Decenas de familias vecinas del llamado centro de eventos Central Park, en el municipio de Bello, esperan que las nuevas administraciones de Indeportes y la Gobernación de Antioquia se comprometan con soluciones definitivas para la contaminación auditiva desatada por la actividad del lugar que, según dicen, amenaza con causar daños irreversibles a su salud y a su convivencia.
Y es que aunque las actividades a motor no han comenzado oficialmente en el problemático escenario que surgió en la gobernación de Luis Pérez como una de sus obras bandera, las actividades realizadas a finales de 2023, tras la inauguración del lugar, fueron la muestra suficiente de que el ruido surgido desde el autódromo puede ser devastador para las familias que habitan los dos edificios vecinos, separados por una reja a escasos 20 metros, y para quienes habitan en zona de influencia en los tres barrios alrededor.
En noviembre pasado, por ejemplo, fueron cuatro días de competencias en seis modalidades incluyendo karts, piques cuarto de milla y carreras contrarreloj que comenzaban desde que salía el sol hasta las 7 de las noche. “Es el infierno en vida. Toca encontrar la forma de sostener toda la ventanería. A las familias nos toca escoger, o vivimos secuestrados en las casas sin poder salir ni a la ventana o aceptamos ser desplazados de nuestros hogares. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que irnos todo ese puente de la casa, tenemos una bebé que nunca pudo dormir bien, se sobresaltaba cada momento. Nos dio migraña y las mascotas han sufrido crisis tremendas, el perro de una vecina sufrió un infarto, se salvó de milagro”, relata Yower González, residente de la unidad residencial la Vida es Bella.
La pequeña muestra de lo que generará el lugar, al menos en términos de contaminación auditiva, no hizo más que ratificar el análisis y las conclusiones de un informe pagado en 2018 con recursos públicos de la Gobernación de Antioquia y que el 9 de julio de 2018, cuando fue entregado por parte del Centro de Acústica Aplicada de Colombia al Consorcio Tulio Ospina y a la propia gobernación de Luis Pérez, concluyó que era tal la posible afectación de más de 1.500 familias de las dos unidades vecinas que era indispensable adelantar un sistema de aislamiento acústico. La contaminación por el ruido, además, también alcanzaría, aunque en menor grado, a los habitantes de los barrios Las Vegas, Calle Vieja y Machado en Bello.
Sin embargo, el informe no solo no sirvió para que se ejecutaran las obras necesarias, sino que terminó engavetado en el gobierno de Luis Pérez, según sostiene Carlos Contreras, vocero de la Veeduría Ciudadana al Central Park, pues de haberlo considerado habría tenido que incurrir en mayores inversiones y ajustar nuevamente los cronogramas de una obra que desde su concepción ha causado un dolor de cabeza detrás de otro y todavía sigue emproblemada.
La propia Contraloría de Bello señaló en noviembre de 2019 que a pesar de que el Consorcio le entregó el informe a Indeportes que señalaba que, entre otras acciones, había que instalar ventanas especiales en los apartamentos afectados, el informe se esfumó, al punto de que en el empalme de gobierno entre Luis Pérez y Aníbal Gaviria tampoco salió a flote y la administración entrante no conoció sobre el informe hasta que la veeduría se lo entregó. Sin embargo, aunque en varias oportunidades el gobierno Gaviria hizo pronunciamientos críticos sobre los líos del Central Park, incluyendo las problemáticas de contaminación por ruido que declaraba el informe, tampoco hizo nada al respecto para cumplir con las obras que este asunto requerían.
Y así, con los responsables de la obra mirando para otro lado y sin ejecutar las medidas necesarias para mitigar las afectaciones a la comunidad vecina, se llegó el día de la inauguración en diciembre pasado y las “pruebas” que han puesto a padecer a cientos de familias.
Ahora, tras sentirse agraviados por las administraciones de Pérez y Gaviria, los afectados esperan que la nueva administración de Andrés Julián Rendón les dé cara y se comprometa a hacer lo que sus antecesores no hicieron. El pasado lunes 12 de febrero estaba citada en el Concejo de Bello una sesión para que el gerente de Indeportes hablara sobre el futuro del Central Park y en el que tanto la veeduría como la comunidad le iban a exigir soluciones concretas para el tema del ruido. Sin embargo, por el daño que dejó sin energía al municipio tuvieron que reprogramarla para el próximo sábado 17 de febrero.
Dice Contreras que el gerente de Indeportes, Luis Fernando Begué, tiene que explicar su intervención en la Asamblea, en enero pasado, en la que, a su juicio, entregó un panorama sobre el Central Park que no responde realmente a lo que está ocurriendo con este proyecto. En dicha sesión, recordó Contreras, manifestó Begué que hacen falta obras para culminar el Central Park (a pesar de haber sido inaugurado sigue con obras faltantes) que elevarían el valor total a $210.000 millones, lo que considera un escándalo.
Pero, además, diputados como Verónica Arango le llamaron la atención a Begué señalándole que en esas intervenciones no mencionó las obras de mitigación acústica. Cabe mencionar que las obras señaladas en el estudio incluyen el apantallamiento de la pista para proteger las zona residenciales y el lago y el aislamiento de las fachadas de los edificios afectados. Las ventanas de alto aislamiento podrían costar entre $2.000.000 y $5.000.000, cada apartamento necesitaría cambiar cinco ventanas.
Begué, en respuesta a EL COLOMBIANO, asegura que para determinar realmente qué problemática de ruido se genera, hay que adelantar unas mediciones tanto externamente en las unidades vecinas, como dentro del Central Park y concluir si se incumple o no con los decibeles permitidos contrastando estos datos con los parámetros internacionales, pero apunta que ahora es imposible hacerlo porque no hay competencias oficiales.
Esta una declaración problemática, según Contreras. Por un lado porque si es una afirmación surgida desde el desconocimiento entonces sugeriría que no entregó el informe en el reciente empalme. Pero si incluso conociendo sobre el estudio, el gerente insiste en otro informe nuevo, la conclusión, más allá de tener información más exacta del problema, no haría otra cosa que ratificar la necesidad de adelantar, con celeridad, las obras para mitigar un poco los impactos de la contaminación por ruido. “Hay que recordarle al gerente que el estudio engavetado se hizo con recursos públicos. Es decir, echamos a la basura el estudio y pagamos por otro, y entonces de cuenta del Central Park se sigue desaguando el bolsillo de la ciudadanía”, reclama el vocero de la veeduría.
Begué, por su parte, asegura que no conoce dicho estudio y que incluso le parece raro que se adelantara algún informe de este tipo en 2018, cuando no se había puesto ninguna piedra del Central Park. Por eso, reitera, solo se podrán hacer mediciones precisas cuando comiencen las competencias.
También aseguró que las pruebas o actividades como las que se estuvieron realizando a finales del año pasado no tendrán lugar nuevamente hasta que el Central Park no esté completamente terminado y para esto faltan varias cosas: no hay barreras de protección, ni energía, ni conexiones y ni siquiera servicios sanitarios. El contrato vigente de obras irá hasta el 29 de febrero próximo y luego habrá que firmar, explica, un nuevo contrato para finalizar aspectos todavía faltantes de acuerdo al diseño original del escenario.
Contreras apunta que de cuenta de este lío por el ruido y del ocultamiento del informe por el gobierno de Luis Pérez y las posteriores negligencias para solucionar la problemática, el departamento está en riesgo de verse envuelto en varias demandas por parte de las familias afectadas, demandas de reparación directa que, aunque tardan años, podrían resolverse a su favor, teniendo en cuenta que la evidencia disponible deja mal parado al departamento. “Esto no lo van a pagar Luis Pérez, ni Aníbal Gaviria ni Andrés Julián Rendón. Va a salir del bolsillo de la gente”, recalca.
Y apunta también hacia las consecuencias que podría acarrear Bello, pues recuerda que en medio de esas volteretas y entuertos que ha tenido la obra, la Secretaría de Medio Ambiente de Bello, por concepto de la Anla, terminó como autoridad ambiental responsable por lo que, según el líder de la veeduría, un fallo en contra también pondría a Bello y sus magulladas finanzas (ha recibido multimillonarias condenas en contra recientemente por casos de La Gabriela y Aguas Claras) en serios aprietos.
Pero el ruido de los motores no el único asunto que preocupa a la veeduría ni a la ciudadanía en Bello. La Gobernación habla ahora de que sea multipropósito y que además de eventos a motor albergue otras actividades como conciertos y ferias. A todas estas, será Activa, la empresa industrial y comercial de la Gobernación, la que opere comercialmente el Central Park.
El problema que Contreras ve en ello es que, tal como está el lugar y sus alrededores, no son viables los eventos en masa, pues requieren unas garantías de accesibilidad y movilidad que no tiene. Por ejemplo, recuerda que aunque se habló hasta el cansancio de una conexión con el metro para facilitar el acceso de las personas al lugar, ya se ha dicho que no hay plata para tal proyecto. Versiones de vecinos señalan que durante una de las jornadas adelantadas a fin de año pasado, un vehículo de emergencias no pudo entrar al lugar para atender a un participante lesionado, por el lío de movilidad al ingreso. A los vecinos también les preocupa el control en el acceso al autódromo. Dicen que realmente no existen garantías de que permanecerá cerrado sin que exista actividad clandestina, particularmente en la noche, que los siga afectando.
En las próximas semanas habrá una audiencia pública en Bogotá, con congresistas de Antioquia, para abordar nuevamente el dolor de cabeza del Central Park, cuyos problemas parecen no tener fin.
