Una difícil situación financiera atraviesa el municipio de Chigorodó, por lo que está a las puertas de entrar en Ley 550 o de quiebra.
Es la que le que permite a empresas y entidades territoriales declararse en bancarrota para que el Estado intervenga mediante una reestructuración que permita negociar deudas, otorgar créditos y adoptar otras medidas de saneamiento financiero.
Sin embargo, Jesús María Parra, secretario de Hacienda, informó que el alcalde, Daniel Segundo Álvarez, quiere actuar con responsabilidad, de cara a los habitantes del municipio y a los acreedores, por lo cual convocó para el 12 de julio una mesa de trabajo con invitación a Planeación Departamental, a las 4 entidades bancarias con las cuales posee créditos, a Aguas de Urabá y a Corpourabá.
Parra señaló que, a diciembre de 2015, la deuda con los bancos suma $8.222 millones y que a Aguas de Urabá le adeudan $5.895 millones por concepto de subsidios no pagados por administraciones anteriores y con Corpourabá la deuda asciende a $1.677 millones por sobretasa ambiental recaudada y no transferida.
“Nos hemos reunido de manera individual con los acreedores, pero queremos que nos den una alternativa”, dijo el funcionario.
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