El caso tiene como protagonista a un corporado de Cambio Radical, a quien investigaban por hechos ocurridos en el periodo 2020-2023.
Todo un chicharrón político se formó en el municipio de Copacabana por cuenta de la salida de uno de los actuales concejales del cabildo municipal a raíz de un suceso ocurrido en la anterior legislatura. En síntesis, y usando una alegoría futbolística muy chambona, le sacaron tarjeta roja cuando el partido ya se había acabado.
El caso lo sacó a la luz pública el medio especializado en política local Antioquia Amanece, que brindó detalles del suceso. Según Antioquia Amanece, el caso tiene como protagonista al joven concejal Juan Sebastián Hernández Foronda, del partido Cambio Radical; al que, mediante un reciente fallo del Consejo de Estado, le decretaron la pérdida de investidura, pero del periodo 2020-2023.
Ante lo particular y espinoso de hacer cumplir una norma sobre un periodo que ya pasó, la presidencia actual del Concejo de Copacabana decidió declarar la vacancia de la curul mediante resolución del presente año.
Para entender bien el asunto hay que remontarse al 2023, resulta que –según la información que conoció EL COLOMBIANO– una demanda de pérdida de investidura fue presentada contra Hernández Foronda (en ese entonces concejal) por un particular.
La demanda se fundamentó en que Hernández siendo concejal durante el período 2020-2023, ocupó simultáneamente un cargo como representante del Concejo Municipal ante la Junta Municipal de Educación JUME.
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Según el accionante, esta actuación vulneró el régimen de incompatibilidades, específicamente el numeral 3.º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que prohíbe a los concejales ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del municipio.
Según el quejoso, en 2023, cuando fue nombrado parte de la Jume, Hernández asistió a varias sesiones ordinarias y extraordinarias antes de presentar su renuncia en mayo de ese mismo año a la Jume.
El accionante argumentó que esta dualidad de funciones es incompatible, ya que la Jume es una entidad que cumple funciones administrativas dentro del sector central de la administración municipal. Y por ello el concejal había incurrido en una incompatibilidad que le debería costar la curul.
Por su parte, la defensa del concejal sostuvo que su participación fue en calidad de invitado, con voz pero sin voto, y que actuó bajo la convicción de que era un deber legal derivado de su cargo.
De hecho, en el acta de constitución de la Jume aparece que en la composición de la junta debe estar un representante del Concejo Municipal, quien debe ser un corporado de la Comisión Tercera “el cual servirá de conector de las acciones educativas analizadas y las decisiones del honorable concejo. Dicho concejal tendrá voz pero no voto”.
En su defensa, el concejal Hernández Foronda también alegó la ausencia de dolo o culpa grave, argumentando que era un ciudadano joven sin formación jurídica especializada y que simplemente cumplió con una designación tradicional de la corporación.
Sostuvo además que la JUME no es un órgano de administración con poder decisorio, sino un espacio de participación social consultivo.
La defensa hizo hincapié en que el concejal actuó de buena fe, confiando en la legalidad del acto administrativo de su nombramiento y en la asesoría del propio Concejo Municipal.
Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia como el Consejo de Estado en segunda instancia, desestimaron estos argumentos al analizar el elemento objetivo de la conducta.
Las fuentes señalan que la jurisprudencia de la Sección Primera ha sido clara desde el año 2010 en establecer que las Juntas Municipales de Educación forman parte del sector central de la administración pública. El fallo determinó que, aunque la ley mencione un "representante del Concejo", este no debe ser un concejal activo, ya que esto compromete la independencia de la corporación administrativa frente al ejecutivo municipal.
Finalmente, en sentencia de octubre de 2025, el Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura de Hernández. La Sala consideró que la conducta del concejal fue gravemente culposa, ya que es un deber general de todo servidor público conocer el marco normativo e incompatibilidades de su cargo.
Se concluyó que el error era vencible, pues el accionado contaba con formación académica y profesional para comprender la prohibición o, en su defecto, debió buscar asesoría jurídica idónea para evitar incurrir en la falta que finalmente llevó a la cancelación de su credencial para el período 2020-2023.
La cuestión es que, como se mencionó más arriba, ya pasó el periodo sobre el cual debería recaer la sentencia.
Ante esta situación, según Antioquia Amanece, el corporado pidió al Consejo de Estado una aclaración, ya que actualmente se encuentra rigiendo un nuevo periodo electoral. Sin embargo, el Alto Tribunal habría dicho, palabras más, palabras menos, que “no hay nada que aclarar”.
De otro lado, la presidencia del Concejo de Copacabana también pidió aclaración ante el Tribunal Administrativo, pero allí, grosso modo, les dijeron que interpretaran el cumplimiento sobre la sentencia.
Siendo así las cosas, se habría expedido la Resolución 011 desde el Concejo de Copacabana, donde se habría declarado la vacancia de la curul de Hernández.
Tras conocerse la decisión y en sesión del concejo, el cabildante indicó que saldría del recinto, pero que a su vez iba a interponer los respectivos recursos de ley ante la particular decisión.
“Me retirran más por presiones políticas que por claridad jurídica. Yo no me lo esperaba... A mí sí me habían dicho que la política es el peor escenario para hacer mezquindades”, comentó en la sesión, dejando de fondo una posible jugarreta política para sacarlo del camino.
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