Las quejas de los inspectores de policía que el alcalde no respondió

Disminución de recursos, personal de apoyo e insumos tienen cansados a estos profesionales. Esperan soluciones.

Los inspectores dicen que en algunas sedes hace falta mantenimiento de la infraestructura. FOTO jaime pérez

Inspectores de policía se quejan por abandono

Por lo menos desde junio se empezó a cocinar una carta que los inspectores de policía urbanos de Medellín le enviaron al alcalde Daniel Quintero el pasado 25 de agosto, para quejarse de las que califican como “condiciones laborales precarias”.

La idea de la misiva surgió en una reunión, cuando la última gota cayó en un vaso de descontento, tristeza y agotamiento, que ya se comentaba desde el año pasado por la falta de insumos y personal de apoyo, los contratos tardíos, el cambio constante de colaboradores, la ausencia de mantenimiento en algunas sedes y el recorte de presupuesto que, para 2021, tuvo su peor bajón desde 2017.

La propuesta era clara: unirse para que la administración municipal los escuchara y apoyara su petición de fortalecer las inspecciones, entidades claves en el acceso primario de los ciudadanos a la justicia. La idea caló y 55 firmas se ven en el documento enviado al despacho de Quintero.

Bajaron los recursos

Entre las quejas reflejadas en la carta, constatadas en testimonios entregados a EL COLOMBIANO, están la disminución de la plata para funcionamiento y del personal, una situación que, según dicen, ha empeorado desde 2020. De hecho, el presupuesto destinado a estas entidades pasó de $20.000 millones en 2017 a $12.000 millones en 2020, con el agravante de que este año el bajonazo llegó a los $7.528 millones (ver gráfico).

Y desde el año pasado comenzó la reducción en los contratistas de apoyo. Los despachos pasaron de tener hasta siete y ocho personas en cargos como secretarios, auxiliares administrativos y jurídicos, a solo tres. Incluso, hay sedes que tienen menos.

Ha habido lapsos hasta de dos meses en los que se quedan sin ningún contratista para estos cargos. La inestabilidad la notan, además, en contratos que pueden durar solamente un par de meses e, inclusive, veinte o nueve días. Muchas veces cambian el personal entre uno y otro, lo que implica volver a capacitar y empezar de cero.

También han tenido dificultades con secretarías como las de Salud, Infraestructura y Gestión y Control Territorial, con las que trabajan de forma articulada, para que emitan conceptos técnicos que los inspectores requieren para tomar decisiones justas. Esto se debe, afirman, a que en estas dependencias también hay problemas de contratación.

Al final, esto se evidencia en casos represados que no dan prontas soluciones a los ciudadanos. Lo que sí llega de forma oportuna son los requerimientos y llamados de atención de organismos de vigilancia y control como la Personería de Medellín, cuando hay quejas ciudadanas por falta de respuestas. Esto genera temor en los inspectores, de que les abran procesos disciplinarios por incumplimiento.

Este miedo, sumado a la sobrecarga laboral, ha generado niveles de estrés altos y algunos se han enfermado.

No es para menos, aseguran, porque les ha tocado hasta hacer “vaca” para comprar café, papel higiénico y otros insumos de las inspecciones, así como correr a las papelerías del barrio para imprimir o sacar fotocopias. Otra de las quejas es que en algunas sedes la tecnología es obsoleta y no cuentan con las herramientas adecuadas.

El alcalde no respondió

Por estas razones, la carta que firmaron los 55 inspectores pedía crear mesas de trabajo para buscar soluciones. Pero no recibió respuesta del alcalde.

En su lugar, el 27 de septiembre pasado el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, les contestó con otra misiva en la que aseguró que, por el momento, no es necesario instalar mesas de trabajo, en vista de que están gestionando aumento de recursos y personal con la Secretaría de Hacienda.

La contestación no cayó bien entre los inspectores, quienes se consideran los ojos y los oídos del alcalde en el territorio, para ayudar a solucionar problemáticas de convivencia que abarcan más que peleas entre vecinos, pues incluyen temas de urbanismo, medioambiente y otros que pueden afectar la paz y la seguridad de las personas.

La contestación no cayó muy bien entre los inspectores, quienes se consideran los ojos y los oídos del alcalde en el territorio para ayudar a solucionar problemáticas de convivencia que abarcan más que conflictos entre vecinos, pues incluyen temas de infracciones urbanísticas, de medioambiente y otros que pueden afectar la paz y la seguridad de las personas.

“Estamos solos, como inspectores de policía no tenemos un doliente, no tenemos una cabeza que valore y apoye nuestro rol”, manifiesta la inspectora María Inés Duque Atehortúa, también presidenta de la subdirectiva Antioquia del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet).

EL COLOMBIANO buscó mayores respuestas de parte de la administración municipal sobre este caso, pero no fue posible obtenerlas. Por el momento, los inspectores se preguntan si el alcalde leyó la carta o si, acaso, conoce y reconoce la labor que ellos cumplen.