A escasas semanas de las elecciones legislativas, varias regiones de Antioquia están en máxima alerta por las presiones que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc podrían ejercer sobre la población civil. Así lo advierte el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien señaló que las autoridades emprendieron una cruzada para garantizar la seguridad de esa jornada.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario pasó revista a la situación de orden público del departamento.
Entre los temas que más le preocupan está el bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios, que, pese no tener todavía datos exactos por parte de la Fiscalía, califica como “sumamente bajo” y como un aliciente para que los violentos sigan delinquiendo.
Martínez cuestionó la gestión de seguridad del Gobierno Nacional, al que le reprochó su desfinanciamiento de la Fuerza Pública en el departamento –cuya dotación tuvo que echarse al hombro la Gobernación– y su política de Paz Total, a su juicio principal responsable de que los armados se hayan empoderado en muchos municipios.
De igual forma, el funcionario entregó detalles sobre la crisis de orden público que atraviesa el Oriente, por cuenta de una guerra entre El Mesa y el Clan del Golfo.
Estamos de cara a las elecciones y se teme por la incidencia de las bandas criminales en los comicios, ¿cómo se están preparando de cara a la próxima jornada electoral?
“Nosotros venimos trabajando con la Registraduría, que está acá en el territorio, en reuniones por las regiones. Estamos revisando el potencial electoral, los puestos y las mesas de votación y mirando las situaciones de orden público para la toma de decisiones. Quisiéramos, y es nuestra obligación como Estado, que las elecciones se lleven de manera libre en Antioquia y que no haya que trasladar ninguna mesa de votación por situaciones de orden público”.
¿Hay alertas de constreñimiento por parte de las bandas criminales para estas elecciones?
“Sí, claro. Hay una alarma especial sobre el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño especialmente”.
¿Qué tipo de constreñimiento?
“El constreñimiento que siempre se ha dado. Constriñen a los habitantes rurales para que no acudan a las mesas de votación a ejercer el derecho, o constriñen para que acudan, de manera masiva, a votar por determinado candidato”.
¿Y cómo lo vienen haciendo?
“Hemos tenido conocimiento que en estas subregiones hay un censo por parte de los grupos armados ilegales. Muy seguramente ese censo va a ir acompañado más adelante del constreñimiento. Nuestra Policía y nuestro Ejército van a estar en todo el territorio para que se pueda ejercer el libre derecho al voto”.
Es curioso que esto se presente en territorios con predominio de la minería ilegal, ¿qué relación hay con este fenómeno?
“Ahí tenemos muy focalizados grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Son criminales dedicados exclusivamente al control de las rentas criminales, especialmente la minería ilegal, el narcotráfico, los laboratorios y las rutas del tráfico de drogas y de armas en estas subregiones que le acabo de comentar”.
¿Cómo hacen para enfrentar a estos grupos armados, teniendo en cuenta la disminución en la cantidad de personal de la Fuerza Pública?
“El Ejército y la Policía hacen el trabajo que les corresponde, pero ellos no pueden estar en el territorio de manera permanente. A esto le sumamos la disminución de la Fuerza Pública, que hace 15 años, cuando era el comandante de la Policía Antioquia, tenía casi 9.000 hombres. Ahora, creo, que se superan los 5.000 mal contados”.
¿A qué se debe esta reducción?
“Son muchos factores. Lo primero es que los jóvenes no se inclinan mucho por ser policías o militares y actualmente tienen muchas más opciones. A esto se suma la desmotivación para la incorporación para pagar el servicio militar. Esto lleva a que haya una disminución de presencia en la zona rural y esto lo aprovechan las bandas criminales, que sí pueden estar allá todo el tiempo. Por ejemplo, tanto en Anorí como en Briceño hay presencia permanente de las disidencias de las Farc”.
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¿Ustedes tienen territorios en los que se les hace imposible entrar?
“Nosotros hemos ido a todo el territorio con la seguridad que nos brinda la Fuerza Pública, pero reconocemos que hay territorios internos como Las Auras o Guarimán El Hoyo, en Briceño, donde si bien hay presencia militar, hay mucho riesgo porque son zonas con control permanente por parte de las disidencias de las Farc. Nada más la semana pasada tuvimos un enfrentamiento de la Junta de Acción Comunal y la población de Guarimán El Hoyo contra el Ejército para que no siguieran haciendo operaciones en el territorio. Y todo porque son instrumentalizados por los grupos ilegales”.
¿Y qué se presume que estarían cuidando? ¿Cultivos ilegales o rutas del narcotráfico?
“Como dice nuestro gobernador, hoy en día no es una lucha contra insurgentes o contrainsurgentes, sino que ambos son lo mismo: narcotraficantes que están dedicados al cultivo y procesamiento de cocaína. Hay que tener en cuenta que en Antioquia aumentó, aproximadamente, en 23.000 hectáreas los cultivos de coca en el 2024. Aún no tenemos el registro de 2025”.
¿En qué se diferencian las dinámicas criminales en las subregiones de Antioquia?
“Antioquia tiene una problemática especial por territorios. Cuando hablamos de Bajo Cauca, Norte y Nordeste, estamos hablando de grupos armados, enfusilados y uniformados, que patrullan el campo como si fueran ejércitos regulares y que están detrás de todas las rentas y criminales que se generan en el territorio, como el narcotráfico, los laboratorios, la minería ilegal y control de rutas. Esa problemática en el Suroeste y el Oriente cercano se enfoca más en el tráfico de sustancias alucinógenas en menores cantidades o lo que se llama el microtráfico”.
Preocupa el Suroeste por la cantidad de homicidios que se han registrado, se habla más de 600 en los últimos años. ¿Qué es lo que viene pasando?
“Durante el periodo transcurrido en este gobierno, en Jardín, Andes, Hispania, Betania y Ciudad Bolívar se han presentado casi 250 homicidios. Eso solamente en esos cinco municipios, porque si contáramos los 23 municipios de la subregión van más de 600 homicidios desde 2024”.
¿Por qué no han podido controlar estas problemáticas?
“La problemática es sumamente particular y compleja y tiene muchos aditamientos que no nos ayudan a solucionarla. Hemos tenido toda la voluntad y toda la decisión para solucionar el problema, pero nosotros como administración departamental solos no podemos, porque esto es una integralidad”.
¿Qué les hace falta para que esto funcione distinto?
“Hay que tener en cuenta que Colombia tiene en una legislación especial establecido el tema de los derechos humanos. El problema es que parece que los derechos humanos en este país sólo fuera para los bandidos y no para las víctimas. Lo digo porque el derecho humano protege más al victimario que a la víctima. Entonces uno ve que capturan y ponen a disposición a una persona y entonces los jueces y los fiscales, en la gran mayoría de veces, los dejan en libertad por diferentes circunstancias que hay dentro del sistema penal acusatorio. Todo tiene que ser muy pulido, muy bien hilvanado, para uno lograr que un bandido pueda ser procesado”.
De la cantidad de homicidios en Antioquia, ¿cuántos se han esclarecido?
“Hay un nivel de esclarecimiento de los homicidios muy bajo en el Suroeste. Hay un nivel de impunidad muy alto, no sólo en esa subregión, sino en todo el departamento”.
¿Tiene la cifra del nivel de esclarecimiento?
“No le tengo el dato exacto. De hecho, acabo de hacer un derecho de petición que le envié a la Fiscalía para que me diga de esos casi 600 homicidios del Suroeste, cuál es el nivel de esclarecimiento para poder establecer el nivel de impunidad. Pero sin tener datos exactos, me atrevo a decir que el nivel de esclarecimiento es sumamente bajo y ese es un aliciente para que los criminales sigan cometiendo delitos”.
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¿Ustedes saben quiénes están delinquiendo en el Suroeste?, ¿los tienen identificados?
“Los tenemos individualizados a los cabecillas principales y por ellos hemos ofrecidos recompensas permanentemente. Lo complejo es que el Clan del Golfo tiene una renovación inmediata porque hace poco capturamos a alias El Guajiro, quien estaba detrás de una gran cantidad de homicidios y varios delitos que se le pueden imputar, pero en estos momentos ya tiene reemplazo. Se demora más la fuerza pública en capturarlos que ellos en reemplazarlos”.
¿En qué medida la Paz Total ha afectado la seguridad en el departamento?
“La Paz Total, creo yo, es el principal aliciente para que los criminales sigan cometiendo delitos, porque a pesar de que hay unos diálogos, que hay unas mesas establecidas, ellos siguen cometiendo delitos. Yo veo que salió un titular de prensa que decía que renovaban los diálogos con el Clan del Golfo y este grupo es el que más homicidios comete en el departamento, más que las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc”.
Del total de los homicidios en Antioquia, ¿cuántos se le pueden atribuir al Clan del Golfo?
“Yo me atrevo a decir que un 80% - 85% de los homicidios son entre integrantes de organizaciones delincuenciales enfrentadas al Clan del Golfo, que es considerada un Grupo Armado Organizado, más conocido como GAOR”.
¿Ser un GAOR es de menor o de mayor nivel en el mundo criminal?
“Es el más alto nivel y cuando tienen ese nivel se les puede atacar militarmente. Cabe destacar que el Clan del Golfo es el único actor armado en el territorio que ha sido bombardeado, porque ni las disidencias de las Farc ni el ELN. Eso es distinto a un Grupo de Delincuencial Común Organizado (GDCO), como es el caso de El Mesa, que ya debería ser considerado un GAOR porque está en el Oriente, en el Occidente, en el Nordeste y en el Norte. Tienen fusiles y participaron en la masacre de junio de 2024 en Rionegro, donde mataron a siete personas”.
Usted habla que bandas como El Mesa se han expandido desde el Valle de Aburrá hacia otros lugares, ¿cuáles son las otras estructuras que lo estarían haciendo?
“Tenemos presencia de La Terraza en el Suroeste, de Pachelly en el Norte, de La Miel (Caldas) en parte del Suroeste. Muchas de ellas se han ido expandiendo y terminan enfrentadas con el Clan del Golfo”.
¿Entonces lo que hay es una disputa entre estas estructuras para manejar el orden público en el departamento?
“Lo que he visto es una falta de decisión del Gobierno Nacional por diseñar una estrategia que nos permita ser más permanentes en el territorio, no sólo en el ataque a los miembros de estas organizaciones tanto desde lo judicial, militar y policial, como desde las finanzas”.
¿En el tema financiero, la minería ilegal se convirtió en el principal combustible para los grupos criminales?
“La minería ilegal está desbordada y detrás de la minería ilegal están los grupos armados ilegales. La Policía captura o pide un registro a alguien a quien le encuentran 1, 2 o 3 kilos de oro, sin documentos, y lo que se hace es incautar y poner a disposición del alcalde municipal. Usted le coge a una persona un kilo de droga, un kilo de coca y eso lo lleva a la cárcel. Entonces la minería ilegal hoy en día es el principal dinamizador de la criminalidad porque es lo que más dinero les está dando y no corren ningún riesgo”.
Desde el fin de semana se viene presentando una racha de asesinatos en el Oriente antioqueño, ¿qué viene pasando?
“Hemos tenido un incremento de muertes y por eso llevaremos a cabo una reunión de seguridad el lunes para tomar cartas en el asunto. Lo que buscaremos es volcar los ojos de todas las autoridades y que se haga un trabajo especial para contener el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y El Mesa por el tema del microtráfico”.
¿Estas situaciones hacen complejo que las personas puedan salir de Medellín a otros municipios?
“Lo primero que quiero decirle a la comunidad es que deben confiar en las autoridades, tanto civiles como en los organismos de seguridad y de justicia. Todos estamos trabajando de manera coordinada para tratar de solucionar esta situación”.
¿Qué balance hace de la tasa de seguridad que impuso el gobernador?
“Lo veo altamente positivo porque este Gobierno le recortó mucho al presupuesto de la defensa. Hoy a la Fuerza Pública se le tiene que dar todo desde las gobernaciones. Imaginen otros dándole botas a los militares, cuando eso es una dotación elemental que viene del gobierno central. Es que la obligación en el tema de dotación de la Fuerza Pública no es de los gobernadores ni de los alcaldes. Lo más triste es que el presupuesto que les dan desde el Gobierno Nacional es tan irrisorio que a la Gobernación de Antioquia le está tocando darle a la Policía y el Ejército muchas cosas que son del orden nacional”.
¿Cuánto se ha recaudado con la tasa de seguridad?
“Con esta tasa se ha recaudado $1 billón 87.000 millones y no alcanzamos a solucionar todos los problemas que tienen. Nosotros estamos pendientes de darle a la Policía y al Ejército drones y antidrones y estamos en la adquisición de motocicletas y vehículos blindados. También le estamos dando mantenimiento a las instalaciones para que vuelvan a ser dignas para quienes las ocupan, porque cuando llegamos encontramos estaciones y batallones literalmente caídos”.
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