Decenas de casas siguen bajo el agua en Zaragoza mientras 1.200 familias esperan apoyo para rehacer sus vidas tras perder sus hogares y modos de subsistencia, en medio de la peor inundación en más de 40 años, ocurrida el pasado viernes tras el desbordamiento del río Nechí y las quebradas Oca y Juan Vara.
Ayer el gobernador Aníbal Gaviria reiteró el llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que llegue con “soluciones estructurales” como obras de mitigación y planes de reubicación masiva. Sin embargo, a juzgar por las deudas que tiene Zaragoza y buena parte del departamento con la actualización del ordenamiento territorial, las verdaderas soluciones estructurales deben surgir inicialmente desde los propios territorios y no desde el Gobierno Nacional.
Según cifras de Corantioquia, de los 80 municipios en su jurisdicción, 52 ya tienen lista la concertación de los planes de ordenamiento territorial, mientras que nueve están apenas en ese proceso de revisión, ocho están sin concertar y otros once ni siquiera han presentado a la corporación la revisión de estos POT.
Entre estos dos últimos grupos están Zaragoza y todo el Bajo Cauca (salvo Caucasia) y también están Ituango, Betulia y Salgar, municipios donde la tragedia y las emergencias se han cebado contra la población en los últimos años, como la tragedia en Salgar en 2015; el desastre social y económico tras la inundación de Nechí en 2017; y la serie de emergencias que estrangularon al 80% del territorio en Betulia en 2022. Esos hechos, lejos de ser casualidad, son síntomas de las deudas que existen para reordenar el territorio y adaptarlo a la nueva realidad planetaria que impone la crisis climática.
Entre los 26 municipios de Cornare hay 23 con POT de segunda generación concertado. Los que están en deuda son Concepción, Sonsón y Argelia y hay enredos en concejo y alcaldía para aprobar los de San Carlos, San Vicente y Granada, también localidades con una saga de emergencias graves en los últimos años.
Con el futuro comprometido
Según cifras del Planeación Departamental, más de 600 eventos en los últimos 20 años entre inundaciones, vendavales, avenidas torrenciales y movimientos en masa ocurridos en el Bajo Cauca estuvieron potencializados por efectos del cambio climático y la paupérrima incapacidad del territorio para mitigar y adaptarse a esos nuevos fenómenos.
Frente a esta nueva emergencia en Zaragoza, la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, recordó que es “fundamental que los mandatarios electos den prioridad a la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial”.
La directora de la corporación insistió en que son los POT los que realmente permitirán a los municipios encontrar las medidas de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo.
Carlos Fernando Castro, experto en derecho ambiental y consultor estatal de ordenación territorial, señala que es inadmisible que existan municipios y ciudades cuyos planes de desarrollo próximos estén basados en los POT de primera generación, diseñados entre 2000 y 2003, cuando la realidad de los territorios hoy era completamente distinta.
Apunta que en los municipios que ha asesorado, en seis de las nueve subregiones, coincide la alta politización en detrimento de los argumentos técnicos para la actualización de estos instrumentos. Según señala, los concejales y mandatarios a cargo no están priorizando la incorporación en los POT de los estudios de amenazas para poder adaptar a 10, 20 y 50 años los municipios.
Cita varios casos: en el Suroeste, por ejemplo, presentan alta amenaza en seguridad alimentaria por el cambio en los usos de suelo, alentados por la especulación de precios de la tierra y la minería. Pese a esto, no solo no se evidencian estrategias para regularlos sino que encuentran alicientes en estos POT.
Entre los municipios del Oriente existe una amenaza alta frente al recurso hídrico por las tensiones alrededor del uso del agua detrás de lo cual están la voraz expansión urbana, el turismo y las pequeñas hidroeléctricas. Sin embargo, resalta que tampoco hay avances progresivos para otorgarle dientes a los POT para enfrentar estas problemáticas y mucho menos voluntad política.
Pero el caso más crítico es Bajo Cauca. Según el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del departamento, Bajo Cauca tiene bajo amenaza las seis dimensiones que miden el riesgo y la capacidad de adaptación frente a la crisis climática: seguridad alimentaria, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, recurso hídrico, salud, hábitat humano e infraestructura.
El experto señala que los POT del Bajo Cauca deberían tener en marcha desde hace varios años medidas de reconversión de suelos, restauración ecológica de miles de hectáreas degradadas por la minería y la deforestación y una estricta definición de la frontera minera y agropecuaria que se cumpla.
Y es que la emergencia que padece Zaragoza no es una mera contingencia por lluvias. La zona inundable del río Nechí ha sido devastadoramente transformada por la explotación de oro poniendo a miles de habitantes en Caucasia, Cáceres, El Bagre y Nechí bajo alta amenaza ante inundaciones, vendavales y deslizamientos. No tienen herramientas para enfrentar las potenciales tragedias como la ocurrida el viernes que se repetirán, una tras otra, porque las condiciones están dadas para que ocurra.
Decenas de casas siguen bajo el agua en Zaragoza mientras 1.200 familias esperan apoyo para rehacer sus vidas tras perder sus hogares y modos de subsistencia, en medio de la peor inundación en más de 40 años ocurrida el pasado viernes tras el desbordamiento del río Nechí y las quebradas Oca y Juan Vara.
Ayer el gobernador Aníbal Gaviria reiteró el llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que llegue con “soluciones estructurales” como obras de mitigación y planes de reubicación masiva. Sin embargo, a juzgar por las deudas que tiene Zaragoza y buena parte del departamento con la actualización del ordenamiento territorial, las verdaderas soluciones estructurales deben surgir inicialmente desde los propios territorios y no desde el Gobierno Nacional.
Según cifras de Corantioquia, de los 80 municipios en su jurisdicción, 52 ya tienen lista la concertación de los planes de ordenamiento territorial, mientras que nueve están apenas en ese proceso de revisión, ocho están sin concertar y otros once ni siquiera han presentado a la corporación la revisión de estos POT.
31
municipios en Antioquia tienen sus POT desactualizados y sin ningún avance en concertación.
Entre estos dos últimos grupos están Zaragoza y todo el Bajo Cauca (salvo Caucasia) y también están Ituango, Betulia y Salgar, municipios donde la tragedia y las emergencias se han cebado contra la población en los últimos años, como la tragedia en Salgar en 2015; el desastre social y económico tras la inundación de Nechí en 2017; y la serie de emergencias que estrangularon al 80% del territorio en Betulia en 2022. Esos hechos, lejos de ser casualidad, son síntomas de las deudas que existen para reordenar el territorio y adaptarlo a la nueva realidad planetaria que impone la crisis climática.
Entre los 26 municipios de Cornare hay 23 con POT de segunda generación concertado. Los que están en deuda son Concepción, Sonsón y Argelia y hay enredos en concejo y alcaldía para aprobar los de San Carlos, San Vicente y Granada, también localidades con una saga de emergencias graves en los últimos años.
Con el futuro comprometido
Según cifras del Planeación Departamental, más de 600 eventos en los últimos 20 años entre inundaciones, vendavales, avenidas torrenciales y movimientos en masa ocurridos en el Bajo Cauca estuvieron potencializados por efectos del cambio climático y la paupérrima incapacidad del territorio para mitigar y adaptarse a esos nuevos fenómenos.
Frente a esta nueva emergencia en Zaragoza, la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, recordó que es “fundamental que los mandatarios electos den prioridad a la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial”.
La directora de la corporación insistió en que son los POT los que realmente permitirán a los municipios encontrar las medidas de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo.
Carlos Fernando Castro, experto en derecho ambiental y consultor estatal de ordenación territorial, señala que es inadmisible que existan municipios y ciudades cuyos planes de desarrollo próximos estén basados en los POT de primera generación, diseñados entre 2000 y 2003, cuando la realidad de los territorios hoy era completamente distinta.
Apunta que en los municipios que ha asesorado, en seis de las nueve subregiones, coincide la alta politización en detrimento de los argumentos técnicos para la actualización de estos instrumentos. Según señala, los concejales y mandatarios a cargo no están priorizando la incorporación en los POT de los estudios de amenazas para poder adaptar a 10, 20 y 50 años los municipios.
Cita varios casos: en el Suroeste, por ejemplo, presentan alta amenaza en seguridad alimentaria por el cambio en los usos de suelo, alentados por la especulación de precios de la tierra y la minería. Pese a esto, no solo no se evidencian estrategias para regularlos sino que encuentran alicientes en estos POT.
Entre los municipios del Oriente existe una amenaza alta frente al recurso hídrico por las tensiones alrededor del uso del agua detrás de lo cual están la voraz expansión urbana, el turismo y las pequeñas hidroeléctricas. Sin embargo, resalta que tampoco hay avances progresivos para otorgarle dientes a los POT para enfrentar estas problemáticas y mucho menos voluntad política.
Pero el caso más crítico es Bajo Cauca. Según el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del departamento, Bajo Cauca tiene bajo amenaza las seis dimensiones que miden el riesgo y la capacidad de adaptación frente a la crisis climática: seguridad alimentaria, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, recurso hídrico, salud, hábitat humano e infraestructura.
El experto señala que los POT del Bajo Cauca deberían tener en marcha desde hace varios años medidas de reconversión de suelos, restauración ecológica de miles de hectáreas degradadas por la minería y la deforestación y una estricta definición de la frontera minera y agropecuaria que se cumpla.
Y es que la emergencia que padece Zaragoza no es una mera contingencia por lluvias. La zona inundable del río Nechí ha sido devastadoramente transformada por la explotación de oro poniendo a miles de habitantes en Caucasia, Cáceres, El Bagre y Nechí bajo alta amenaza ante inundaciones, vendavales y deslizamientos. No tienen herramientas para enfrentar las potenciales tragedias como la ocurrida el viernes que se repetirán, una tras otra, porque las condiciones están dadas para que ocurra.
