Una nueva polémica se vive en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, luego de que se conociera el decreto que emitió la alcaldía de ese municipio para proceder con el desalojo de la Hacienda Santa Elena, un lote de 378 hectáreas que fue invadido desde marzo pasado por miles de habitantes de la zona.
Se trata del decreto 0064 del 27 de mayo de 2024, el cual establece varias medidas para llevar a cabo el procedimiento que no ha estado exento de críticas. Una de las determinaciones de la administración municipal fue ordenar ley seca desde las 10:00 p.m. de este lunes 27 de mayo hasta las 9:00 a.m. del próximo 31 de este mes.
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Las demás medidas comenzaron a regir desde las 6:00 a.m. de este martes 28 de mayo y van hasta la misma hora del 31 de este mes. Entre ellas, se prohibió realizar mudanzas y el tránsito de vehículos que carguen escombros, desechos u otros materiales como llantas o pipetas de gas; tampoco se podrán movilizar motos con parrilleros ni personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos.
La alcaldía también prohibió el uso de drones sobre todo el casco urbano; restringió el estacionamiento de vehículos en zonas aledañas a la hacienda Santa Helena, en 200 metros a la redonda; y suspendió los permisos para el porte de armas.
Tras comunicar esta decisión y en medio de una controversia que desde el inicio generó la invasión, que algunos dicen podría ser la invasión de tierras más grande que exista actualmente en el país, algunos senadores como Ómar Restrepo, del Partido Comunes, e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, criticaron el hecho y esta última anunció que se tomarán acciones legales.
Incluso, a pesar de que todo parecía listo para iniciar el operativo policial, una tutela interpuesta por el diputado Manuel García, del Pacto Histórico, en contra de la alcaldía de Caucasia y de la estación de policía del municipio, lo dejó en veremos, pues esta fue admitida por el juzgado sexto civil municipal de Medellín en la tarde del martes.
Como medida provisional, el juzgado ordenó suspender el desalojo y vinculó a la tutela a la Sociedad de Activos Especiales, administradora del terreno. El alcalde del municipio Jhoan Montes, confirmó que hasta que no se resuelva la situación jurídica el desalojo queda suspendido y que desde la administración municipal seguirán buscando una solución para las más de 5.000 familias que se asentaron en el lugar que no cuenta con ningún servicio público básico.
El megalote, donde cabría la comuna La América de Medellín, comenzó a llenarse de personas desde el pasado Domingo de Ramos, pero había pocas personas. Posteriormente, unos días después, durante una visita al municipio, el presidente Gustavo Petro pidió a las autoridades locales que encontraran tierras para las familias sin vivienda. Esas palabras detonaron la llegada de cada vez más personas al lugar que, desde 1998, pasó a hacer parte de los bienes de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un confeso exnarcotraficante que en 2001 fue extraditado a Estados Unidos.
De acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen la hacienda, Úsuga pagó por ellos $1.225 millones y dos años más tarde, puso el lote a nombre de una sociedad: “Finca Santa Helena S.A.”. En 2003, esa sociedad le vendió a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, una servidumbre por unos $25 millones. En 2004, la Fiscalía le embargó la propiedad con fines de extinción de dominio. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que es la administradora del lugar.
La Alcaldía de Caucasia y la Gobernación de Antioquia han sostenido una postura en contra de la invasión, lo que les ha generado diferencias públicas con la SAE, que se niega a que saquen a las personas de allí.
De hecho, desde el 24 de mayo, la SAE publicó un comunicado en el que informó que, como administradora de la propiedad del predio Santa Elena, no tiene registro de que exista arrendatario alguno del predio que pueda exigir derechos sobre el mismo y solicitó a la Inspección de Policía y autoridades locales suspender cualquier diligencia de desalojo.
