La existencia de una presunta red de corrupción al interior de la Subsecretaría de Valorización de la Alcaldía de Rionegro agitó el ambiente político y reavivó el debate por los cobros de ese tributo en ese municipio.
Mientras la administración local inició acciones legales en contra de un exfuncionario acusado de quedarse con millonarias sumas de ciudadanos estafados y pidió que se iniciaran investigaciones para esclarecer los hechos, sectores de la oposición acusaron al Municipio de fallar en sus procesos de control interno e instaron a la Fiscalía y la Procuraduría a intervenir.
Los primeros indicios
Según se lee en un oficio del pasado 30 de julio, firmado por la subsecretaria de Valorización de Rionegro, Lina Marcela García Tabares, todo comenzó cuando un habitante de ese municipio se acercó a las oficinas de esa dependencia para denunciar que un funcionario se había quedado con $200 millones a cambio de realizar un trámite.
De acuerdo con la versión de García, aquel testigo sostenía que su abuelo, inmerso en un proceso de cobro coactivo por parte de la Alcaldía al incumplir con el pago de la valorización, habría acudido a un auxiliar administrativo quien habría pedido esa millonaria suma para resolver su situación.
En su denuncia, la subsecretaria también aludió a un segundo caso en donde una mujer sostuvo haber girado un cheque a favor del mismo funcionario por $11.500.000 a cambio de agilizar el trámite de una licencia ante la Secretaría de Planeación de la alcaldía.
Aunque todavía no es claro cuántos ciudadanos se habrían visto afectados o si otros funcionarios estarían implicados, de acuerdo con los testimonios que hasta ahora han sido documentados, las víctimas aseguraron que el exfuncionario habría afirmado tener autorización del alcalde para efectuar los cobros y efectuar los trámites.
“(...) De los hechos anteriormente expuestos se desprenden indicios de presuntas conductas que puedan tipificarse como faltas disciplinarias o delitos, solicito iniciar las indagaciones preliminares o las investigaciones a las que haya lugar”, se lee en el oficio firmado por García Tabares, dirigido al entonces alcalde encargado, Carlos Andrés García Castaño y la jefa de control interno de la alcaldía, Laura Emilse Marulanda Tobón.
Tal como se lee en una denuncia instaurada ante la Fiscalía el 30 de julio de 2021, tras recibir los testimonios de los primeros ciudadanos afectados, la alcaldía comenzó a seguirle la pista al exfuncionario y advirtió que su primera vinculación con el municipio se produjo a través de un convenio interadministrativo firmado con Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora).
Fabián Antonio Ríos Urrea, director ejecutivo de Masora, corroboró que esa entidad firmó un convenio con la Alcaldía de Rionegro para apoyar la ejecución y el recaudo de los cobros por valorización. En el marco de ese contrato, el exfuncionario se vinculó entre el 1 de marzo y 30 de junio de 2021.
El director Ríos aclaró que luego del 30 de junio, el sospechoso terminó su contrato y se vinculó a la alcaldía de forma provisional.
“Para el momento de los hechos, ya no laboraba en la entidad. Él manejaba todo el tema de consultoría y tenía la información para el cobro de la valorización. Aunque el vínculo laboral no existía para el momento de los hechos, esperamos que la justicia tome decisiones frente a lo denunciado y estamos atentos a brindar toda la información que requieran los órganos de control y los ciudadanos”, dijo Ríos Urrea.
Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Rionegro, sostuvo que luego de recibir los reportes de lo sucedido, el gobierno local inició acciones legales en contra del exfuncionario. Primero, a través de la denuncia instaurada por el secretario García Castaño y luego a través de una denuncia penal instaurada por el mismo.
“Quiero dejar claro que no he autorizado, ni a esta persona, ni a ninguna otra, para que hable en mi nombre y menos en asuntos indebidos”, dijo Hernández Alzate, y anunció la separación del cargo del auxiliar señalado y precisó que instauró una denuncia por el delito de calumnia.
Piden más controles
Desde el Concejo de Rionegro, corporados de la bancada de la oposición criticaron los mecanismos de control interno de la alcaldía y radicaron ante la Procuraduría y la Fiscalía una solicitud para investigar al gobierno.
“Nos preguntamos si la alcaldía ignoraba lo que estaba sucediendo”, cuestionó Fernando Valencia Vallejo, concejal opositor, señalando que lo ocurrido demostraría “la incompetencia” de la administración municipal “a la hora de implementar los cobros por valorización”.
Así mismo, el concejal cuestionó la continuidad de esa figura de financiación para desarrollar un proyecto de modernización vial que se remonta a octubre de 2018 y que hoy está en medio de una batalla jurídica por sus altos costos y por presuntas fallas en su proceso de socialización (Leer Para Saber Más).
Según la versión de la alcaldía, aunque todavía no hay un estimado preciso del dinero que las víctimas habrían desembolsado en vano, la entidad aseguró que los recursos no habrían ingresado a las arcas municipales y los trámites presuntamente prometidos por el exfuncionario nunca se habrían efectuado.
Aunque las autoridades aún no dan con el paradero del sospechoso para conocer su versión de los hechos, según reportes publicados por medios de comunicación locales, tras estallar el escándalo el exfuncionario habría abandonado el municipio
$200
millones fue uno de los montos denunciado como perdido por un ciudadano.
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