Posible detrimento sería superior a $6.300 millones. La Contraloría de Antioquia tiene abierta una indagación preliminar para verificar si Felipe Cañizales actuó bien, o no.
En un solo día, la administración del exalcalde de Apartadó Felipe Cañizalez concretó lo que suele demorarse dos meses dentro de un proceso normal de la administración pública. Ese acto fue la entrega de un predio que era del Municipio a una firma particular por menos de $200 millones, cuando su valor comercial superaría en mucho los $6.000 millones.
Actualmente esa transacción tiene al exfuncionario en la mira de la Contraloría de Antioquia, entidad que abrió una indagación preliminar en su contra y ya le pidió información al respecto a su sucesor.
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Según el expediente del caso y con base en las quejas que ha recibido, el ente de control calcula el posible detrimento patrimonial en $6.329 millones. Los hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, pero aún no se conoce qué avances han tenido los respectivos procesos.
“El objetivo general es verificar la ocurrencia o no de los hechos narrados en las denuncias, las acciones fiscales, disciplinarias y penales efectuadas por los diferentes órganos y recaudar las pruebas necesarias con el propósito de evidenciar si se ocasionó o no un presunto detrimento a la entidad sujeta de control”, dice el oficio del 8 de julio pasado en el que un profesional adscrito al ente de control fiscal de carácter regional le solicita al mandatario actual de la localidad, Héctor Rangel, que le envíe el certificado laboral con el tiempo de vinculación y salarios de Cañizalez Palacio. Igualmente, le pide otros documentos como la copia de la cédula de éste, el acta de posesión, y los “informes de supervisión y registro fotográfico de las actividades y ejecución del convenio 448 de 2023 y el estado actual de ejecución”, entre otros.
Este convenio fue firmado el 27 de diciembre de 2023 por el entonces alcalde Cañizalez y la constructora Corconvis, para el desarrollo de un proyecto que implicaba levantar 320 unidades de vivienda de interés social (VIS).
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Ahí estaría el primer escollo, según le indicó a EL COLOMBIANO una fuente relacionada con el caso pues se trata de una zona de alta valorización donde un apartamento vale entre $250 y $300 millones mientras que en Apartadó, considerada la capital de la subregión de Urabá, las VIS por lo general no pasan de los $150 millones.
La administración actual denunció el convenio debido a varias irregularidades que se habrían cometido. Para empezar, a los nuevos funcionarios les causó extrañeza que el documento se hiciera de forma maratónica solo cuatro días antes de terminar el periodo de Cañizalez, pues el miércoles 27 de diciembre se habría efectuado la firma, se expidieron las pólizas de garantías y se llenaron otras formalidades de la contratación, algo que rutinariamente no se gastaría menos de 45 a 60 días.
El predio en mención tiene un área de casi 53.000 metros cuadrados, es decir, más de cinco hectáreas y por este sector, dicen los entendidos, que cada hectárea no baja de $1.500 millones, un monto difícil de equiparar a menos de $200 millones por los que fueron entregadas las más de cinco hectáreas.
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De hecho, en octubre de 2022 la Alcaldía había ordenado un avalúo que arrojó un valor de $6.512 millones, pero resulta que en marzo de 2023 cambió el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo cual, según los denunciantes, es posible que el predio se haya valorizado aún más.
Lo concreto es que ese avalúo tenía una vigencia de un año, es decir, hasta la misma fecha de 2024 y ello quiere decir que el alcalde tendría por lo menos dos razones por las que debió actualizarlo antes de hacer cualquier movimiento con él, pero no lo hizo.
Ahora bien, en el convenio dice: “Entregar el lote de terreno identificado con matricula inmobiliaria 008 – 59014 como subsidio municipal de vivienda en especie, valor del aporte correspondiente al lote de terreno donde se desarrollará el proyecto...”, pero resulta que el valor fue infinitamente más bajo que el precio real, pues, según figura en el documento, fue tasado apenas en $192,5 millones y fuera de ello el mandatario debió contar previamente con el visto bueno del Concejo para hacer el negocio, un requisito que tampoco cumplió, como lo certificó la misma corporación en un documento expedido el 5 de febrero pasado.
El convenio también implicaba que el aporte total del Municipio fueran $1.052 millones comprometiendo vigencias futuras del presupuesto durante cinco años, y tampoco estaba autorizado para ello.
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Estos dos elementos antes descritos podrían dar para que se le endilguen posibles cargos por detrimento patrimonial y peculado, dos conductas que tienen consecuencias fiscales, penales y disciplinarias si se llegan a comprobar.
Según documentos anexos al expediente, habría otras posibles actuaciones chuecas: Corconvis no habría anexado las garantías que dieran cuenta de su solvencia. Fuera de eso, debía contar con una certificación bancaria de una cuenta exclusiva para el proyecto por el monto del aporte que debía hacer, es decir $451 millones, pero el documento que anexó, expedido por Bancolombia, fue de una cuenta por $433 millones, o sea inferior al monto exigido y que además no especificaba que fuera de manejo específico para los recursos del convenio.
Luego, en enero de 2024, la secretaría de Planeación verificó que en el terreno estaban haciendo movimientos de tierra sin contar con licencia de urbanismo y ordenó la suspensión de las obras.
Cañizalez sería una ficha en Urabá de la familia Char de Barranquilla. En 2019 estuvo también en la palestra pública porque el plan de gobierno que inscribió ante la Registraduría presentaba similitudes con el plan de desarrollo del vecino municipio de Carepa que generaron críticas por un posible plagio en algunos apartes.
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Este medio lo buscó para conocer su versión pero no contestó a las llamadas ni al mensaje de Whatsapp que se le puso. También intentamos conocer la versión de Corconvis. En una de las llamadas contestó una secretaria que no se identificó y prometió hacerle llegar la razón al representante legal; sin embargo, en llamadas posteriores ya no respondieron al teléfono ni hubo ninguna comunicación de parte de ellos hasta el cierre de esta edición.
Así iba a ser el desarrollo del proyecto
El plan parcial de Expansión Urbana Villa Argelia y El Congo se aprobó en septiembre del 2009. Implicaba cambiar la vocación de más de 60 hectáreas rurales para que pasaran a ser área de expansión urbana, lo cual implicaba un mejor aprovechamiento del suelo, pues por su extensión podrían caber entre 2.000 y 2.500 viviendas. Pero además generaba un cobro de plusvalía que en plata blanca significaba ingresos para el Municipio.
El valor total del convenio para el proyecto a desarrollar allí entre la Alcaldía de Apartadó y Corconvi eran $1.503 millones, de los cuales la primera debía poner el 70% ($1.052 millones) y la firma particular lo restante ($451 millones).
El aporte de la administración municipal sería en especie, contemplando el terreno mencionado, las licencias y permisos, y los profesionales encargados de la supervisión técnica, la gestión social y jurídica. Entre tanto, el case del particular sería para costear la gerencia del proyecto.
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La intención era construir las viviendas que se entregarían en tres etapas a partir de la firma del acta de inicio: el primer año sería para promoción y ventas, el segundo para la construcción de las primeras 96 unidades, el tercero para otras 96 y los dos últimos años para las restantes 128. Por lo pronto, el proyecto está parado.
