Tres años después de que el sistema metroplús comenzara a operar sin contar con la estación San Pedro, el proceso por un presunto detrimento patrimonial en su construcción volvió a comenzar desde cero en la Contraloría de Medellín.
La entidad había iniciado la investigación en junio de 2012, llegando en noviembre de 2013 al anuncio de que se imputarían cargos contra cinco funcionarios por su presunta responsabilidad en que se malgastaran 1.133 millones de pesos en construir una estructura que no cumplía las condiciones para entrar en servicio.
No obstante el contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez, confirmó que a finales de enero pasado, al término de las vacaciones del personal de la entidad, se retomó el proceso, pero desde el comienzo. “Hay que empezar de nuevo. Nosotros ya iniciamos la investigación y empezamos a citar a los presuntos responsables”, sostuvo.
El caso fue a la capital
Recordó que los abogados de los implicados en el proceso de presunta responsabilidad en materia fiscal reclamaron que el asunto era competencia de la Contraloría General de la República.
“Después de todo ese tiempo (un año aproximadamente) nos lo devuelven para que seamos nosotros los que adelantemos la investigación”, anotó.
El Contralor agregó que jurídicamente es muy difícil establecer cuánto pueda tardar un fallo que ponga fin a la polémica por construir la estación en una pendiente. “Depende de muchos factores y de los recursos y pruebas que solicite la contraparte. Tenemos que respetar el debido proceso para no incurrir en nulidades”.
Sobre la construcción de la estación, la gerente de Metroplús, Adriana María Palau, sostuvo que “el operador sí la recibió (el Metro), pero no la quiere operar”. Anotó que la estructura se adapta a la normatividad vigente y fue aprobada a nivel nacional y a nivel local por Planeación. “El Municipio la recibió formalmente. Ya este es un tema del operador”, señaló.
Se debería utilizar
En julio de 2014 la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá ordenó iniciar actuación disciplinaria contra el gerente general del Metro, Ramiro Márquez, y al director jurídico de la entidad, Jorge Humberto Calle, por una presunta omisión al no poner en funcionamiento la estación, decisión que el Metro pidió revocar. Aún no hay decisión.
La Procuraduría consignó que la estación “fue construida de conformidad con la norma técnica colombiana aplicable para el tipo de topografía del lugar donde se encuentra ubicada, es decir la NTC 5351, más no las normas NTC 4143 y 4279 las cuales (...) no eran ajustables al presente asunto”.
La procuraduría provincial acogió el concepto de la Procuraduría General de la Nación, que señaló que la plataforma “se puede abordar y desabordar, siendo accesible para las personas con movilidad reducida, la cual debe ser asistida con personal capacitado para ello”.
1.133
millones de pesos fue el valor estimado para el presunto detrimento patrimonial por la Contraloría.
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