Por orden del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, la Asamblea de Antioquia suspendió este martes el concurso de méritos que se adelanta para elegir al próximo contralor de Antioquia.
La orden es una medida provisional que se mantendrá hasta dictar sentencia, según reportó la mesa directiva de la Asamblea en un comunicado. En el oficio remitido por el juez se aclara que esa medida tiene como fin “evitar que durante el trámite de la acción de tutela se consoliden derechos en cabeza de terceros que posteriormente se puedan ver afectados” con la decisión del juez.
La demanda contra el proceso fue interpuesta por uno de los aspirantes, Robinson Gómez Giraldo, quien en la acción legal argumenta que “al realizar una revisión de las personas que hacen parte de la convocatoria, se hallaron diversas anomalías en el proceso”.
Gómez alega que la Universidad de Antioquia, encargada del proceso de selección que incluyó una prueba eliminatoria y una valoración de antecedentes y experiencia, no valoró su experiencia profesional docente.
Aclara que hizo una reclamación al respecto, y que al momento de interponer la acción, no había recibido respuesta y cuestiona que uno de los candidatos de mayor puntaje sea un docente de la misma universidad.
Noventa personas se inscribieron como aspirantes al cargo de Contralor de Antioquia (CGA) en un proceso que empezó el pasado 26 de agosto con la publicación de la convocatoria y que terminaría el próximo 12 de diciembre cuando la Universidad de Antioquia, entidad elegida para adelantar las pruebas y evaluaciones, entregue la lista de resultados.
El pasado 27 de noviembre se hicieron públicos los resultados de los análisis de antecedentes de los 22 candidatos que aprobaron el examen de conocimiento, que tiene carácter eliminatorio.
Ojos en el proceso
La convocatoria está bajo vigilancia pública, no solo por la importancia del cargo y el salario ($16,2 millones mensuales actualmente); sino porque nadie quiere repetir los errores que se presentaron hace cuatro años, cuando se eligió a Sergio Zuluaga Peña y meses después se comprobó que había falsificado información en su hoja de vida.
La Procuraduría lo suspendió del cargo por 10 meses (que se cumplieron entre agosto de 2018 y junio de 2019) y dos meses después –el 21 de agosto– fue capturado por la Fiscalía, imputado por delitos como concierto para delinquir, cohecho y prevaricato, lo que llevó a su renuncia el pasado 29 de agosto.
Todo eso llevó a una crisis en la entidad, pues, además de Zuluaga, fue capturado e imputado por nueve delitos el subcontralor Rubén Darío Naranjo, quien estuvo como jefe de la oficina durante la ausencia del titular; y tres contralores auxiliares. La Fiscalía los investiga porque, al parecer, intercambiaban dinero y contratos a cambio de amañar las auditorías.
Con las dos cabezas principales por fuera, y aunque Naranjo no ha renunciado a su cargo, fue nombrada como contralora Diana Carolina Torres García, quien se desempeñaba como contralora auxiliar.
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