La Secretaría de Salud de Antioquia le salió al paso al cierre de la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Hospitalarias, que prestó servicios de salud mental en Prado durante 62 años.
La clausura de la sede, que tuvo lugar el 14 de febrero pasado, afectó a 68 pacientes que estaban hospitalizados, y resultó en la desvinculación de 70 de 81 empleados. Todo en medio de la contingencia de salud mental que afronta el departamento.
La Seccional de Salud afirmó que no se trató de una clausura del establecimiento, sino de una suspensión temporal de los servicios como medida de seguridad “por no cumplir” con lo dispuesto en la Resolución 3100 de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
“(...) hemos ofrecido alternativas de solución en diferentes reuniones (...), con el propósito de subsanar los hallazgos y levantar la suspensión (...)”, afirmó Ligia Amparo Torres, secretaria de Salud departamental. Y agregó: “El cierre de la clínica fue decisión propia de los directivos de la institución”.
Según la funcionaria, el centro clínico solicitó en febrero de este año el levantamiento de la suspensión mediante un plan de mejoramiento de ascensor, “lo que no es viable para esta Secretaría acogerse teniendo en cuenta que el decreto 780 de 2016 de Minsalud no permite la suscripción de planes de cumplimiento”.
El ascensor en cuestión se contó entre uno de los problemas que en 2019 tenía la sede, según el Ministerio de Salud. Por ese motivo, desde la Seccional de Salud se abrió una investigación preliminar a la Hermanas Hospitalarias.
Ante solicitudes de ajustes de infraestructura y dotación que vinieron en visitas posteriores por parte de la Seccional, las Hermanas argumentaron que cumplieron con las tareas, según reseñó este diario en un artículo publicado esta semana. El ascensor, que era el tema más crítico, también estaba estudiado y listo para instalación. Ahí vino la suspensión.
Desde el centro clínico interpusieron una tutela en contra de la Seccional, pero el Juzgado Octavo Civil de Ejecución de Medellín la declaró improcedente. El plan de mejoramiento, según las Hermanas Hospitalarias, tampoco les fue aceptado.
“Nos mintieron. Hay un interés político en todo esto”, dijo la Madre Lucy, una de las encargadas de la liquidación de la Clínica. Según ella, hay otros intereses, que trascienden el de la salud mental y se ubican en el campo de apertura de otras clínicas psiquiátricas en la ciudad.