el megaproyecto y cobrar por anticipado una deuda de 450 millones de dólares, ambas entidades le pidieron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicar si tiene previsto los riesgos de un escenario de este tipo y qué plan tendría para mitigarlos.

Por el lado de la Superfinanciera, la superintendente delegada para emisores, Sandra Patricia Perea, arrancó su carta citando los artículos que se publicaron durante el pasado viernes en donde se revelaba la preocupación al interior del BID por un cambio de contratistas y le pidió al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, enumerar de forma detallada cuáles serían las consecuencias jurídicas, contables y crediticias que podrían golpear a la empresa frente a una salida del BID.

Por el lado de la Superservicios, la superintendente Natasha Avendaño García le pidió a Carrillo aclarar qué análisis de riesgos tendría la empresa frente a un cambio de este tipo, en cuanto al avance de la obra y al cumplimiento de las obligaciones de energía en firme.

Para conocer si había recibido estas comunicaciones y qué respuesta daría ante estos interrogantes, EL COLOMBIANO consultó con EPM, pero hasta el cierre de esta edición la empresa se mantuvo en que no se pronunciaría al respecto.

Cruce de cartas

El pasado viernes el proyecto de Hidroituango estuvo en el ojo del huracán, luego de una jornada llena de ruido y pronunciamientos que involucraron al consorcio CCC Ituango (compuesto por Coninsa, Conconcreto y Camargo Correa Infra), el presidente Iván Duque y a la misma EPM.

Durante las primeras horas del día, el primer episodio fue protagonizado por el consorcio CCCI, cuando se hizo pública una carta de su representante legal, Santiago García Cadavid, en la que revelaba que en una reunión del pasado miércoles 20 de octubre, el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, Jhonatan Villada, le había pedido al consorcio buscar firmas constructoras para cederles el contrato de la megaobra.

En medio de un ambiente caldeado por las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las que ha acusado a los contratistas de querer “evadir su responsabilidad” por los retrasos en las obras e insistido en que se avanza en un plan para cambiarlos, García pidió a EPM aclarar su posición y definir si desea que el consorcio continúe o no.

No obstante, la mayor preocupación surgió cuando, tras esa comunicación, se conoció que el BID evaluaba seriamente salirse del proyecto ante un cambio de contratistas, considerando que podría acarrear riesgos insalvables en el cronograma de obra.

Tras conocerse esa situación, el presidente Duque emitió un duro pronunciamiento, en donde advirtió que la salida del BID pondría el riesgo el proyecto. Por tercera vez en menos de una semana, el mandatario insistió en que debe garantizarse la culminación de la hidroeléctrica.

Por su parte, hacia la media noche, EPM difundió un comunicado en donde explicó que aún no se toma una decisión al respecto

450

millones de dólares le debe EPM al BID, lo que equivale a cerca de $1,7 billones.