Una comisión especial en la que participarán expertos elegidos por la misma gente de esa subregión antioqueña buscará que se haga justicia con relación a los crímenes que han afectado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá. El organismo mencionado fue instalado este martes.
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La instalación de la Comisión de Evaluación de Justicia estuvo encabezada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, mediante un acto en el que se hizo una evaluación de en qué van los procesos judiciales relativos a los hechos victimizantes sobre la comunidad de paz y sus integrantes.
Dicho mecanismo fue definido en diciembre de 2024 como parte del Acuerdo de Solución Amistosa entre la Comunidad de Paz y el Estado colombiano, con el cual ambas partes aceptaron poner fin a la demanda internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han recaído sobre la organización mencionada por más de dos décadas.
“Ese camino, a partir de hoy, lo recorreremos juntos y juntas con la Comisión que se instala para trabajar por la justicia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, dijo la Defensora del Pueblo quien indicó que trabajarán sobre 54 hechos ocurridos entre 1997 y 2007.
“Luego de identificar la información procesal, hemos iniciado una serie de actividades para poder evaluar estos casos y ofrecer recomendaciones que permitan impulsar la justicia debida históricamente a la Comunidad de Paz”, añadió la señora Marín.
Los integrantes de la Comisión como expertos independientes son Liliana Uribe, Dora Lucy Arias, Jaime Araújo Rentería y Jaime Molano.
Su reto será revisar las investigaciones penales, procesos y decisiones judiciales en relación con las graves violaciones de derechos humanos que constituyen delitos. Dentro de un año, al finalizar su mandato, presentarán un informe público con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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El origen de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se remonta a 1997, cuando se fundó como respuesta al clima de guerra que se respiraba en Urabá. La comunidad se organizó en torno a una posición de neutralidad frente a los actores armados, incluidos los de carácter oficial (Ejército y Policía) y eso hizo que fuera blanco de agresiones por parte de paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado.
Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictadas en 1997 y las medidas provisionales de la Corte Interamericana desde el año 2000, no impidieron que sus integrantes siguieran siendo victimizados mediante masacres, desplazamientos forzados y amenazas, entre otras violaciones a los Derechos Humanos y el DIH.
