El cuarto paro desde 2023 terminó el pasado viernes, pero el problema minero en el Bajo Cauca está más latente que nunca por la coincidencia de múltiples factores: un precio internacional del oro que no para de romper récords desde 2019, la pérdida de delegación minera de Antioquia que obliga a que cualquier trámite en la región dependa del Gobierno Nacional y los tentáculos de los grupos armados que manejan extracciones industriales con maquinarias millonarias que arrasan con cientos de afluentes y bosques.
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Pese a que el pasado viernes los líderes de la Mesa Minera del Bajo Cauca y el Gobierno Nacional lograron ponerle fin a 11 días de protestas, la implementación de una solución de fondo aún está en pañales y la amenaza de que un nuevo paro se desencadene en el futuro cercano sigue al acecho. ¿Está Antioquia en un callejón sin salida con la minería en sus regiones mineras? ¿Qué hacer? Vamos por partes.
Se repitió: fueron 11 días de caos
El detonante de la última oleada de manifestaciones, que arrancó el 16 de marzo pasado, estuvo en por lo menos 17 operativos en contra de la minería ilegal adelantados por la Fuerza Pública en Antioquia, en los que soldados y policías quemaron maquinaria amarilla usada para extraer minerales en cuanto lecho de río brille.
Mientras para el gobierno los costosos aparatos son propiedad de grupos ilegales, para los mineros las quemas son arbitrarias y afectan a personas que no tienen relación con los grupos armados. Si bien durante la primera semana las protestas se desarrollaron en relativa tranquilidad, con el paso de los días comenzaron los desmanes; el punto más crítico se presentó el pasado puente festivo, cuando la Policía antimotines tuvo que desplegarse para desbloquear la vía a la Costa y agilizar la operación retorno.
Más allá de la situación de orden público, uno de los puntos que más llamó la atención de funcionarios y expertos es que el acuerdo con el que se conjuró el paro volvió a incluir acciones que ya habían hecho parte de negociaciones anteriores.
Por ejemplo, se incluyó la identificación y asignación de áreas con potencial minero a favor de las Unidades de Producción Minera; la revisión de títulos inactivos, subutilizados o que no cumplan función social; la posibilidad de que los mineros remitan polígonos donde hoy se asientan para que puedan ser formalizados; y el inicio de un proceso de concertación con titulares de máquinas y equipos mecanizados que deben ser estacionados en lugares acordados con la Fuerza Pública para su inspección. Como la mayoría de compromisos ya se habían suscrito en paros pasados, la pregunta del millón es qué hacer para que un nuevo paro no se desate en el futuro cercano.
Un tesoro que condena
La explicación de la problemática actual pasa por variables históricas, porque la riqueza aurífera de Antioquia cuenta con registros desde la época colonial. Tras los desarrollos en Popayán y Mariquita, los primeros centros de explotación intensiva de oro en Colombia durante el siglo XVI se establecieron en Cáceres, Remedios y Segovia. Esta herencia minera persiste hoy, al punto que se estima que el 91% de la producción de minerales del departamento se concentra actualmente en el Bajo Cauca y el Nordeste.
A diferencia de otras zonas mineras del país, esta región posee una particularidad geológica: su extracción no es predominantemente subterránea o de socavón, sino aluvial. Este método consiste en la explotación a cielo abierto de arenas y gravillas en ríos y riberas hasta hallar el metal precioso. Este ecosistema facilitó una nueva ola de auge en las últimas dos décadas, impulsada por un incremento vertiginoso en la cotización del oro. Mientras que en 2019 la onza rondaba los 1.730 dólares, la inestabilidad geopolítica global ha llevado el precio a niveles récord, alcanzando este mes los 4.491 dólares.
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Este escenario de precios históricos, sumado a las enormes reservas auríferas del territorio, ha transformado la dinámica minera. A los miles de mineros de subsistencia se han sumado cientos de unidades de maquinaria pesada, convirtiendo la región en un foco de atracción para actores formales e informales, pero también criminales.
Actualmente, Antioquia no solo lidera la producción legal de oro en Colombia —pasando de aportar el 54% en 2019 al 72% en 2024, y duplicando su producción formal en cinco años—, sino que paradójicamente es el departamento con el mayor número de minas intervenidas por extracción ilegal. El dato es contundente: entre el 80 y el 87% del oro exportado del país tiene origen ilegal, según la Procuraduría.
El gobernador Andrés Julián Rendón enfatizó además que la explotación ilegal de yacimientos minerales en Antioquia se ha convertido en una problemática estructural alimentada por rentas criminales que superan los 5.500 millones de dólares.
Se estima que cerca de 5.000 personas se dedican a la minería informal en Antioquia y el gobernador Rendón señaló que lo más lamentable es que muchos de ellos le dan sus rentas a un grupo de personas vinculadas con grupos criminales.
El panorama en esta subregión deja en evidencia la gran problemática en las aguas de los ríos Cauca y Nechí. En un recorrido realizado por este diario el viernes pasado vimos grandes dragones que pueden costar hasta $3.000 millones y son construidos por brasileños que se radicaron en esta región para aprovecharse de esa riqueza natural.
Para dimensionar el impacto de esta economía paralela, Rendón estableció una comparación directa con uno de los pilares del agro: “La explotación de oro ilegal en Antioquia es más grande que la cosecha cafetera de todo el país”, señaló.
¿Qué hacer ahora?
El gobernador Rendón planteó que uno de los orígenes de la inestabilidad en las zonas mineras del departamento tiene una explicación institucional: la pérdida de la delegación minera que la Gobernación de Antioquia ostentó hasta 2023. Según propuso el mandatario, la ausencia de esta competencia ha fragmentado la capacidad de respuesta en el territorio, dificultando la articulación de dependencias clave como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y el Dagran.
“Cuando la Gobernación tenía la delegación, toda la institucionalidad se volcaba a atender el territorio. Había una fiscalización efectiva que hoy, desde el nivel central, es mucho más difícil de ejecutar”, dijo Rendón.
Bajo esta óptica, la presencia directa de una Secretaría de Minas departamental permitía un acercamiento real a la legalidad minera, una dinámica que se ha debilitado bajo la gestión exclusiva del Gobierno Nacional.
“Hoy el Gobierno Nacional se queda deficiente para hacer presencia en el territorio, y eso facilita este tipo de procesos de protesta. Sin garantías ni procesos claros, no hay una ruta viable hacia la legalidad”, enfatizó el mandatario seccional, señalando que recuperar dicha autonomía es vital para ofrecer procesos técnicos y sociales que eviten nuevos ciclos de conflictividad.
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Isabel Cristina Castañeda Arango, directora Mineroenergética de Antioquia, advirtió por su parte que existe una disposición de los pequeños mineros para acogerse a la formalidad; sin embargo, el conflicto actual se vería alimentado por intereses de mayor escala. Para Castañeda, las rutas de legalidad establecidas por el Gobierno Nacional carecen aún de la accesibilidad necesaria para ser efectivas en la práctica.
A este panorama se suma una limitación operativa en las regiones. Aunque la Agencia Nacional de Minería cuenta con puntos de atención, la funcionaria señaló que su alcance es insuficiente: “Si bien hay oficinas de la Agencia Nacional Minera, funcionan únicamente para recibir información y no para gestionar trámites reales”. Esta carencia de capacidad resolutiva en el territorio es vista por la Gobernación como un cuello de botella que impide que las propuestas de formalización se materialicen en derechos mineros concretos.
Para Lucas Velásquez Restrepo, asesor en temas jurídico mineros y ambientales, el Estado tiene un doble reto. Primero, avanzar en la formalización de la pequeña minería, especialmente de quienes dependen de esta actividad para subsistir y no utilizan maquinaria pesada. Pero segundo, y con igual contundencia, combatir la extracción ilícita de minerales.
Afirmó que este no es un desafío exclusivo de la Fuerza Pública y que se requiere una acción articulada del Estado. “Cada administración rompe la continuidad de las estrategias anteriores. En el pasado, hubo esfuerzos más coordinados entre el nivel departamental y nacional que permitieron avances importantes. Hoy vemos un deterioro en esa articulación, acompañado de un crecimiento de las rentas criminales y de la violencia”, señaló.
Indicó que, además, hay una visión ideológica que desconoce la realidad minera del país dificulta soluciones de fondo y termina afectando a las mismas poblaciones que se busca proteger. “La respuesta debe ser integral: formalización para pequeños mineros y una lucha decidida contra las estructuras que dominan la minería ilegal”, concluyó.
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