En un giro que tomó a muchos por sorpresa, la Contraloría General de la República (CGR) engavetó el proceso de responsabilidad fiscal contra varios altos exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia por los líos y retrasos en las obras del autódromo de Bello o Central Park.
En un auto emitido el pasado 20 de noviembre, el ente de control nacional concluyó no tener cómo demostrar que en el megaproyecto, avaluado en por lo menos $154.365 millones, se defraudó al Estado.
Según planteó la entidad, luego de revisar los primeros contratos del complejo y llamar a descargos a por lo menos 17 involucrados no habría encontrado pruebas que demostraran sobrecostos en las obras.
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Pese a que a lo largo de la investigación, la Contraloría consideró que el proyecto sí podría arrastrar graves falencias en su planeación, imputadas principalmente a Indeportes Antioquia, señaló que los problemas que tienen en el limbo a la obra desde hace seis años no serían culpa de los funcionarios involucrados.
“Es evidente para el despacho que en la ejecución de los contratos 265, 505, 450, 519 y 443 de 2019 se realizaron obras funcionales, las cuales fueron pagadas conforme a lo ejecutado, y que sirvieron para la continuidad de la obra, y que si en la actualidad la obra no se ha puesto a disposición de la comunidad no es un hecho atribuible a la ejecución de los contratos por los cuales se dio inicio a esta investigación ni a los presuntos responsables aquí vinculados, por lo que los hechos materia de hallazgo fiscal no arrojan un detrimento patrimonial al Estado”, determinó el ente.
La decisión se conoce a escasos días de que se venza el plazo del último contrato firmado por la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso) para terminar la obra, que ya lleva tres otrosíes y que tiene como fecha de culminación este domingo 30 de noviembre.
Lo que decidió la Contraloría
Este proceso de responsabilidad venía andando desde el 17 de marzo de 2022, fecha en la que la CGR asumió las investigaciones por los retrasos en el autódromo de Bello.
Aunque el megaproyecto acumula un largo historial de contratos firmados en las gobernaciones de Luis Pérez, Aníbal Gaviria y la actual, la CGR se enfocó exclusivamente en los contratos más grandes firmados en 2019, justo en los últimos meses de gobierno de Pérez Gutiérrez.
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Vale recordar que fue en el ocaso del mandato de Pérez Gutiérrez -quien tenía el autódromo como una de sus promesas bandera-, que el proyecto se tambaleó principalmente por un lío predial con un lote de un parqueadero contiguo y varias presuntas inconsistencias que emergieron por el proceso de cesión del lote Tulio Ospina, entregado por los municipios del Valle de Aburrá a la Gobernación.
En ese paquete inicial de contratos, derivados a su vez de varios contratos interadministrativos entre Indeportes y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), quedaron incluidos la construcción de las fases 1 y 2, la construcción de la pista, las tribunas principales, el edificio administrativo, entre otros.
Fue de esos contratos de 2019 que la Contraloría sacó el listado de 17 procesados.
El 21 de marzo de 2025 ese listado se depuró y las pesquisas se centraron en los exgerentes de Indeportes Antioquia, Lisana Sofía Sánchez Ledesma, Sergio Roldán Gutiérrez y Héctor Fabián Betancur, y la exgerente de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), María Fanery Sucerquia Jaramillo.
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A todos ellos se los señaló como los presuntos responsables de un detrimento de $112.684 millones, valor equivalente a lo desembolsado con corte al 25 de octubre de 2021.
En aquella actuación de marzo, los otros de los implicados que fueron absueltos eran el exgerente de Indeportes, Javier Mauricio García Quiroz; el exgerente de Viva, Alexander Flórez García, Óscar Alberto Osorio Builes, Jorge Alberto Carrasquilla, Ángela María Sánchez, Edwin José Olivero Amell, Sergio Lucas García, John Alexander Salas Morales, Bernardo Arteaga Velásquez, Juan David Gómez Flórez, Mario de Jesús Correa Arroyave y Dora Cristina Oliveros Zapata.
De igual forma, la Contraloría archivó el proceso a la empresa Ingeniería y Construcciones S.A.S. (Ingecon), el contratista original principal que hoy tiene demandada a la Gobernación.
Tal como quedó plasmado entonces en los autos del proceso, la CGR consideró que Sánchez, Roldán, Betancur y Sucerquia habrían avalado que los contratos se ejecutaran con presuntas falencias en licencias, permisos y diseños, que posteriormente complicaron la culminación de la obra.
En los descargos que cada uno rindió, mientras los de la era de Luis Pérez argumentaron que no les podían imputar los problemas de la ejecución de la obra (ya que solo habían firmado los contratos), sus sucesores argumentaron que los problemas venían del gobierno pasado y que tampoco se los podían achacar.
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Más allá de ello, en su actuación de este 20 de noviembre, la Contraloría señaló que, tras revisar el estado del autódromo, ya no vio las obras deterioradas y que tampoco encontró pruebas de sobrecostos.
De igual forma, el ente sostuvo que dichos contratos firmados en la era de Luis Pérez no comprendían la puesta en funcionamiento del complejo, razón por la que el retraso en la entrada en operación rebasaría su objeto.
“Los contratos investigados en el presente proceso únicamente tenían las obligaciones contractuales establecidas para las fases 1 y 2, las cuales no incluyen la puesta en funcionamiento del parque a motor. Así las cosas, no es posible endilgar responsabilidad fiscal en el presente proceso por el hecho de que actualmente el parque no se encuentre en funcionamiento, toda vez que esto no era obligación de las personas vinculadas ni de los contratos investigados”, estableció la CGR.
Pese a que en el documento la Contraloría si indicó encontrar falencias en la planeación y la gestión del proyecto, sobre todo en cuanto al licenciamiento y los diseños, no le endilgó esa responsabilidad a ninguno de los investigados.
¿En qué va la obra?
Otro de los aspectos relevantes del auto de la Contraloría es que arrojó nuevos datos de la actual situación del autódromo.
Dicha información se desprende de un oficio citado elaborado por Indeportes Antioquia, en el que esta entidad sostuvo que el Central Park alcanza una ejecución del 96,77% y en el que detalló que la ejecución presupuestal de la obra superó los $154.365 millones.
En su informe, Indeportes recordó que para la culminación de las obras pendientes se firmó un convenio interadministrativo con la Edeso (Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro), por un valor inicial de $2.999 millones y que tras dos adiciones ya va en $4.454 millones.
Según puede consultarse en el Secop, la Edeso emprendió un proceso a comienzos de este año para seleccionar el contratista para culminar el autódromo, declarándolo desierto el 20 de febrero.
Posteriormente abrió una invitación privada y adjudicó el 14 de marzo de 2025 el contrato para las obras complementarias con el Consorcio Parque 2025, integrado por la firma Ingenios Civiles S.A.S. (con un 80%) y un particular identificado como Juan Carlos Sierra Botero (con el 20% restante).
Aunque dicho contrato tenía un plazo inicial de tres meses y un valor de $2.523 millones, posteriormente se firmó un otrosí que corrió la fecha de entrega para el 30 de agosto, luego otro para el 30 de octubre y otro para el próximo 30 de noviembre.
De igual forma, se firmó otra adición por $1.110 millones.
En las consideraciones del último otrosí, aparece un oficio en el que el contratista señaló necesitar más tiempo para terminar la vía de acceso norte, cuya licencia de construcción habría sido emitida el pasado 17 de septiembre, y más tiempo para concluir el sistema de alcantarillado, aduciendo también demoras en un permiso por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Pese a archivar el proceso, en uno de los artículos resolutorios la Contraloría de la República se reservó la facultad de reabrir el caso si aparecen nuevas pruebas.
Si bien para muchos de los implicados la decisión de la CGR cerraría uno de los capítulos más sensibles del proyecto, cabe recordar que por las obras del autódromo de Bello ya hay cursando varias demandas multimillonarias entre Indeportes, Viva y los contratistas originales.
De igual forma, la Contraloría General de Antioquia también le sigue la pista a la obra.
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