El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó duramente a la Fiscalía General de la Nación luego de que ese ente echara para atrás los beneficios a 16 cabecillas de bandas del Valle de Aburrá a los que se les había suspendido las órdenes de captura por solicitud del Gobierno Nacional.
Planteando que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría faltado al rigor que demandaba una decisión de esa envergadura, Rendón señaló que el historial de las personas a las que se pedía dar el beneficio debía ser revisado con lupa.
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“Permítame referirme a la falta de rigor con que se iba tomando una decisión de esta magnitud en la Fiscalía General de la Nación. Incurrieron en una confusión porque no les habían enviado, conjuntamente con los nombres de los criminales, los alias. Eso se puede buscar hasta en Google. No era sensato tomar una decisión como esa y justificarla pensando en que no le habían enviado la información completa”, criticó el mandatario seccional en diálogo con la emisora Blu Radio.
“Nosotros los colombianos somos los que pagamos con sangre esa falta de rigor. Me parece muy grave y nos queda pendiente el caso de los otros siete criminales que ya estaban en libertad, pero que han seguido delinquiendo”, añadió.
Las declaraciones de Rendón aparecieron luego de que la fiscal Camargo saliera a los medios de comunicación durante la mañana del pasado martes 7 de abril a informar su decisión de echar para atrás la suspensión de órdenes de captura a 16 de los 23 cabecillas que el Gobierno Nacional ha reconocido como interlocutores en la mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá.
El reversazo se produjo una semana después de un intenso debate público, en el que no solo se cuestionó que la medida beneficiaba a cabecillas con grandes condenas por delitos muy graves, sino a otros con investigaciones en curso y que estarían muy cerca de ser capturados.
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“De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, expresó la fiscal Camargo, dando a entender que había confiado en la buena fe de quienes elaboraron la solicitud.
Durante su intervención, Camargo planteó que su despacho no tenía la potestad de incidir en los nombres que aparecían en dichas solicitudes, pero advirtió que el hecho de que tuvieran condenas activas sí restringía de entrada el otorgamiento del beneficio.
La fiscal enfatizó que en la solicitud formulada por el consejero de Paz en ningún lado se aclaraba que había personas privadas de la libertad y mucho menos que estaban cumpliendo sus respectivas penas.
“Esto se habló con la oficina del Consejero Comisionado en presencia del Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Director General de la Policía, el Director de la DIJIN y las personas de la oficina del Consejero. Por eso, se emitió la Resolución 0079, que se comunicó a la oficina del Consejero Comisionado y al INPEC, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura”, agregó en diálogo con la emisora Caracol Radio.
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Precisamente sobre esa situación, Rendón planteó que un órgano con el poder de la Fiscalía no debería tener esa falta de rigor con cabecillas con antecedentes tan sensibles.
“Son criminales muy peligrosos. La Fiscalía pudo haberse abstenido de levantarles esas órdenes de captura. Esperamos que más temprano que tarde pueda reversarse esta situación porque lo que está en juego no es solamente la vida de los servidores públicos, uniformados, investigadores, fiscales y jueces que los pusieron tras las rejas, sino que sigue latente el riesgo electoral por la capacidad de constreñimiento que tienen en los sitios donde han infligido violencia, asesinatos, desplazamientos, tortura y extorsiones”, agregó el gobernador.
Pese a que el grueso de los 23 cabecillas se quedó sin la suspensión, la polémica persiste por otro grupo de siete cabecillas que mantienen los beneficios.
Esta última lista está integrada por Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.
Cabe recordar que este último cabecilla, alias El Montañero, es uno de los más controvertidos, tras ser señalado de ser uno de los líderes de la banda El Mesa, a su vez implicado en el repunte violento por el que atraviesa la subregión del Oriente antioqueño.
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