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Antioquia | PUBLICADO EL 28 octubre 2021

Licitación abre nuevo debate en Hidroituango

  • El debate ahora versa sobre el futuro de la licencia ambiental. FOTO Juan antonio Sánchez
    El debate ahora versa sobre el futuro de la licencia ambiental. FOTO Juan antonio Sánchez
  • La recusación hace un recuento de las veces que el alcalde ha hecho acusaciones a priori contra los contratistas.
    La recusación hace un recuento de las veces que el alcalde ha hecho acusaciones a priori contra los contratistas.
  • El debate ahora versa sobre el futuro de la licencia ambiental. FOTO Juan antonio Sánchez
    El debate ahora versa sobre el futuro de la licencia ambiental. FOTO Juan antonio Sánchez
  • La recusación hace un recuento de las veces que el alcalde ha hecho acusaciones a priori contra los contratistas.
    La recusación hace un recuento de las veces que el alcalde ha hecho acusaciones a priori contra los contratistas.

El alcalde Quintero endurece sus argumentos, mientras el gerente de EPM trata de conciliar con el consorcio constructor. Se abriría licitación en las próximas semanas.

Las últimas declaraciones que han dado EPM y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre el futuro de Hidroituango dejan más dudas que certezas y develan contradicciones con relación a información emanada de la misma empresa de servicios públicos en el pasado reciente.

Ayer, el gerente del conglomerado de servicios públicos, Jorge Andrés Carrillo, confirmó que está en firme la intención de comenzar a generar energía en julio del 2022 a pesar de la discusión suscitada en el último mes acerca de la continuación del consorcio constructor CCC Ituango al frente de las obras de la hidroeléctrica.

Todo el maremágnum mediático se desató luego de que la Contraloría General de la República emitiera un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos por los sobrecostos del complejo energético, el cual recae sobre 26 personas y empresas, entre las cuales se hallan las que conforman a CCC Ituango (Conconcreto, Camarco Correa y Coninsa Ramón H).

Quintero ha sido enfático en que su intención es hacer pagar a los presuntos responsables y en que la sentencia —que no está en firme por haber sido apelada en segunda instancia— inhabilitaría a los constructores actuales para continuar con el contrato que tienen hasta el próximo 31 de diciembre o para seguir hasta la entrada en operación del complejo. Estos a su vez han defendido su permanencia en el proyecto.

El último round de este pugilato, que se conoció ayer al final de la tarde, fue la recusación que interpuso CCC Ituango contra el mandatario local ante la Procuraduría General de la Nación, para que se abstenga de participar en decisiones que tengan que ver con Hidroituango (ver nota anexa).

Curiosamente, en rueda de prensa acontecida en la mañana de ayer, el gerente de EPM había dado a entender que la relación entre las partes habían retornado a términos cordiales en una reunión que se llevó a cabo el martes en la tarde con el objetivo de que CCC Ituango señalara un candidato para relevarlo.

“Según el consorcio, no es viable la cesión de los contratos, ni hoy ni a futuro”, reveló Carrillo, aunque no descartó que esa situación cambie luego. Igualmente, informó que están avanzando los preparativos para sacar a licitación el contrato por cerca del 15% de obras que faltan en la hidroeléctrica (con un valor superior a 4 billones de pesos) y que CCC Ituango aceptó estudiar la posibilidad de continuar en el proyecto hasta que salgan los resultados de ese proceso.

No obstante, están pendientes de determinar las condiciones para prestar ese servicio. Los equipos de ambas partes quedarán en contacto esta semana para las definiciones al respecto y habría otra reunión la semana entrante.

Obras sin licencia

De acuerdo con Carrillo, si bien hoy día sigue suspendida la licencia ambiental, se pueden acometer obras porque la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) permite realizar trabajos de mitigación y la única manera de reducir a su mínima expresión el riesgo para la población del Bajo Cauca —ubicada aguas abajo del muro de presa— es poniendo a funcionar las turbinas de generación.

“Nosotros decimos que todo lo que apunta hacia allá lo podemos hacer, pero también estamos confiados en que vamos a tener la licencia restablecida y normalizada, porque el país no puede tener dos discursos: uno de que Ituango tiene que entrar porque acá está en juego la vida de 200 mil personas, la seguridad energética del país y las finanzas de EPM, y al otro día cambiarlo y no dar la licencia porque no se cumplen los conceptos”.

Para el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, el argumento de Carrillo carece de fundamento y “es como hacerle trampa a la norma”.

“La premisa de la que hay que partir es que en Colombia ningún proyecto puede adelantarse sin contar con licencia ambiental, y en el caso de Hidroituango la decisión que tomó la Anla está en firme y no puede haber evasivas. Se tiene que cumplir. Ahora, quien determina si las obras que se están realizando corresponden o no a la mitigación no es EPM, sino la Anla”.

La posibilidad de desbloquear la mencionada licencia depende de la presentación de un estudio que verse sobre la estabilidad actual y futura de la estabilidad de la infraestructura asociada a las obras principales del proyecto, el cual debe ser presentado por la consultora chilena Poyry a más tardar el 30 de noviembre y después de eso, según dijo recientemente Carrillo en el congreso de la Asociación de empresas de servicios públicos (Andesco), el concepto de la Anla demoraría alrededor de seis meses.

El alcalde Quintero dijo este miércoles en la Plaza de las Luces que hay rubros de las pérdidas de Hidroituango que no están asegurados, como el lucro cesante que solo cubriría un año, mientras que se estima que los retrasos podrían ser de cuatro años. Sin embargo, una fuente especializada le explicó a este diario que este tipo de aseguramientos comprenden dos ramas: los daños y el lucro cesante.

En este caso, las aseguradoras vienen cumpliendo el pago por daños, a medida que va quedando en firme cada reclamación. De ahí que se hayan desembolsado 350 millones de dólares por parte de Mapfre. El otro ítem, el del lucro cesante, solo se podrá tasar una vez entre en operación la central.

En la rueda de prensa de EPM, su vicepresidente de Riesgos, Andrés Uribe Mesa, precisó que el monto asegurado exacto es de 2.556 millones de dólares en daño material y 628 millones de dólares en lucro cesante.

El concepto de Deloitte
Pero una contradicción de mayor calado tiene que ver con las consecuencias del relevo del consorcio constructor para lograr el objetivo de entrar a operar en julio de 2022. Quintero y Carrillo han dicho que serían mínimas; sin embargo, en un informe dado a conocer por la consultora internacional Deloitte a finales de septiembre, con base en información suministrada por la misma administración de EPM, ante un “cambio de constructor de las obras civiles no sería posible cumplir con el cronograma definido hasta el 31 de diciembre de 2020 (...) ya que el proceso de transición por óptimo que sea, generaría una afectación del mismo, y por lo tanto, en la nueva fecha de puesta en operación del proyecto indicada en este informe”.

Otro factor que, señala el documento como posible alertador del cronograma, porque afectarían el ritmo de los trabajos, son las decisiones que eventualmente se tomen para controlar la Covid-19.

De la misma manera, añade que EPM “continúa en el proceso de evaluación de los daños generados por la contingencia que se presentó en el proyecto desde el 28 de abril de 2018, lo cual es un factor que ha llevado a la fecha de nuestra verificación a que se aumenten a 283 los días de atraso”.

De nuevo, advierte que ello incidiría en las fechas del cronograma del proyecto.

Todo lo anterior indica que las próximas semanas serán cruciales para el desenlace del futuro de Hidroituango, ya que no solo se debe dar la decisión de CCC Ituango, también se entregaría el informe de Poyry y, en menos de tres semanas saldría la licitación para la nueva empresa constructora.

Sin embargo todo sigue siendo muy brumoso, pues el gerente Carrillo no termina de ser exacto a la hora de hablar del porvenir del Consorcio CCC, mientras Quintero está jugado con el cambio. Además, muchas fuerzas piden que no se juegue más con un tema tan importante para el país. Anoche se supo que una comisión de 12 congresistas con vínculos con Antioquia sostendrá una reunión este viernes con EPM para hablar acerca de toda esta novela a la que le quieren enredar el argumento

Contexto de la Noticia

radiografía 7 firmas con posibilidad de licitar

Según el gerente de EPM, el recorrido de la licitación que saldría en las próximas semanas se inició en noviembre del año pasado, cuando se definieron las especificaciones técnicas de las obras a ejecutar. Posteriormente hubo una consulta a nivel mundial de firmas que cumplieran con la habilitación técnica, fianciera y jurídica. Ante un llamado, 8 manifestaron su interés de participar (4 nacionales y 4 extranjeras); fueron invitadas a una visita a Hidroituango y solo una no acudió. Posteriormente la multilatina antioqueña les pidió una carta que reflejara su intención de estar en un posible concurso y 7 la hicieron. Ahora, serían las potenciales participantes.

Consorcio ccc iTUANGO recusó al alcalde ante la Procuraduría

Ante las múltiples declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales que demostrarían la “enemistad” que tiene el alcalde Daniel Quintero con los contratistas que construyen Hidroituango, el Consorcio CCC Ituango recusó al mandatario ante la Procuraduría General de la Nación.

La intención, según consta en el documento que soporta la recusación, es que el alcalde sea apartado de aquellas funciones que tengan que ver con la construcción de la presa, central y obras asociadas al proyecto hidroeléctrico, en su calidad no solo de mandatario sino también como presidente de la junta directiva de EPM.

En la solicitud, que lleva la firma del representante legal del consorcio Santiago García, se pide que se abstenga de intervenir en las reuniones de la junta directiva de EPM en las que se discutan o adopten decisiones relacionadas con el proyecto, como la definición de la continuidad de los contratistas actuales o de los nuevos, y todo lo que tenga relación con el contrato vigente celebrado con CCC Ituango.

También se le pide abstenerse de dar instrucciones, sugerencias y opiniones a los demás miembros de la junta directiva, al gerente general de EPM y a los funcionarios que participan del proyecto.

Consultado sobre esta recusación, Fabio Humar, abogado que representa a Conconcreto, una de las firmas integrantes del consorcio, indicó que “el alcalde debe apartarse y darle claridad al país porque está enceguecido”. Explicó que la Procuraduría deberá tomar una decisión en las próximas semanas.

Parte de esta recusación está sustentada en los pronunciamientos que viene haciendo Quintero desde octubre de 2018, cuando siendo candidato a la Alcaldía se refirió a la construcción de Hidroituango como el “caso de corrupción más grande de la historia de Antioquia”, aludiendo de forma directa al trabajo de los contratistas.

Así mismo, en declaraciones recientes los acusó de utilizar materiales de baja calidad en la construcción del proyecto, lo que motivó a la firma de abogados Fabio Humar a radicar un derecho de petición ante la Alcaldía para exigir pruebas de esas afirmaciones. Ante la negativa del alcalde a responder esta solicitud y a rectificar sus declaraciones, hoy será radicada una demanda penal por los delitos de injuria y calumnia, “la primera de muchas que se interpondrán contra el alcalde para que responda por sus acciones”, dijo el abogado Humar en diálogo con EL COLOMBIANO.

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