Antioquia

Los efectos de la ausencia de Aníbal Gaviria en la Gobernación

Suárez se pregunta si los proyectos enviados a la Nación van lento por esa situación. Otros piden elecciones.

Buscamos la opinión de Aníbal Gaviria, pero prefirió guardar silencio. Su próximo paso será insistir, en segunda instancia, en que le revoquen la medida de aseguramiento. FOTO julio C. herrera

22 de junio de 2021

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En medio de las celebraciones por la inauguración de la nueva Línea P del metrocable, que llega hasta Picacho, el gobernador (e) Luis Fernando Suárez vivió una sensación agridulce al tomar el micrófono en el atril.

“Me emociona estar aquí con ustedes, aunque tengo que reconocer que quien debería llevar esta vocería es Aníbal Gaviria Correa, en cuyo gobierno de Medellín (2012-2015) no solo se soñó este proyecto, sino que se definió la ruta de financiación. Cuánta falta le hace a Antioquia su liderazgo”, declaró el pasado 10 de junio, ante un público conformado por el presidente Iván Duque, el alcalde Daniel Quintero y otras personalidades.

No es la primera vez que Suárez siente algo parecido. En una conversación en EL COLOMBIANO, reconoció que “a mí me duele el corazón cuando veo en una placa el nombre mío, porque creo que es injusto, para mí es muy duro, estoy en estas circunstancias, lo asumo con amor y compromiso, pero pienso en el ser humano que está separado de su cargo”.

La situación también plantea una compleja verdad: de los 18 meses que han transcurrido desde el inicio de su mandato (enero de 2020), Aníbal Gaviria ha estado 10 al frente de la Gobernación, por cuenta del proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación en 2004, que le ha generado dos detenciones domiciliarias y sendas suspensiones del cargo.

¿De qué manera se ha visto perjudicada la gobernanza en el departamento debido a su ausencia?

Néstor Restrepo Echavarría, Doctor en Política, Comunicación y Cultura de la U. Complutense de Madrid (España), y coordinador de la Maestría en Comunicación Política en Eafit, comentó que “esta figura del gobernador encargado ha afectado la confianza en las instituciones, porque en la práctica está gobernando alguien que la ciudadanía no eligió”.

Sin embargo, agregó que “el encargado ha cumplido una labor interesante, aunque no tenga toda la experiencia política de Gaviria. Es la primera vez que estamos viendo a un servidor público desempeñando su labor de manera técnica, y no a un político gobernando, que es lo que siempre hemos tenido”.

A pesar de esto, “el gobernador encargado está siguiendo un guion, que prioriza unos asuntos, y deja otros de lado. Por ejemplo, veo a los municipios muy a la deriva”, opinó el docente.

Luis Peláez, diputado opositor en la Asamblea de Antioquia, indicó que, según él, Gaviria sigue dando órdenes desde su domicilio, sin embargo, sin su presencia todo se ha vuelto más lento.

“En muchos casos se ha observado que Luis Fernando Suárez no toma decisiones, entonces tiene que consultar a Gaviria. No funciona, en ningún gobierno, una persona que tenga que esperar a otros y actuar por interpuesta persona”, dice el diputado.

El funcionario estimó que algunos proyectos importantes, como el desarrollo de los puertos de Urabá, parecen no avanzar. “Entre las situaciones frenadas está también lo relacionado con Hidroituango, donde hay ausencia de decisión frente a lo que pasa. Vemos a un alcalde de Medellín generando complicaciones y Suárez evita la confrontación, porque no tiene la legitimidad del pueblo, eso es un problema”, dijo Peláez.

El propio Suárez se ha preguntado si con Gaviria no avanzarían más rápido algunos de los proyectos en los que Antioquia requiere del patrocinio financiero de la Nación (ver entrevista anexa).

¿Otra votación o esperar?

Óscar Santamaría, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, argumentó que es muy probable que Gaviria no logre superar su proceso penal antes de que culmine su periodo de gobierno (2023), debido a los tiempos que tardan esta clase de expedientes en el país.

“Su caso apenas está en la etapa de resolución de acusación por parte de la Fiscalía, en la Ley 600 (antiguo Código Penal para hechos ocurridos antes de 2005) y esa ni siquiera es la mitad del camino. Recordemos que el acto legislativo 01 de 2018 creó la segunda instancia para aforados constitucionales (entre ellos los gobernadores), por lo que al darse un fallo en primera instancia, lo más seguro es que alguna de las dos partes haga una apelación y se extienda el proceso”, manifestó.

Santamaría trajo a la memoria el caso del exgobernador y excongresista Luis Alfredo Ramos, cuyo expediente en la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las investigaciones por la parapolítica, va a ajustar ocho años sin siquiera un fallo en primera instancia.

“A mi juicio, la primera detención preventiva de este proceso (2020), ordenada por la Fiscalía, fue de carácter político, porque no había necesidad fáctica, él no iba a huir ni a obstruir un proceso cuyas pruebas (contratos y demás) son de carácter público desde 2004. Pero cuando la Corte la ratificó, negando los recursos de la defensa del gobernador, lo hizo con base en evidencia jurídica”, narró el abogado.

Y concluyó: “Sinceramente, no creo que alcance a regresar a su cargo antes de terminar el mandato”.

Frente a este eventual escenario, ¿qué opciones quedan? Suárez confía en que Gaviria regrese para concluir su tarea, y hay quienes proponen que haya una nueva votación.

“Se debe convocar a elecciones, porque estamos ausentes de un gobernador elegido popularmente, no se puede volver premisa que quienes no fueron elegidos estén gobernando sin la legitimidad del pueblo. Eso no le hace bien a la democracia de Antioquia”, dijo el diputado de la oposición.

El profesor Restrepo conceptuó que “si ya la Corte dijo que no le otorgaría la libertad (al negarle un recurso para revocar la medida de aseguramiento la semana pasada), se deben tomar decisiones, porque si gobierna alguien que no fue elegido democráticamente se rompe el pacto con la ciudadanía y se crea un vacío de poder”.

Y concluyó que “la gobernanza tiene que ver con un pacto democrático que se da en el momento en el que los ciudadanos le otorgamos el poder a una persona. Se ha llegado a un punto en el que, más allá de simpatías, la institucionalidad debe prevalecer”.

Esta es una situación que Suárez no contempla, como tampoco se ve terminando él todo el periodo de gobierno. “Nunca he tenido ese escenario en mi cabeza”, sentenció.