El fantasma de lo que ocurrió en la primera década de este siglo le pesa al Oriente antioqueño como una tonelada de plomo. Esta subregión llegó a tener el aspecto de esos pueblos de películas estadounidenses tipo western, con casas abandonadas y derruidas, hasta entrar en el ranking nacional de las áreas con mayor número de víctimas por el conflicto. Pueblos enteros quedaron desolados.
Cerca de 23 años después y ya con un territorio donde la propiedad raíz se valoriza como en ninguna otra zona del país, nadie quiere que vuelvan esos tiempos; por eso se han encendido las alarmas al más alto nivel ante un posible escalamiento de la confrontación armada tras conocerse los planes de expansión del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
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La masacre del 25 de junio pasado, en la vereda Cabeceras de Rionegro, fue el último y más contundente campanazo, pero incluso ya había voces de alerta, tanto así que desde antes de la matanza se programó en el municipio de Granada una sesión descentralizada de la Comisión Segunda del Senado. Esta es la célula congresional encargada de los temas de orden público y seguridad y se espera que esté allí en la primera semana de agosto, o sea en aproximadamente un mes.
La intención es reunir a la cúpula de la Policía y las Fuerzas Militares con las autoridades regionales y el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, con miras a hacer un análisis de la situación particular de este pedazo de Antioquia.
“La premisa es que hay unas alertas de reordenamiento de la delincuencia en el Oriente que requieren de estrategias no solo militares y de Policía, sino sociales, que sean apoyadas por el Gobierno nacional para atender esa población específica”, explicó el senador Nicolás Albeiro Echeverry (Partido Conservador), vicepresidente de la comisión, quien citó a la sesión y tiene una relación estrecha con el Oriente.
Echeverry mencionó como antecedentes el ya relacionado asesinato colectivo, pero además un cierto clima de tensión que se vive a raíz de la aparición de grafitis y pasquines del Clan del Golfo, lo mismo que la ocurrencia de operativos de la Fuerza Pública que hacen ver que algo grande se está cociendo.
De hecho, EL COLOMBIANO publicó a finales de mayo y con base en informes de inteligencia, el que sería el plan de expansión de esa agrupación autodenominada también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
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De acuerdo con esas informaciones, presumiblemente por órdenes de Elkin Posada Casarrubia alias El Cura, señalado como cuarto cabecilla del Estado Mayor Conjunto del EGC, se estaría conformando el frente Carlos Mauricio García Fernández “Doble Cero” -como homenaje al jefe del bloque Metro que fue asesinado por sus mismos excompañeros de las Auc en mayo de 2002 en Santa Marta- y al mando estaría Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, uno de los ocho hijos de Ramón Isaza, el exjefe desmovilizado de las Autodefensas del Magdalena Medio.
Esa subestructura ya tendría incidencia en municipios del Magdalena Medio como Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó y del Norte como Cisneros, San Roque, Caracolí y Santo Domingo. Pero su mayor fuerza estaría ahora en el Oriente, donde se ha notado su presencia en Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón, Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, Granada, San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Luis, San Francisco, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente.
La motivación para buscar dominar la subregión donde antaño era amo y señor el frente Carlos Alirio Buitrago del Eln sería manejar las rentas criminales del narcotráfico más las que provengan de un nuevo florecimiento de la minería de oro. De hecho, se dice que ellos controlan varias minas y se disputan otras con la banda de El Mesa.
Óscar Castaño, director del medio de comunicación Oriéntese y analista en temas de conflicto, indica que el Clan ha especializado las zonas del Oriente, de suerte que el área de bosques y páramo (Sonsón y los municipios circundantes) está dedicada a cultivos de uso ilícito, a la vez que en la zona de embalses están los laboratorios para el procesamiento de coca y el altiplano ha sido campo fértil para sanear las ganancias en el boom inmobiliario que se vive.
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La veracidad de la expansión del EGC la confirmó el 23 de mayo el comandante de la Región No. 6 de la Policía, brigadier general Rosemberg Novoa, cuando informó de la captura a tres presuntos integrantes de ese grupo y del decomiso de un arsenal y material de intendencia.
“Ellos se autodenominan como los Pacificadores de Samaná, particularmente en el Oriente antioqueño esta subestructura tiene injerencia, pero es una intención que tiene clara el Clan del Golfo de expansión. Con este resultado y otros que hemos venido teniendo, estamos generando una afectación importante para impedir ese avance de esta organización”, afirmó Novoa.
Pero los pobladores ya habían advertido esos movimientos con los grafitis y panfletos, así como con las reuniones a las que han citado a campesinos del común y líderes comunitarios.
Dos fuentes –una gubernamental y otra comunitaria- le confirmaron a este diario que la hipótesis que cobra mayor fuerza sobre la masacre del 25 de junio es que los perpetradores habían sido integrantes de un grupo de delincuencia común organizado.
“Las víctimas nada tenían que ver con esa disputa, pero como todos eran hombres y llevaban dos años en la zona como trabajadores de una obra, empezó el rumor de la expansión del Clan del Golfo y de que ellos hacían parte de eso; por eso los mataron”, explicó la fuente, quien dio a entender que los victimarios que llegaron enfusilados esa noche a la casa de Llanogrande donde ocurrieron los hechos habrían sido de la banda del Mesa.
A la zona han incursionado igualmente bandas del Valle de Aburrá como los Pachelly y los Chatas, y todos ellos han aumentado la zozobra que ya alimentaban locales como Los Alto y Los Pamplona, por ejemplo, en el Oriente cercano.
Cada uno de esos grupos quiere dominar ese territorio y parecen dispuestos a disputarlo a sangre y fuego, como lo hicieron la guerrilla y los paramilitares en el pasado.
La propuesta que están enarbolando algunas organizaciones sociales del territorio es que el Gobierno conforme acá una especie de “zona especial de seguridad humana” con lo cual quieren significar que el Estado retome los espacios que están tratando de copar los ilegales, pero no solo con destacamentos militares y policiales sino además con inversión social.
¿Confrontación política?
Fuentes de Bogotá que pidieron anonimato le dijeron a EL COLOMBIANO que alrededor del elevamiento del perfil de la situación del Oriente hacia un nivel nacional se estarían mezclando la intención de sectores políticos contrarios al uribismo y al gobernador Andrés Julián Rendón.
El secretario de Seguridad, general (r) Luis Eduardo Martínez, le confirmó a este diario que hasta ahora la Gobernación no ha sido citada para la sesión de agosto en Granada.
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Aceptó que en el Oriente hay una “calma chicha” y que la expansión del Clan del Golfo es una realidad, pero no se vive solo en esa subregión, sino en 110 de los 125 municipios antioqueños.
Sin embargo, consideró que no es necesaria la declaratoria de zona especial de seguridad porque aunque ocurran hechos como la masacre, “la Fuerza Pública está haciendo un trabajo importante para bloquear la expansión de los grupos ilegales y todos los días hay resultados”.
Fuera de eso, informó que la Gobernación ha hecho encuentros zonales liderados por la dependencia a su cargo y con presencia de Fiscalía, Policía y Ejército.
