La situación migratoria que se vive en el Urabá y que en varias ocasiones se ha tornado en crisis humanitarias fue uno de los temas tratados la semana pasada, en Necoclí, por alrededor de 500 personas de comunidades indígenas, campesinas, líderes sociales, personas migrantes y comunidad de la zona con altos funcionarios del Gobierno Nacional. Tras el encuentro, se definieron algunas rutas para mitigar los problemas al respecto.
Han sido varios los pedidos de las comunidades de esta zona, que abarca municipios de Antioquia y Chocó, para que las autoridades de todos los niveles adopten medidas que permitan resolver las dificultades que se vive por la migración irregular, en la que muchas veces se evidencian vulneraciones a los derechos humanos.
Por ello, tener mayor presencia institucional allí fue uno de los principales acuerdos que se lograron tras esta última reunión, que forma parte de los Diálogos Fronterizos por la Vida, liderados por Migración Colombia y otras entidades del Gobierno nacional.
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Pero, más allá de la presencia, el compromiso de las distintas instituciones es adoptar medidas, como la creación de un Centro de verificación migratoria en Acandí, Chocó, y consolidar el de Necoclí, Antioquia. Asimismo, se realizarán mesas migratorias en Acandí y Turbo, este último también en Antioquia, para tratar los problemas que se generan alrededor de la migración y buscar soluciones.
En vista de la situación que viven los niños y niñas de las familias migrantes, se acordó un trabajo especial con entidades como el ICBF, las comisarías de familia y la Policía de Infancia y Adolescencia. Con esto se busca atender problemáticas como el control de menores de edad que no estén acompañados en los muelles.
“El ejercicio que hicimos de convocar al Gobierno Nacional es muy importante, porque se reconoce la presencia de los pueblos indígenas en el Urabá”, sostuvo Milton Santacruz, integrante del resguardo indígena Caimán Nuevo, quien agregó que se deben crear comisiones de veeduría y seguimiento a los acuerdos logrados.
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El encuentro también permitió que se hicieran unas 11 mesas de trabajo para tratar los principales problemas de la región. Una de las ideas que surgió en estas mesas fue generar un modelo educativo que tenga en cuenta también a la población migrante flotante que busca este derecho en la región.
Además, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, resaltó que “la acción integral del equipo de gobierno es muy importante para poder articular no solamente la intervención en los territorios, sino partir de las necesidades y de los diálogos con la gente”.
