La justicia ordenó en primera instancia que tanto la Alcaldía de Rionegro como la constructora Sincc, responsable del demolido edificio Altos del Lago, tienen que pagar una multa de $15.000 millones a las víctimas por los perjuicios que causaron al permitir y construir esta edificación que tuvo que ser implosionada en 2019 porque era una trampa mortal para sus residentes y para todos los rionegreros.
Esta es la segunda multa más alta que se conoce en medio de procesos contra los llamados edificios enfermos, solo superada por los $30.000 millones que ordenó la justicia el año pasado que paguen la Alcaldía de Medellín y los responsables de la construcción del Space. El fallo ordena que el municipio de Rionegro asuma el 25% de la multa y Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S Sincc paguen el 75% de los perjuicios.
Altos del Lago fue deshabitado el 15 de febrero de 2017 y tras dos intentos fallidos de demolición por cuenta de fallidos procesos judiciales que terminaron a favor de la Alcaldía finalmente cayó en una implosión de 2,8 segundos y sus 116 apartamentos quedaron reducidos a escombros.
Fue un estudio final en 2019 el que determinó que la edificación tenía que ser derribada. El informe adelantado por la universidad Eafit, la Nacional y la propia Alcaldía concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.
Semejantes fallas estructurales fue posible solo por la cadena de omisiones por parte de la Alcaldía de Rionegro que ni siquiera ordenó una medida preventiva o una inspección a pesar de ser evidente las fallas.
El estudio entregado en 2017 determinó, entre otras graves conclusiones, que el piso no era plano, y que más de la mitad de la estructura estaba inclinada. Además, algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. El edificio era una aberración.
“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional .
Las fallas reportadas por los investigadores fueron tan graves que encontraron que la edificación solo tenía 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostener su propio peso, y, además, carecía de los requisitos de sismorresistencia ordenados a nivel nacional. Además, mientras estuvo en pie, puso en riesgo no solo la vida de las personas que lo habitaron sino de casi 200 niños vecinos de un jardín infantil. La investigación concluyó que fue casi un milagro que el edificio no se viniera abajo.
La Fiscalía General de la Nación tiene procesos penales abiertos en contra de funcionarios y personas de la firma que causaron este desastre.
Las fallas reportadas por los investigadores fueron tan graves que encontraron que la edificación solo tenía 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostener su propio peso, y, además, carecía de los requisitos de sismorresistencia ordenados a nivel nacional. Además, mientras estuvo en pie, puso en riesgo no solo la vida de las personas que lo habitaron sino de casi 200 niños vecinos de un jardín infantil. La investigación concluyó que fue casi un milagro que el edificio no se viniera abajo.
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Así cayó el edificio hace cuatro años
