En respuesta a un comunicado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en el cual solicitan a la Gobernación de Antioquia información catastral por el problema limítrofe con Chocó por Belén de Bajirá, el mandatario Luis Pérez reveló este martes cuál fue su respuesta por medio de una carta y reiteró que la autoridad para definir el asunto es el Consejo de Estado.
En la misiva, dirigida a Eva María Uribe Tobón, directora del Igac, el gobernador insistió en la inversión que el Departamento ha hecho, no solo en Bajirá, sino en Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, corregimientos de Turbo, que también están en disputa, y observó que no se puede entregar la información requerida, en abril de este año, sin que “medien acuerdos legales y equitativos”.
Pérez expresó que el Igac, desde el gobierno de Juan Manuel Santos “usurpa” las competencias que en este diferendo limítrofe son exclusivas del Congreso y el Consejo de Estado.
La petición del Igac
El instituto, en abril de este año, envió una misiva al gobernador Pérez en la que señala que si bien el mapa oficial está demandado por el Departamento, la medida cautelar no fue aceptada por lo cual la cartografía publicado goza de la presunción de legalidad.
Con base en esto, el Igac otorgó un plazo de 8 días corrientes a la Gobernación para enviar la información catastral de los municipios de Turbo y Mutatá, señalando que la negativa implica una vulneración de derechos patrimoniales para ambos municipios, así como la dificultad que conlleva para Chocó no poder hacer el cobro del impuesto predial de los territorios anexados a su jurisdicción.
Responde el gobernador
La ordenanza 47 de 1975 que creó al corregimiento Belén de Bajirá, de Mutatá, sigue vigente y fue ratificada por el Consejo de Estado en 2007, según el mandatario Pérez, quien recordó que en 2017 el presidente del Senado explicó que un informe del instituto en referencia al tema fue devuelto por contradicciones y falencias técnicas.
No obstante, el mismo año el Igac publicó un mapa en el cual despojó a Antioquia de los territorios en disputa, en un atropello a las decisiones judiciales existentes y al Departamento, según Pérez.
Por tanto, la publicación geográfica no cuenta con la aprobación de las entidades territoriales colindantes: Valle, Risaralda y Antioquia, lo cual es un requisito según la Resolución 1093 de 2015 del mismo instituto, dijo el mandatario y calificó a la publicación como un mapa “chimbo, falso, tramposo”.
El gobernador pidió a la directora la revocatoria de dicha publicación y manifestó que en varias conversaciones el presidente Iván Duque le reiteró que el diferendo limítrofe debe resolverlo el Congreso y el Consejo de Estado.
