Que uno compre una casa o local y se lo entreguen para que lo use pero sin escrituras es como ser propietario a medias, porque no puede disponer del bien. No puede adquirir un crédito poniéndolo como garantía y mucho menos pensar en venderlo.
Esa es la situación que han tenido que vivir la mayoría de los compradores de 89 apartamentos, 54 apartaestudios y 78 locales comerciales, más ocho burbujas y 50 espacios adicionales como parqueaderos y cuartos útiles, en el edificio Ruiseñor, que creyeron en un proyecto que les ofrecían sobre planos y se le apuntaron a invertir allí sus recursos.
Este complejo mixto, comercial y de vivienda, queda en plena zona central del municipio de Caldas, sobre la llamada Calle del Comercio, a cuadra y media del parque principal. Es una edificación cuyos tres primeros pisos se dedican a establecimientos para todo tipo de ventas y servicios, y de ahí hacia arriba hay otros nueve niveles dedicados a la habitación.
El desarrollo inmobiliario se hizo en un área privilegiada, que antes estaba conformado por tres casonas viejas que al parecer tenían como punto en común el haber sido transferidas por herencia y que fueron demolidas con el fin de aprovechar mejor los terrenos mediante una construcción en altura.
Un comprador que pidió no mencionar su nombre indicó que el negocio lo comenzó a hacer hacia 2018. Todo eran ventajas porque le dijeron que podía separar dando tan solo un millón de pesos y pagar el resto como quisiera; jamás se mencionó que hubiera algún problema para el momento de legalizar la transacción ante la notaría y la Oficina de Registro de instrumentos Públicos. A él lo convenció además el hecho de que la encargada era una constructora que ha gozado de buen nombre en la localidad, basado en los antecedentes de obras previas.
Posteriormente, hubo algún retraso en la fecha para darles las llaves y se empezó a hablar de que al parecer sucedía un percance porque, según la versión que circuló por el “correo de las brujas”, apareció un heredero de uno de los lotes que no había sido considerado en la respectiva sucesión y estaba reclamando su derecho.
Jesús María Álvarez relató por su parte que dio el 30% de lo que costaba un apartamento de 74 metros cuadrados en el piso 6, más parqueadero y cuarto útil; siendo el costo total $245 millones, pagó de contado $82 millones, con la promesa de que cancelaría el resto en los 30 meses siguientes, o sea dos años y medio, para tomar posesión material y jurídica.
“Se venció la fecha de entrega y no lo entregaron; resultó el problema del heredero y empezaron a decir que estaban haciendo los trámites para resolver la situación”, le dijo hace una semana Álvarez a EL COLOMBIANO.
También explicó que recibió una comunicación de la constructora donde le decían que se iban a demorar un poco con las escrituras, pero que si les daba $60 millones más podía ocupar el apartamento. Luego de una puja acordaron que fueran $40 millones y el plan se cumplió en junio de 2021, con la gabela de una rebaja sobre el monto inicialmente pactado, más el pago de los gastos de notaría.
A medida que pasaba el tiempo sin que se finiquitara el traspaso, la situación fue desmotivando a don Jesús María y pensó en vender; “me resultaron varias personas con ganas de comprar, pero cuando yo les planteaba el problema que tenía, todo mundo decía que en esas condiciones no compraban y era apenas entendible”, anotó.
Lo que sí hizo fue dejar de pagar la administración por considerar que ante la falta de certezas como titular del apartamento tampoco se había configurado legalmente este deber.
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