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Luego de conocerse la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, que permite disponer de varios predios con medidas cautelares, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) inició las mesas de diálogo para otorgar antes de terminar este año la concesión de Puerto Pisisí.
Según señaló la entidad, también adelantarán la actualización de los componentes financieros que tengan lugar de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., en Antioquia. Con esta decisión, según la ANI, se protege el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de seis familias de la vereda Casanova de Turbo, Antioquia, donde se proyecta construir la terminal portuaria.
Estas seis familias –señaló la ANI– representadas por la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, fueron víctimas del exterminio y posteriormente desplazadas y despojadas de sus tierras por paramilitares.
“Estamos restableciendo los derechos de estas familias y le apostamos al camino de la Paz Total. Este acuerdo entre víctimas y empresarios es un ejemplo histórico de reconciliación, por eso lo vemos como un aporte a la paz de Colombia y le damos esperanza a estas familias que tanto la necesitaban. Además, es una noticia que impactará positivamente al Urabá antioqueño y a todos los colombianos, ya que con Puerto Pisisí dinamizaremos la economía y el turismo, y más aún, llevaremos oportunidades a esta región del país”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.
Gracias a esta decisión, dicha sociedad portuaria ejecutará las obras necesarias para la construcción y operación del puerto de comercio exterior, de servicio público, ubicado en el Golfo de Urabá, vereda de Casanova, con acceso al mar por la Bahía de Turbo, jurisdicción de dicho municipio.
Las claves del fallo
Pese a estarse estructurando al menos desde 2015, cuando el 20 de mayo de ese año la Sociedad Portuaria Turbo Pisisí S.A. solicitó a la ANI una concesión para construir la terminal, el panorama de la obra se ensombreció cuando la Unidad de Restitución de Tierras emitió una resolución en la que incluyó al menos cinco predios de ese proyecto en un proceso de restitución.
Dicha zona fue descrita en ese proceso como escenario del conflicto armado, cuando en la década de 1990 grupos paramilitares emprendieron una campaña de exterminio contra varios integrantes de la Unión Patriótica y obligaron a por lo menos seis familias a abandonar sus casas en medio de amenazas.
Pese a que la sociedad argumentó en reiteradas ocasiones que sus predios habían sido comprados de buena fe, la ANI decidió poner en suspenso el otorgamiento de la concesión para el puerto y expresó que hasta no resolverse el lío no otorgaría luz verde.
En medio de la disputa, tal como lo contó este diario en mayo de 2021, seis familias reclamantes y esa sociedad firmaron un pacto buscando garantizar el futuro del puerto.
Mientras la empresa se comprometió a reconocer la condición de víctimas de los reclamantes y crear una serie de beneficios para apoyarlos (como una empresa asociativa para ellos e incentivos para la construcción de vivienda), estos se comprometieron a no pedir la restitución material de sus predios en caso de que el proceso saliera a su favor.
Solucionada la disputa, el proyecto podrá seguir adelante tal como fue concebido, con una terminal que tendrá un muelle de 35.000 metros cuadrados y un canal navegable de 16 metros de profundidad y 5.700 metros de largo. El puerto espera mover hasta 1.630.000 TEU al año.