Desde la Gobernación dicen haber atendido casos excepcionales ante la negligencia de la UNP.
Este año en la Gobernación de Antioquia han atendido 38 amenazas contra líderes sociales en el departamento, cuando el año pasado, para la misma fecha apenas iban 13 casos, lo que significa un aumento del 192%, esto según cifras de la secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia.
Según el reporte, es la región del Nordeste y los municipios de Remedios y Segovia en los que más se han presentado esta amenazas en lo corrido de este año.
Según la ONG Indepaz, con corte al 1 de diciembre, este año en el país han sido asesinados 166 líderes sociales, de los cuales 25 ocurrieron en Antioquia.
Sus nombres son: Emerson Pulgarín Sánchez, Luis Fernando Osorio, Argemiro Mayo García, Fidel Antonio Hernández, Faber Rincón Pérez, Cristián Alberto Catrillón, Efrén Zapata Elorza, Manuel José Bermúdez Andrade, Julio Zapata, Robinson Franco, Jaider García Uribe, León Eugenio García Jiménez, Alcides Sucerquia, Dideison Espinosa, José Fernando Velásquez Molina, Rubén Antonio Jaramillo, Jorge Ávila, Lisímaco Zamudio, Yohanny Patricia Sepúlveda, Yonathan Pérez Hueso, Juan Diego Cubides, Ómar de Jesús Muñoz Vasco, Karis Saldarriaga, Steven Andrés Fajardo y Jhon Fredy Ramírez.
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Por su parte, la corporación Colectiva Justicia Mujer informó que, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en 2024 se registraron 143 violaciones al derecho a la vida de líderes sociales en Colombia, 24 de ellas en Antioquia.
Hay que aclarar que las cifras de la Gobernación no corresponden al total de amenazas, sino a los casos en los que han activado su ruta de atención.
Esta ruta de atención temporal a los líderes amenazados consiste en apoyo económico por tres meses, asistencia psicológica y albergues ubicados en puntos estratégicos del departamento.
La secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, María Patricia Giraldo Ramírez, señaló que actualmente se ejecuta un proyecto de prevención y fortalecimiento institucional en 43 municipios, y que para 2025 se espera ampliar la cobertura a 39 más.
Además, explicaron que esta ruta de atención es temporal mientras llega la atención de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que es la entidad encargada de garantizar la seguridad de estas personas en todo el país.
No obstante, dicen, en casos excepcionales ha sido la misma Gobernación la que ha tenido que asumir esas labores, como en los casos de los alcaldes de Toledo, San Rafael y un diputado a quienes los tuvieron que dotar con vehículos blindados, pues desde la UNP no recibieron respuesta a sus solicitudes.
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