El cerro El Volador aparece dos veces en el inventario de bienes del Municipio de Medellín, con matrículas diferentes. Y no es un caso único. Existen otras inconsistencias como múltiples terrenos y construcciones oficiales que no figuran en las bases de datos de Catastro.
Además de síntoma de un mal manejo de la información de tierras, el desorden se presta para posibles actos de corrupción, pues permitiría por ejemplo que bienes públicos desaparezcan sin dejar huella.
Lo paradójico es que en los últimos cuatro años, la Alcaldía de Medellín ha pagado alrededor de $39.000 millones para, supuestamente, poner “la casa en orden” con relación a los bienes inmuebles que le pertenecen. Pero el remedio parece haber sido peor que la enfermedad, no solo no ha logrado el orden esperado sino que esa platica parece que se ha perdido.
Hacia abril de este año, Nancy María Maya, que llegó en enero a la Unidad de Bienes Inmuebles como líder (e) del equipo de Identificación y Actualización de Inventario, puso el dedo en la llaga.
“¿Por qué por lo menos desde 2017 se han realizado contratos por más de 37 mil millones de pesos con el fin de levantar, actualizar y mantener una información que a la fecha, no se encuentra al día ni es confiable?”, preguntó Maya, según se puede leer en correos que recibieron otros líderes de la subsecretaría de Gestión de Bienes Inmuebles. Y explicaba Maya que incluso la información que manejan estos contratistas difiere de la información que sobre los bienes de propiedad del Municipio tienen otras dependencias como Catastro, Planeación, Infraestructura e incluso la Secretaría de Hacienda.
Estas preguntas las formulaba Maya porque le habían pedido su concepto para ver si suscribían un nuevo contrato por $4.500 millones con el Grupo TX, la misma firma que venía asesorando al equipo de Bienes Inmuebles desde 2017, a través de cinco contratos por casi $36.000 millones más otro por $3.000 millones con un consorcio ligado a la anterior firma, para hacer lo mismo.
El 25 de junio, Maya les advirtió a sus jefes el precario estado de la información que fue entregada por TX en cajas de cartón dentro de las instalaciones de La Alpujarra y les indicaba los problemas hallados en un barrido. Les señaló, por ejemplo, que 42 bienes fiscales (colegios, sedes de Juntas de Acción Comunal, jardines infantiles, canchas y placas deportivas así como locales en el llamado Bazar de los Puentes) están en el inventario del Municipio pero no tienen registro catastral.
También les hizo notar de otros 296 bienes fiscales que aunque se sabe que existen por inspecciones en terreno, no tienen matrícula inmobiliaria ni código catastral y otros 75 que figuran extrañamente con un área de cero metros cuadrados. En total, a pesar de que el contrato era para organizar, todavía contaban al menos 413 bienes extraviados en la manigua de los papeles.
A esas alturas también, el líder de proyecto de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles, Jairo Alberto Henao, había manifestado que “TX no hizo la tarea que tenía que hacer” y que por eso no le había dado nunca el visto bueno al respecto”. Así lo hizo saber en un correo electrónico del 13 de abril de este año, a los líderes de programa.
Ante el concepto negativo de Maya y las evidencias que tanto ella como Henao presentaron, lo que decidieron los jefes de ella para obtener su aprobación fue presentarle el presupuesto de otra compañía que se llamaba Realtix.
De vuelta, el martes 29 de junio, ella les envió un análisis con un detalle que viciaría también esta propuesta y hasta demostraría que se podría configurar un acto contra la libre competencia.
Realtix no solo se parecía en nombre al Grupo TX, sino que compartía su domicilio de las oficinas 402 y 403 de un edificio ubicado en la Avenida 19 con 114, en el norte de Bogotá.
La nueva firma apareció en escena justo por los tiempos en que llegó a la Contraloría de Medellín una denuncia anónima que señalaba las presuntas irregularidades en los contratos previos del Grupo TX y existía la posibilidad de que la inhabilitaran para contratar de nuevo con la Alcaldía.
EL COLOMBIANO constató que, adicionalmente, para la fecha, dos socios coincidían en las dos empresas —Juan Carlos Álvaro López y Luz Helena Cadena Urrego— lo mismo que el revisor fiscal. Lo de que fuera una nueva firma parecía en el fondo un mal chiste. Más bien era una especie de empresa gemela.
Teniendo en cuenta que se habían invertido miles de millones de pesos sin obtener buenos resultados, Nancy Maya recomendó no contratar con ellas sino que el objeto del contrato lo cumpliera la Subsecretaría de Catastro de Medellín y que se le trasladara a esa dependencia el dinero que se le fuera a pagar a un tercero, lo cual parecía ser lo más lógico desde el principio. ¿Quién mejor que una entidad del propio Municipio para organizar sus tierras? Entre otras cosas, Catastro cobraba $342 millones mensuales, frente a $404 millones de Grupo TX y $595 millones de Realtix.
Como si eso fuera poco, Catastro Medellín no solo es una de las pocas entidades públicas en el país habilitadas como operadores catastrales, sino que además brinda ese servicio en otros municipios. ¿Cómo se explica que la Alcaldía de Medellín le entregara a un privado una actividad que podía desarrollar con entidades propias que pueden ser mucho más expertas?
De hecho, justo un mes antes, la Alcaldía promovía con bombos y platillos en su portal y otros medios masivos que Medellín podría ofrecer servicios catastrales a todo el país, lo cual era “una gran oportunidad de compartir sus experiencias, su desarrollo profesional y su avance técnico en la implementación a nivel nacional y a nivel local de todos los procesos que se han aprendido durante todos estos años”.
En septiembre de 2020, la dirección de Bienes Inmuebles había suscrito otro contrato por $3.000 millones con el Consorcio Realtx —formado por Grupo TX y Realtix—.
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