Un estudio realizado por la Sociedad Hidroituango advierte que la seguridad energética del país se encuentra en una zona crítica que puede desembocar en dos “apagones”: uno financiero, porque las deudas del Gobierno Nacional con el sector eléctrico suman más de $9 billones; y otro técnico, que se da cuando la demanda de energía supera la oferta y, según datos de XM, el país cerrará 2026 con un déficit de -2%.
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La alerta reiterada del sector, a la que se sumaron esta semana el Comité Intergremial de Energía (conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia) y la Contraloría General de la República, no significa que el país esté a punto de apagarse de un día para otro, sino que se están acumulando factores que reducen su capacidad de maniobra. En otras palabras, se está armando una tormenta perfecta.
Según Mauricio Restrepo, director técnico de la Sociedad Hidroituango, cuando un sistema eléctrico pierde margen, cualquier evento adverso —como una sequía fuerte, un retraso adicional, un pico de demanda o algún problema en una central— deja de ser absorbible y empieza a traducirse en restricciones.
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El problema central, añadió el también exgerente de EPM (1995-1997), no es únicamente que la demanda de energía continúe creciendo, lo cual es natural en una economía en expansión, sino que la capacidad instalada del sistema ya no está creciendo al mismo ritmo de la demanda y, más preocupante aún, que comience a disminuir en términos efectivos.
En efecto, la expansión del sistema ha estado muy por debajo de lo previsto. Los proyectos que debían entrar en operación se han retrasado por múltiples razones, como licenciamientos ambientales prolongados, consultas previas, dificultades en el acceso a puntos de conexión en la red de transmisión y un entorno regulatorio que ha debilitado las señales de inversión.
Como consecuencia de este rezago, el sistema eléctrico colombiano entró en una fase de estrechez estructural, según consideró Restrepo.
Las cifras lo respaldan: al menos desde 2020 la potencia ingresada ha estado muy por debajo de la que se esperaba. En 2023 estaba proyectado el ingreso de 6.608 megavatios y solo entraron 1.155; en 2024 debían entrar 5.720 megavatios y entraron 1.447; y en 2025 eran esperados 3.517 megavatios y solo ingresaron 380.
En síntesis, el país esperaba que la capacidad eléctrica aumentara, pero ocurrió lo contrario: el sistema terminó con menos capacidad disponible de la que tenía antes.
Restrepo explicó que esta situación es especialmente delicada porque el sistema eléctrico funciona como una infraestructura crítica que requiere siempre un margen de seguridad. Ese margen —conocido como reserva operativa— permite enfrentar contingencias como sequías intensas, indisponibilidad de plantas o picos inesperados de demanda.
Cuando ese margen se reduce, el sistema pierde capacidad de respuesta. Y cuando pierde capacidad de respuesta, aumenta la probabilidad de que un evento adverso desencadene restricciones operativas. “La conclusión es clara: Colombia está perdiendo su colchón energético. La reducción de la capacidad instalada efectiva, combinada con el retraso en la expansión del sistema, constituye una señal de alerta que exige respuestas institucionales oportunas”, afirmó Restrepo.
¿Por qué el sistema interconectado de Colombia tiene los números en rojo?
Según el estudio liderado por Mauricio Restrepo, el apagón técnico es latente, porque la oferta de energía se encuentra cerca de un 3% por debajo de la demanda creciente.
A pesar de la incorporación de nuevos proyectos en 2025, la capacidad instalada neta del Sistema Interconectado Nacional (SIN) sufrió una disminución de 341 megavatios (MW), pasando de 21.369 en 2024 a 21.028 MW al finalizar 2025.
Esta contracción se debe principalmente a un fenómeno regulatorio: la finalización de disposiciones transitorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) provocó que 47 plantas generadoras (equivalentes a 581 MW) regresaran al estado de pruebas, dejando de ser contabilizadas como capacidad firme.
Las proyecciones de demanda para los próximos años refuerzan las preocupaciones. El consumo de energía seguirá aumentando, mientras que la entrada de nuevos proyectos continúa enfrentando obstáculos estructurales.
Además, muchos de los proyectos renovables que se espera entren al sistema aportan energía intermitente, lo que aumenta la necesidad de contar con fuentes firmes capaces de responder rápidamente a variaciones en la generación, señala el estudio de la Sociedad Hidroituango.
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Acolgen, en la alerta que emitió esta semana, indicó que el operador del mercado ha advertido que no existe suficiente energía firme para cubrir la demanda.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, dijo que el colchón entre oferta de energía firme y demanda ya es negativo. “Según XM, cerraremos 2026 con un déficit del -2% y llegaremos a un alarmante -3.5% en 2027. Sumando el panorama del gas que todos conocemos y una posibilidad de un fenómeno de El Niño iniciando a finales de este año según agencias internacionales, la seguridad energética de Colombia está en grave riesgo”, advirtió.
¿Cuáles son los obstáculos regulatorios del sistema eléctrico de Colombia?
El análisis de la Sociedad Hidroituango indica que entre 2010 y 2025, la demanda de energía creció un 33%, impulsada por la electrificación industrial y la digitalización. Sin embargo, la expansión efectiva ha sido sistemáticamente menor a la programada.
El análisis histórico muestra que, entre 2020 y 2025, solo ingresó al SIN el 18,9% de la potencia esperada (4.470 MW de los 23.625 MW requeridos). Los expertos señalan que el largo ciclo de vida de los proyectos (que puede superar las dos décadas desde su idea hasta la operación) requiere reglas de juego claras y estables para los inversionistas.
Actualmente, se estima un déficit de energía firme del 3,5% para 2027 y del 6% para 2030, lo que, según el informe, hace indispensable agilizar licencias ambientales, consultas previas y la expansión de redes de transmisión.
Acolgen también reiteró ese pedido al Gobierno Nacional esta semana. Indicó que es fundamental la adopción de decisiones que garanticen seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, con reglas claras para la expansión de la oferta de energía eléctrica y el desarrollo de los proyectos que permitan una mayor importación en el corto plazo y consolidar el potencial de producción de gas nacional.
La Contraloría General advirtió que la seguridad energética y la estabilidad de las tarifas en el país están en riesgo debido a un estancamiento estructural. Según el ente de control, la combinación de trabas regulatorias, el retraso en obras estratégicas y la fragilidad institucional está bloqueando las inversiones necesarias, una parálisis que no solo compromete el suministro eléctrico, sino que pone en peligro el patrimonio público.
El estudio de la Sociedad Hidroituango señaló, por su parte, que la seguridad energética del país depende de recuperar el ritmo de inversión en generación y transmisión, garantizar reglas estables para los inversionistas y acelerar los procesos que hoy están frenando el desarrollo de nuevos proyectos.
De lo contrario, consideró, el país podría enfrentar en el mediano plazo un escenario que parecía superado: el riesgo simultáneo de apagón técnico y apagón financiero.
El papel clave de Hidroituango
En este complejo escenario nacional, Hidroituango ha ganado relevancia como el activo de confiabilidad más importante de Colombia. Con sus primeros 1.200 MW en operación comercial (unidades 1 a 4), la central aportó el 10,87% de la energía generada en el SIN durante 2025, un aumento significativo frente al 5,58% de 2023.
En términos comparativos, su generación anual fue equivalente al consumo total de energía de todo el país durante mes y medio, según el estudio de la Sociedad.
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La central se destaca además por su eficiencia, registrando un factor de planta del 87,3%. Este indicador registra la relación entre la energía generada en un periodo determinado y la máxima energía posible si funcionara a plena carga todo el tiempo. Ese porcentaje es el más alto entre las grandes hidroeléctricas del país, lo que garantiza que casi toda su producción sea energía firme y estable.
Para mitigar el déficit proyectado hacia el futuro en el país, se espera la entrada del grupo 2 de la megacentral (unidades 5 a 8) a finales de 2027 y el primer semestre de 2028, lo que inyectará otros 1.200 megavatios adicionales al sistema.
El informe concluye que, aunque Hidroituango ha mitigado los riesgos de la baja expansión del sistema, la central por sí sola no es la solución definitiva. Incluso operando a plena capacidad, persisten desafíos estructurales que exigen medidas urgentes: acelerar la expansión de las redes de transmisión y destrabar proyectos de generación para blindar la confiabilidad del suministro en el mediano plazo.
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