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¿El excontralor Sergio Zuluaga volvió a la casa que le había quitado la SAE?
Vecinos dicen haberlo visto en últimos 15 días. Y esposa firmó contrato de arriendo irregular.
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En la Urbanización Olivares, que es vecina del predio del Space, está ubicada la mansión con piscina privada. El inmueble es administrado por la SAE. FOTO el colombiano
Los vecinos de la urbanización Olivares, cerca de la Transversal Superior, andan extrañados porque al parecer volvió un vecino que les ocasionó más de un dolor de cabeza. Se trata del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien —según versiones de vecinos— volvió a la mansión que le había sido confiscada por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría en una sentencia que fue confirmada hace un año. Además, el excontralor es investigado por la Fiscalía por presuntos malos manejos en dicho cargo, en el que habría obtenido plata desviando investigaciones. Con las ganancias de las presuntas triquiñuelas, Zuluaga compró la casa que le había sido confiscada por la SAE, la misma en la que estaría viviendo hace un par de semanas. La historia es la siguiente.
La mansión había sido arrendada por parte de la SAE a un funcionario de las Naciones Unidas en un contrato que terminó el 31 de agosto.
La casa quedó vacía unos meses y la primera semana de diciembre, María Elena Berrío, acompañada por Laura Victoria Botero —esposa de Zuluaga—, se mudó a la casa. Se presentaron ante la administradora de la urbanización Olivares con un contrato de arrendamiento en sus manos en el que Berrío actuaba como la arrendataria y, extrañamente, la misma Botero aparecía como arrendadora en representación de la SAE.
Es decir, la esposa del excontralor Zuluaga, Laura Botero, actuó como si fuera la dueña, a nombre de la SAE, y se lo arrendó a Berrío. No obstante, a quienes han visto ocupando la casa es al excontralor y a su familia.
Después de presentar el ‘contrato’, que la administradora tomó como cierto pero que la SAE ahora mismo está investigando, Laura Botero pagó en efectivo la cuota de administración para estar al día y poder entrar con el trasteo a la mansión.
Toda la historia fue conocida por la SAE ayer cuando realizaron una visita al conjunto residencial después de que en redes sociales se conoció la denuncia contra el excontralor. Allí se encontraron con la anómala historia, pero no encontraron rastro de Zuluaga.
Cuando los funcionarios de la SAE llegaron al conjunto, recibieron toda la información por parte de la administración, que a su vez aclaró que no tenía ninguna copia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, María Elena Berrío hizo llegar a través de WhatsApp el contrato en el que se encontraron presuntas inconsistencias.
Entre las anomalías del documento se encontró que no tenía el formato oficial de la SAE, que es la entidad que actúa como albacea de los bienes que el Estado les decomisa a corruptos, integrantes de grupos ilegales o de mafias. Se trataba de un formato tipo Minerva diligenciado a mano alzada —al parecer— por la misma Botero.
Los funcionarios de la SAE intentaron hacerle preguntas a Berrío, pero al otro lado de la línea ella aseguraba que no estaba entendiendo nada, que al parecer la comunicación estaba fallando. Luego colgó.
Durante la inspección de la SAE, la administración del conjunto comentó que el contrato que se les había compartido por WhatsApp no correspondía con el que Botero les había mostrado el día de la mudanza, pues el “original” sí tenía “logos de la SAE y estaba en formato de arrendamiento que utiliza esta entidad”.
Fuentes de la SAE indicaron que iniciarán un proceso para verificar la procedencia de los documentos presentados por la esposa de Zuluaga y, en caso de confirmar que se trata de un contrato apócrifo, emprenderían la respectiva denuncia penal por falsedad en documento y suplantación de funcionario público.
Otras fuentes consultadas por este diario contaron que el inquilino de las Naciones Unidas estaba aburrido porque el excontralor Zuluaga llamaba constantemente a pedirle que lo dejara entrar y hasta, supuestamente, le pidió que lo dejara vivir en una parte del inmueble, pues “era demasiado grande como para albergar dos familias”.
Cabe recordar que este inmueble ha sido el foco de varias polémicas por las actuaciones de Zuluaga. En 2019, el concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció que el entonces contralor quiso ampliar el terreno que tenía en la urbanización ocupando una parte del lote del edificio Space, moviendo la cerca más de 400 metros cuadrados.
Al finalizar la visita, la SAE dejó un documento para que Laura Victoria Botero y María Elena Berrío entreguen de manera voluntaria el inmueble.
EL COLOMBIANO se comunicó con Botero, quien prefirió no referirse al tema.
