Los maestros tienen, en este momento, 14 quejas contra funcionarios que ejercen como sus superiores por presunto acoso laboral en Medellín. Sin embargo, esa no es la noticia, sino que el sindicato que los representa en el departamento, Adida, está, a su vez, denunciado por presunta persecución contra empleados de su propia nómina.
Otro hecho insólito, tratándose de una organización que defiende los derechos laborales, es que además figura como demandante ante un juzgado laboral, solicitando que a una de sus trabajadoras le quiten el fuero sindical.
Los dos casos tienen como denunciantes a Elizabeth Sierra, quien se ha desempeñado como secretaria, y Ana María García, que ha fungido como ingeniera de sistemas y es fiscal de Sintraongs, que a su vez agremia a trabajadores de sindicatos y ONG de la ciudad.
“Son compañeras que llevan más de 26 años al servicio de Adida y como ya no les sirven después de que se gastaron su vida con ellos y que han generado enfermedades, se comportan como los peores patrones”, expresó John Mario Londoño, presidente de Sintraongs.
Elizabeth Sierra tiene hoy 55 años, es decir que está a dos de la edad de pensión. Comenzó a trabajar con la Asociación de Institutores de Antioquia a sus 27 años. Cuenta que en 1997 un aviso de prensa anunciaba que necesitaban secretarias, ella se presentó, igual que alrededor de otras 20 aspirantes, y la eligieron.
Asegura que trabajó sin inconvenientes con varios directivos, pero la vida se le ha puesto a cuadritos con la actual junta. Según su relato, la han arrinconado para que se aburra y renuncie.
El 9 de febrero pasado, y de acuerdo con una carta conocida por este diario, fue notificada por la presidenta de Adida, Lida Yasmín Morales, que debía dejar su oficina en el cuarto piso de la sede de la calle Argentina para ubicarse en la biblioteca. Además, se le indicó que sus funciones ‘primarias’ en el cargo como auxiliar eran colaborar en la programación de esta dependencia, ubicar el material bibliográfico en sus respectivos estantes, sellar y rotular libros, forrar libros, entre otras tareas propias del cargo.
“Debo manifestar que desde la llegada de Usted a la presidencia de Adida, presuntamente se vienen vulnerando mis derechos laborales, primero quitándome mis funciones como secretaria auxiliar en varias dependencias de este ente sindical, y para terminar arrinconada en un espacio que nada tiene que ver con las funciones y cargo contratado, propiciándose con ello que mi salud física y mental se esté deteriorando cada día más”, escribió en una carta del 26 de agosto pasado a la Junta Directiva.
El 5 de septiembre, Sierra puso una queja ante el Comité de Convivencia de Adida en la que relata las ocasiones, además de la anterior, en las que, dice, la presidenta y la fiscal, Sandra Roldán, habrían tenido tratos discriminatorios contra ella.
Relata, por ejemplo, la ocasión en que pidió permiso para irse a su casa porque se sintió enferma, el 31 de agosto de 2023, y Roldán se enojó debido a que no le avisaron, a sabiendas de que por reglamento interno, quien funge allí como jefe de personal es el vicepresidente, y no ella como fiscal.
Igualmente, cuenta cómo un sábado les dieron permiso a los demás para no trabajar, pero a ella la obligaron a asistir y cumplir horario, que le habrían excluido de actividades grupales y que poco a poco le han ido quitando sus herramientas de trabajo, entre otras cosas que considera persecución.
“Estos actos conllevan al único objetivo de intimidarme, opacarme y consumirme emocional e intelectualmente”, apunta en su queja al Comité de Convivencia.
Ante el Ministerio de Trabajo también instauró la denuncia respectiva, pero no ha habido una decisión al respecto.
Sierra es diabética, hipertensa, sufre de depresión y es corta de visión, por lo que su hijo y su esposo se turnan para transportarla entre la casa y el trabajo. “He pedido que me dejen salir temprano pero no me aceptan”, dice.
La historia de Ana María García no dista mucho de la anterior, pero tiene un componente adicional porque, siendo vicepresidenta de Sintraong, tiene actualmente una demanda interpuesta por Adida ante el Juzgado 4 Laboral pidiendo que le quiten el fuero sindical.
Su ingreso al sindicato como ingeniera de sistemas, según relata, se produjo a través de una empresa contratista. Luego se retiró, pero el sindicato la volvió a llamar en 2001, ofreciéndole el reingreso con contrato directo a través de órdenes de prestación de servicios. Posteriormente, justo cuando había ganado un concurso docente en Envigado, en 2005, la motivaron para que no aceptara y la engancharon a término indefinido. Sin embargo, se queja de que, hace casi tres años, decidieron convertirla en secretaria.
“No me bajaron el sueldo, pero no se trata de eso sino de la discriminación; si yo entré contratada como ingeniera de sistemas, cómo es que al cabo de 22 años de servicios deciden cambiarme mi profesión”, apuntó.
En noviembre del 2021, cuando ya llevaba varias quejas ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral, Adida solicitó que se le levantara el fuero sindical, argumentando algunas conductas que consideraban irregulares, como no reportar las incapacidades a tiempo, algo que ella refuta.
También señala a la fiscal Roldán como su principal acosadora y artífice de la demanda al fuero, la cual se complementaría con un proceso disciplinario que, según ella, buscan utilizar para despedirla. Además, afirma están desconociendo que se encuentra en retén social, un periodo que implica una protección especial para el trabajador por ser cabeza de hogar y estar próxima a su jubilación, ya que este mes cumple la edad de retiro.
“Ella constantemente escribe por todo. Si uno atiende bien a los maestros lo hace porque uno está haciendo funciones que no son; uno entra a una incapacidad y le escribe porque se tomó una incapacidad de médico particular, aunque yo le presente la orden del médico de la IPS adscrita a Sura”, dice García refiriéndose a algo que ocurrió en 2021.
El fallo frente al fuero sindical se podría producir para el próximo 8 de octubre.
EL COLOMBIANO buscó a la presidenta y a la fiscal de Adida para conocer su versión. La primera no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp, mientras que la segunda, en un primer momento, contestó de manera contundente: ‘En nuestra organización no hay ningún acoso laboral, no tengo conocimiento del tema’. Sin embargo, al ser interpelada sobre su presunta responsabilidad directa en los hechos, se enojó y cortó la comunicación.
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