La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), capítulo Antioquia, le salió al paso al fallo de segunda instancia de la Contraloría, el cual dejó en firme la responsabilidad fiscal de 26 personas naturales y jurídicas por el caso Hidroituango. La asociación gremial, que agrupa a empresas conectadas con el sector constructor, cuestionó las razones de ese ente para proferir dicha decisión.
“Nuestra Institución no comparte y pone en duda las verdaderas razones que han motivado la mencionada decisión contenida en el fallo de segunda instancia”, expresó Eduardo Loaiza Posada, gerente de la asociación en el departamento, mediante un comunicado escrito.
En la misiva pública, Camacol formuló ocho cuestionamientos respecto al fallo. En principio, afirmó que “no se tuvo en cuenta el debido proceso y tampoco se tuvieron en cuenta las solicitudes de pruebas hechas por los investigados”, cuestión que pone en duda, según palabras de la agremiación, uno de los pilares del ordenamiento jurídico colombiano.
En su segundo reparo, Camacol dijo que la decisión de la Contraloría no es consecuente con el momento que afronta Hidroituango. Hoy las obras superan el 85 % de ejecución y centrarse en buscar culpables, “cuando no se cuenta con toda la información (...) y no se sabe si los costos de la contingencia serán reconocidos en su totalidad por las aseguradoras”, es poco conveniente, indicó.
Lo anterior, según Loaiza, pone en riesgo la terminación oportuna de la obra y su entrada en operación en los tiempos requeridos. Preocupa, también, la capacidad de operación del vertedero, el cual podría sucumbir ante las aguas del Cauca y desencadenar una emergencia que afecte a las poblaciones del área de influencia del proyecto.
En este sentido, se pregunta Camacol por quién asumirá las multas millonarias a las que se puede hacer EPM en un escenario de retrasos de compromisos ante el sistema eléctrico nacional y otras instancias internacionales. “Todas las solicitudes, peticiones, sugerencias y propuestas hechas por los gremios de la Ingeniería y la construcción en Antioquia (...) fueron desechadas y no se tuvieron en cuenta”, reza en el comunicado.
Finalmente, además de cuestionar la envergadura del proyecto —que lo hace propenso a afrontar contingencias— y las consecuencias que la decisión traerá para Medellín, Antioquia y el país, la agremiación se refirió a los impactos que esta providencia puede traer para la contratación pública y el sector constructor.
Concluyó Camacol que un fallo de este corte causará que más de una firma dude en contratar con el Estado colombiano cuando se trate de proyectos de alta complejidad. Ello, probablemente, resultará en una disminución de la inversión que actualmente percibe el país por dicho renglón.
“Hacemos un cordial y urgente llamado a todas las autoridades, entidades y al Gobierno Nacional, para que conciban la posibilidad de intervenir y evitar un daño colateral mayor al que se pretende remediar con la referida decisión”, remata la misiva compartida por la agremiación.
