El proceso para revocar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se convirtió en un tire y afloje de alegatos, acusaciones y discusiones en las redes sociales. Pero tal vez lo más relevante se ha jugado en el plano jurídico.
El comité que busca la dimisión del mandatario, que está compuesto por cinco colectivos, ha interpuesto dos acciones de tutela para evitar la para del proceso. Y, justamente, otra tutela, interpuesta por un ciudadano y admitida por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, tiene la recolección de firmas suspendida desde el 23 de junio.
Todo comenzó el pasado 4 de enero, cuando el comité revocatorio se inscribió ante la Registraduría. El 25 de ese mismo mes, los contradictores y el alcalde se vieron las caras en la audiencia de revocatoria. Una vez pasada esa discusión, estaba pactada la entrega de planillas por parte de la Registraduría. Pero las cosas cambiaron el 1 de febrero.
Ese día, la Registraduría suspendió el trámite de revocatorias de mandato en el país. El argumento fue el crecimiento exponencial de la pandemia. La entidad envió un oficio al Ministerio de Salud para que, una vez se prestaran las condiciones de salubridad, se les autorizara a seguir con dichos procesos.
Julio Enrique González, miembro del comité que busca la revocatoria y quien fue vocero en la audiencia pública, consideró que esta suspensión “no tuvo sustento”. Advirtió: “El registrador, sin ningún acto administrativo, le hizo una zancadilla al proceso. Lo hicieron por un comunicado de prensa. Finalmente, Minsalud contestó que ya estaban los protocolos de bioseguridad para seguir con la recolección de firmas. Eso fue en marzo”.
Como la Registraduría se demoró para entregar las planillas, el comité interpuso dos acciones de tutela para que estas fueran repartidas lo más pronto posible. El 5 de mayo de 2021, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia de segunda instancia ordenando a la Registraduría entregar las planillas en un lapso de 48 horas. “La Registraduría no obedeció. Eso es un fraude a resolución judicial. Entonces decidimos denunciar penalmente al registrador ante la Fiscalía y la Procuraduría, por el incumplimiento de sus funciones”, precisó González.
Ante este hecho, este diario se puso en contacto con la Registraduría. Sin embargo, desde allí respondieron que no podían pronunciarse hasta que no haya un fallo de un juez al respecto.
El otro tropiezo del proceso sucedió el pasado 21 de mayo, cuando la Procuraduría pidió la designación de un alcalde ad hoc que se encargara de vigilar los protocolos de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas. Esto, después de que el mandatario Daniel Quintero se declarara impedido para tal labor.
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