Mientras uno de los abogados que representa a los reclamantes envió una carta tanto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gerente de EPM, Jhon Maya Salazar, buscando que se llegue a un acuerdo antes de que el asunto escale a los estrados, desde EPM se sostiene que esa gestión predial se hizo de forma rigurosa.
“Existe una franja de aproximadamente 800 hectáreas cubiertas por el embalse y ocupadas con la zona de reserva, que fueron adquiridas de manera precipitada, maliciosa y sin sentido, como es, por ejemplo, comprar la posesión material a alguien sin tener plena prueba de su existencia y si la posesión material que alega el vendedor, cubre la totalidad del predio sobre el cual se ejerce aquella”, se lee en uno de los oficios enviados a EPM y el gobierno distrital, que parece firmado por el abogado Mario Jiménez Cadavid.
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Las claves del lío
Para comprender el reclamo, hay que remontarse a 2019, un año en el que si bien la mayor parte de los reflectores estaban sobre la suerte de las obras para recuperar el control de Hidroituango —siniestrado desde abril de 2018 cuando colapsó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD)— EPM también avanzó en varias compras necesarias para hacerse a la propiedad de tierras adyacentes al embalse, incluido un paquete de predios ubicados en jurisdicción de Peque.
En una zona que ha sentido especialmente los embates del conflicto armado, el abogado Jiménez sostiene que cuando empezó el proceso de gestión predial muchos de los legítimos propietarios de la tierra no estaban en el municipio, lo que llevó a que la compañía supuestamente iniciara negociaciones con familias que estaban asentadas en la zona como poseedores y no como legítimos propietarios.
Si bien el área de gestión predial del proyecto es mucho más amplia, en este caso la controversia se centra en 800 hectáreas, que podrían valer hasta $16.000 millones según Jiménez.
En un recuento histórico anexado por el abogado a la carta enviada a EPM, este sostiene que los registros más antiguos de esa propiedad se remontarían hasta el siglo XIX, cuando en 1882 varias tierras que formaban parte del resguardo indígena de Sabanalarga fueron entregados al cacique Rozo Sucerquia, quien luego los heredó a su hija Narcisa Sucerquia y luego esta a su hija María Sucerquia.
“La última heredera de Rozo Sucerquia fue su nieta María Sucerquia, quien el 16 de mayo de 1908, por medio de la escritura 21 otorgada ante el Secretario del Concejo Municipal de Sabanalarga, transfirió el dominio sobre los predios situados en las comunidades de Barbacoas y Jerigua, lo mismo que en el Alto o Páramo de San Pedro y San Pablo, al señor Alejandro Piedrahíta”, dice Jiménez, apuntando que este mismo hombre repartió sus bienes en un testamento de 1937 a varios miembros de una familia apellidada David, cuyos descendientes son los que ahora reclaman.
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Haciendo un ejercicio de síntesis, Jiménez asevera que EPM le compró los terrenos en cuestión a personas diferentes a los propietarios legítimos, que habrían tenido que huir del municipio por la violencia. Al ser consultada sobre el tema, EPM señaló que esta no es la primera vez que abogados envían peticiones a la empresa pidiendo revisar la gestión predial del proyecto, que, sostuvo, se ha realizado de forma rigurosa y se ha defendido en procesos judiciales.
“EPM ha recibido varias peticiones de abogados que manifiestan representar a personas que afirman tener derechos sobre predios ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y que solicitan adelantar negociaciones sobre estos con la entidad, como ejecutora del proyecto.
La empresa ha sido citada a conciliaciones en relación con estos hechos y se han presentado acciones de tutela que han sido falladas en favor de EPM”, expresó la empresa en una respuesta escrita entregada a este medio. De igual forma, EPM sostuvo que en la adquisición de predios se hicieron estudios cartográficos y de títulos, y una verificación predial en convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro y Catastro Departamental.Entre tanto, el abogado Jiménez señaló estar dispuesto a ir a los estados para que la empresa para resarza los perjuicios a los propietarios a su juicio legítimos de la tierra.
