Las obras de Pacífico 1 avanzan en el Suroeste antioqueño. El proyecto de autopistas 4G, que prevé la intervención de 50,2 kilómetros de vías, registra hoy una ejecución del 62,72%. Las obras, sin embargo, han generado quejas en lugares como Camilo C, corregimiento de Amagá. Allí, los habitantes tienen varios reparos sobre el tramo de 23,5 kilómetros que se abre paso, frente a sus ojos, entre la tierra, las rocas y el polvo.
La obra completa, que representa una inversión de $2,5 billones, se divide en cuatro unidades funcionales, que impactan directamente a los municipios de Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas. Esta incluye la construcción de dos túneles dobles, 65 puentes y tres intercambios viales de tipo desnivel en Titiribí, La Sinifaná y Camilo C.
Las obras que pasan por este último tramo integran, específicamente, la unidad cuatro del proyecto. La anterior irá hasta Ancón Sur, y trabajan actualmente en una doble calzada hasta Cuatro Palos (5,5 km), la operación y mantenimiento desde este punto hasta Ancón Sur (18 km), 10 puentes y un intercambiador.
Esta etapa registra un avance del 67 % de los trabajos que, según la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico), irían hasta 2022. Pero las obras que se ejecutan en este punto, además de levantar polvo, han generado inconformidades. Los habitantes del corregimiento expusieron que el proyecto, que partió al centro poblado en “tres islas” con sus amplias autopistas, los tiene aislados. Acá comienza la lista de reproches.
¿Peatones perjudicados?
Diana Sánchez, representante de la corporación comunitaria Camilo C, expuso que, con el paso del proyecto, el lugar afronta varias afectaciones. La primera tiene que ver con la movilidad peatonal.
“El lugar quedó dividido. El sector de la parte alta está aislado de la escuela, la Iglesia y los centros deportivos. Ya no se puede llegar ni a la parroquia. La gente decide, mejor, irse a hacer sus vueltas al casco urbano (Amagá)”.
“El lugar quedó partido en tres sectores”, coincidió Raúl Velásquez, director del centro educativo rural Urbano Ruiz. El primero, según describió, comprende la zona de El Hoyo (o de La Virgen) y la escuela; el segundo va desde la escuela hasta La Estación, punto en donde está la iglesia; y el tercero abarca la zona que conecta a los sectores de La Virgen y La Estación. Por todos estos puntos pasan las obras de Pacífico 1.
Lo que argumentan Sánchez y Velásquez es que la concesionaria no les brinda garantías. Solicitan, por ello, tres pasos peatonales elevados. “Aunque la concesionaria viene trabajando en alternativas y nos ha abierto pasos peatonales, como los pare y siga, estos no son constantes. En los fines de semana se evidencia su ausencia. Además, a futuro, los pasos propuestos en las obras podrían ser inseguros e implicar largos trayectos”, dijo Sánchez.
Al respecto, Covipacífico respondió que, desde que se hizo el estudio de impacto ambiental, se encontró que el corregimiento quedaría dividido. Por tal motivo, agregó la concesionaria, se destinó la construcción de un puente vehicular, transitable para peatones, y un paso soterrado (box coulvert), que cuenta con las especificaciones de dimensión y diseño para su uso peatonal.
Estos puntos, según la concesionaria, fueron concertados con diferentes actores del territorio cuando se expuso el proyecto. “Aclaramos que esta solución definitiva, y que avanza en su implementación, se dio de manera concertada y directa. Asimismo, responde a un análisis de movilidad que buscó mitigar los efectos de los desplazamientos entre los sectores”, respondió de manera escrita Mauricio Millán, gerente general de Covipacífico (ver Polémica).
Otras preocupaciones
Además de las quejas por los pasos peatonales, Sánchez agregó que varios habitantes se han visto perjudicados por las detonaciones en el túnel. “Hemos presentado quejas por los daños que estos procesos han ocasionado en las viviendas. Pero, según ellos (la concesionaria), los daños no corresponden al radio de acción de su trabajo”.
En contraposición, Covipacífico indicó que durante la construcción del túnel se han hecho estudios de las vibraciones generadas y estas se han mantenido dentro de los rangos adecuados. “Se ha efectuado revisión y control técnico a cada uno de los casos en los que algunos habitantes manifestaron tener afectaciones por las voladuras en el túnel. Se ha determinado que las afectaciones no tienen relación con las detonaciones realizadas en esta obra”, afirmó Millán.
Otro frente que preocupa a los lugareños es la compensación ambiental. Tras consultar a algunos habitantes, estos manifestaron no saber, con seguridad, cómo será la retribución a su territorio por las obras que hoy acoge. ¿Cuándo se hará la compensación? ¿En qué materias? Son algunas de las preguntas de la gente en Camilo C.
La concesionaria expuso que se avanza en la adquisición de un predio de más de 100 hectáreas. En este se ejecutarán acciones de restauración ecológica y protección ambiental. El proceso, que ha sido concertado con la comunidad, debe surtir una evaluación por parte de la autoridad ambiental competente. Esta arrancó en diciembre pasado, tras negociar el predio.
Dijo, además, que hoy se encuentra en primera etapa de formulación una inversión relacionada con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que asumiría el manejo de más del 80% de las aguas domésticas del centro poblado.
Llamado a la ANI
La comunidad ha solicitado la presencia en el lugar de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comentaron Sánchez y Velásquez, pues consideran que estas entidades deben revisar, de cerca, sus preocupaciones.
EL COLOMBIANO le transmitió a la ANI las solicitudes que hoy hacen los habitantes de Camilo C y, además, le consultó por el seguimiento que les hace a sus concesionarios.
El alcance del proyecto y las obras mínimas que debe ejecutar el concesionario, respondió la entidad, están plasmadas en el Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. La interventoría, según agregó, realizó el respectivo seguimiento y la no objeción de la comunidad a los diseños definitivos, “por lo que no es posible para la ANI exigir obras adicionales que no estén contempladas en el alcance establecido en el contrato de concesión”. Es decir, contractualmente, Covipacífico no está obligada a construir los pasos peatonales demandados.
El seguimiento a la concesionaria, por su parte, se ha hecho mediante una interventoría externa, a cargo del consorcio Servinc-Eta. Este, según sostuvo la entidad, vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales y advierte sobre cualquier irregularidad o incumplimiento.
Con este panorama, parece que las solicitudes de la comunidad de Camilo C no llegarán a materializarse. La concesionaria indicó que las obras a ejecutar fueron acordadas y compartidas con los habitantes del lugar previo a arrancar con el proyecto. La ANI, por su parte, no ha registrado irregularidades. Y Sánchez y Velásquez esperan, entre tanto, que el desarrollo no pase por su territorio en forma de amplias autopistas y solo quede el polvo
23,5
kilómetros es el tramo que va desde Camilo C. hasta Ancón Sur: Covipacífico.
$2,5
billones es la inversión general de los cuatro tramos del proyecto: Covipacífico.
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